Ramón Humberto Benjamín Miranda

¿Dónde buscar?, siempre más allá de la arrogante modernidad eurocéntrica

2012-01-28T16:48:00.002-05:00

"las culturas de la mayoría de la humanidad excluidas por la modernidad (que no son ni serán posmodernas) y por la globalización... guardan una inmensa capacidad y cantidad de invenciones culturales necesarias para la sobrevivencia futura de la humanidad, para una nueva definición de la relación humanidad-naturaleza desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de relaciones interhumanas de solidaridad (no reductivamente definidas con el criterio solipsista y esquizoide del mero aumento de la tasa de ganancia)"

Enrique Dussel, en Sistema mundo y transmodernidad (disponible aquí)

Des-pensar, des-mercantilizar: des-naturalizar el capitalismo

2012-01-14T18:22:00.000-05:00

Sobre la necesidad de rescatar o producir y valorar formas diversas de comprender y relacionarse con el mundo, incluyendo desde luego las relaciones entre la diversidad de gentes y sus conocimientos negados o invisiblizados por la modernidad occidental, como parte del proceso de superar lo actual y construir alternativas sociopolíticas, escribe Boaventura de Sousa Santos:

"el pensamiento político de los cambios presupone el des-pensamiento político de todos los instrumentos teórico-analíticos que impidieron los cambios o los trivializaron. Los cambios pueden resumirse en tres conceptos transicionales: desmercantilizar, democratizar y descolonizar.

Des-mercantilizar… es el des-pensamiento de la naturalización del capitalismo. Consiste en sustraer vastos campos de actividad económica a la valorización del capital (la ley del valor): economía social, comunitaria y popular, cooperativas, control público de los recursos estratégicos y de los servicios de que depende directamente el bienestar de los ciudadanos y de las comunidades.

Significa, sobre todo, impedir que la economía de mercado extienda su ámbito hasta transformar la sociedad en una sociedad de mercado (donde todo se compra y todo se vende, incluyendo valores éticos y opciones políticas), como está sucediendo en las democracias del Estado de mercado."

pueden descargar la obra completa, muy valiosa, en cdn.gestorsutil.com/OTRAMERICA_web/48/posts/docs/0600083001310120176.pdf

¿Para qué sirve el mito del desarrollo económico?

2012-01-14T15:48:00.000-05:00

Sobre el "desarrollo", mito de referencia en el pensamiento político-económico de origen occidental dominante, hace más de 3 décadas Celso Furtado escribía:

"¿Cómo negar que esa idea (desarrollo) ha sido de gran utilidad para movilizar a los pueblos y llevarlos a aceptar enormes sacrificios, para legitimar la destrucción de formas de cultura, para explicar y hacer comprender la necesidad de destruir el mundo físico, para justificar formas de dependencia que refuerzan el carácter predatorio del sistema productivo? ... Gracias a ella ha sido posible desviar la atención de la tarea básica de identificación de las necesidades fundamentales de la colectividad".

¿Defensa de la democracia?

2012-01-14T14:02:00.001-05:00

¿PRD y Partido Panameñista forman "frente para defender la democracia"? No. Defienden sus posibilidades de acceso a la planilla y al poder del Estado, a vivir bien como parte del status quo.

Atender su llamado a los "grupos cívicos" para luchar contra el "presidencialismo exagerado" es caer en la trampa por un "presidencialismo tradicional", igual de dañino, origen de la situación actual. Prohibido olvidar.

Ver noticia en La Prensa

"BREIKIN NIUS" (pa q entienda la gringofilia local): La Tierra es plana y Martinelli reina

2011-10-23T17:37:00.001-05:00

Última hora: fuentes de entero crédito informan que este lunes será aprobada en 3 debates y promulgada en Gaceta Oficial la Ley que decreta que la Tierra es plana, producto de los últimos estudios del HD Marcos González.

Además, la propuesta de reelección no va más. En su lugar el HD Vidal García promueve una ley, con el inmenso apoyo de su colega el HD Sergio Gálvez, para decretar que el ESP Ricardo Martinelli tiene poder, sea en forma de reinado o posesión, sobre el universo.

La demora se debe a que están traduciendo "Le Petit Prince", obra de referencia que dejó en la Asamblea el exHD Panchito Reyes, porque creía que era el prólogo a "El Príncipe".

Cuestionado al respecto, el ESM Guillermo Ferrufino aseguró no saber nada. Seguiremos informando.

Intervención ante la Comisón Especial para el Estudio de la Cadena Perpetua, en representación de Alianza Ciudadana Pro Justicia

2011-10-06T21:44:00.000-05:00

Panamá, 6 de octubre de 2011

En atención a su nota de invitación del 3 de octubre de 2011 para conocer la posición de Alianza Ciudadana Pro Justicia referente a la posible aplicación en nuestro país de la pena de prisión perpetua, enviamos la versión escrita de nuestra intervención durante la sesión del miércoles 5 de octubre de 2011.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia es una red de 20 organizaciones ciudadanas cuya finalidad más importante es promover la reforma judicial y participar activamente en el debate sobre los problemas de la administración de justicia en Panamá.

Sobre el aumento de penas. El aumento en la frecuencia y visibilidad de los delitos en el país ha recibido como respuesta institucional durante los últimos años: ampliación del catálogo de delitos y de los delitos sancionables con prisión, aumento en el monto de las penas incluyendo la duración máxima de la pena privativa de libertad, disminución en la edad de imputabilidad y reducción de garantías al imputado, tanto en la legislación penal general como en la ley de responsabilidad penal juvenil. Se trata como vemos, de un enfoque reactivo y represivo.

Necesitamos saber cuáles han sido los resultados de aproximadamente 10 años de dominio de los enfoques de mano dura en el país, particularmente, si ya conocemos los resultados de la última modificación a la ley penal, que establece el máximo de la sanción privativa de libertad en 30 años, hasta 50 años en caso de concurso de delitos, para podernos explicar la necesidad y conveniencia de la actual propuesta de prisión perpetua.

Sobre los fines de la pena. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del Código Penal, la pena tiene funciones de prevención general, retribución justa y reinserción social.

Si nuestro objetivo declarado es reducir el problema de la criminalidad, ¿dónde queda la dimensión preventiva con la prisión perpetua?, ¿dónde quedan las posibilidades de reinserción de la persona que ahora se supone permanecerá hasta su muerte en prisión?, más aun, ¿cuáles son las experiencias o estudios que demuestren que un nuevo aumento de penas es útil para atender adecuadamente el problema?

Además, el enfoque en la retribución por la violación de una conducta declarada punible por las instituciones del Estado, ¿garantiza una efectiva reparación del daño y la satisfacción de los intereses de la víctima?, ¿o solamente refuerza la imagen de poder del Estado, la cultura del odio y la venganza como forma de convivencia, y el miedo como método de control?

Sobre la ausencia de una política criminal. Es decir, una respuesta institucional y sistemática del Estado a las distintas formas de conflicto interindividual que alcanzan trascendencia social por afectar bienes jurídicos (vida, libertad, propiedad, seguridad colectiva, etc.) considerados de importancia superior para la convivencia dentro del grupo, con el objetivo de reducir la comisión de delitos y su impunidad, y que por lo tanto incluye la definición de aquello que se considera delito en la sociedad y las formas de abordar el problema, la investigación continua sobre los factores individuales y sociales que lo originan y explican, las instituciones competentes, sus funciones y las conexiones con la política social y actores no estatales, las medidas y sanciones aplicables así como el objetivo de las mismas, el énfasis dado a la prevención, represión o rehabilitación, los sistemas de evaluación de resultados de la política criminal, entre otros aspectos.

En Panamá no existe un proceso de investigación sistemática y permanente sobre el conflicto social incorporado por el Estado en el diseño y evaluación de una política criminal que atienda el problema de la criminalidad en su integralidad y complejidad.

El artículo 2 del Código Penal dice que tal norma tipificará conductas y comportamientos cuya incriminación sea indispensable para la protección de bienes y valores significativos de acuerdo con una política criminal, que lamentablemente no existe.

Sobre el populismo punitivo. Las últimas reformas a la ley penal, incluyendo la propuesta actual de prisión perpetua y la anterior propuesta de pena de muerte, atienden más a la exposición del delito en los medios y la reacción de la ciudadanía que al estudio científico del problema. Son coyunturales, casuísticas, y no han proporcionado resultados positivos para el manejo de la criminalidad.

Han sido manifestaciones de populismo punitivo: responder de manera simplista con criterios de rentabilidad política a un reclamo social producto de un problema complejo, apelando a las emociones y a la tiranía de un “sentido común” que supuestamente avala el aumento de penas como elemento de disuasión, sin sustento científico ni argumentación seria sobre la utilidad de la propuesta.

Necesitamos conocer los estudios que orientan la propuesta, dónde dice que esta es la respuesta institucional adecuada entre otras posibles, dentro de una política criminal que atienda integralmente los factores de criminalidad. Esta y otras propuestas podrán gozar de popularidad, mas no de eficacia, salvo para privar de libertad a un número indeterminado de personas por un tiempo indeterminado, aumentando el problema de hacinamiento en el sistema penitenciario.

La ley penal no puede quedar atrapada en el cálculo de votos por circuito, minutos de propaganda en los medios, o convertirse en diversión al público antes que debate público. La ley penal, con todo lo que implica sobre los derechos de las personas, no debemos permitir que sea una forma de ganar simpatías, obtener apoyos, complaciendo emociones, haciendo política irresponsablemente.

Sobre la injusticia en la administración de justicia. Coincidimos en la necesidad de sancionar algunas conductas perjudiciales a la convivencia en sociedad, pero nos preguntamos ¿cuándo van a aumentarse las penas a los delitos contra el orden económico y contra la administración pública?, ¿hasta cuándo se van a decretar fácilmente medidas cautelares y sanciones privativas de libertad para una clase de delitos, mientras se exige una malinterpretada prueba sumaria para el inicio de la investigación en otros?

En este caso, ¿cuáles son los delitos que contemplarían la prisión perpetua como sanción?, ¿cuáles son los sectores sociales que cometen o se les persigue por la comisión de tales delitos?, y sobre todo, ¿por qué esos delitos merecen prisión perpetua y otros no, en base a cuáles argumentos?, ¿cómo se justifica esta desigualdad en la aplicación del peso de la ley sobre delitos, más allá de explicarla por la mayor posibilidad que tienen las autoridades y otros sujetos con poder para incurrir en tales conductas e influir en el proceso de formación de las leyes?

En este punto es necesario recordar el principio de no discriminación, reconocido a nivel constitucional que prohibe fueros o privilegios, cuyo desarrollo y aplicación en el ámbito penal seguramente sería positivo, constructivo socialmente, y un enorme paso hacia delante en el verdadero combate contra el problema de la criminalidad en toda la extensión de la palabra.

Sobre el fin de las autoridades legislativas. La labor legislativa de expedir las leyes necesarias para el desarrollo de los principios y el cumplimiento de los fines y funciones declaradas en la Constitución, ¿cómo se realiza efectivamente en los temas señalados mediante la actual propuesta, y en relación con la razón de ser de las autoridades del país: la protección de la vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, con la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley?

Acompañamos a las víctimas en su dolor y compartimos la preocupación por el alto número de homicidios, femicidios, delitos contra la integridad sexual y la seguridad colectiva en contra de personas o grupos vulnerables, entre otros crímenes. Igualmente nos preocupan las denuncias de delitos contra la administración pública y contra el orden económico que cometen otros sectores sociales, sin que encuentren la misma reacción en nuestras autoridades. Hacemos un llamado por la atención a las víctimas, pero sobre todo a desarrollar políticas públicas que procuren evitar que cualquier persona se convierta en una víctima. Esa es la responsabilidad de las autoridades.

Reiteramos la necesidad de políticas sociales preventivas, integrales, junto a mejoras en el sistema de administración de justicia que asegure tanto la sanción como la reparación justa a las víctimas, y la adecuación del sistema penitenciario a sus fines de seguridad, rehabilitación y defensa social para cerrar el ciclo de reincidencia.

Finalmente, necesitamos insistir que el objetivo de nuestras acciones es contribuir en el logro de soluciones al problema de la la inseguridad, la criminalidad y la violencia en Panamá, lo que exige adoptar una visión que, sin excluir el castigo al infractor, vaya más allá de la reacción irracional a lo inmediato.

Por ello saludamos la seriedad del debate realizado e invitamos a ampliar las consultas e investigaciones, como mecanismo democrático a profundizar para alejarse de posiciones e intereses de contenido estrictamente político que buscan distraer a la opinión pública o imponer falsas soluciones, amparándose en el número de votos obtenidos, en la representatividad supuestamente asumida, en la repetición de lugares comunes del imaginario social sobre el delito y el delincuente, en las apelaciones emocionales de amor al pueblo y odio de clase malinterpretado, en la política del miedo, en la generalización de casos específicos, en la necesidad de hacer “algo” sea lo que sea, sin seriedad alguna, y en las descalificaciones al saber y la opinión diferente, sin fundamentarse en el ejercicio y aplicación de la razón, característica de esencia en el ser humano que lo diferencia del resto de los seres vivos, para encontrar soluciones reales a los problemas de la vida humana en general y al problema concreto de la criminalidad que afecta a todos los habitantes del país.

DECLARACIÓN DEL FORO ALTERNATIVO SOBRE CAMBIO CLIMATICO

2011-10-02T00:13:00.003-05:00

Panamá, 2 de octubre de 2011

Miembros de comunidades y organizaciones sociales campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes, académicos, estudiantes, mujeres, de la región mesoamericana, reunida en ocasión del Foro Alternativo sobre Cambio Climático, realizado en la ciudad de Panamá, del 1 al 2 de octubre de 2011

Considerando:

1. Que la crisis del cambio climático, generada por la industria y agroindustria contaminante de los países industrializados, el uso de combustibles fósiles, es una realidad y sus efectos son palpables en todo el planeta, especialmente en los pueblos con menos responsabilidad en la existencia de las causas del cambio climático.

2. Que los pueblos del mundo nos movilizamos en la búsqueda de alternativas ante la indiferencia de los gobiernos con las necesidades de los pueblos. Que tal exclusión plantea un fuerte cuestionamiento al principio de representatividad, pues en tal condición los Estados no representan a sus poblaciones, ni podrán representarlos mientras siga el colonialismo interno de los pueblos diversos que viven dentro de las fronteras de los Estados y la subordinación a los intereses de los poderes públicos de los Estados a los centros de poder político, económico y militar: las corporaciones transnacionales e Instituciones Financieras (Banco Mundial y Fondo Monetario).

3. Que las conversaciones oficiales en el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático, desarrolladas del 1 al 7 de octubre en ciudad de Panamá, a pesar de ser pagadas con los dineros de los Estados que son fruto del trabajo de sus pueblos, se realizan de manera cerrada, excluyente y antidemocrática.

4. Que el carácter antidemocrático de la Conferencia sobre Cambio Climático bloquea las posibilidades de diálogo entre saberes y la participación de las víctimas para encontrar soluciones reales al problema global del cambio climático, limitando las opciones a acciones que no solucionan el problema por no atender las causas políticas, económicas y culturales del mismo.

5. Que la Conferencia sobre Cambio Climático reduce el problema a una escogencia de opciones de mitigación, adaptación y financiamiento presentadas en lenguajes no accesibles para la mayoría de las personas, en un ambiente burocratizado y tecnocrático, bajo un falso discurso ambientalista pero con una racionalidad estrictamente economicista en la toma de decisiones, encadenados a las asimetrías de poder de la “comunidad internacional”, sin considerar la justicia de las opciones y el sistema de pensamiento político y económico del cual surgen.

6. Que como habitantes del planeta, hijos de la Madre Tierra, tenemos el deber de cuestionar, debatir y proponer sobre este tema de importancia superior para la humanidad en el planeta.

Declaramos:

1. Los procesos económicos promovidos desde el sistema capitalista depredador y contaminante se basa en violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, pescadores artesanales y un número cada vez mayor de personas, a través del despojo y la explotación en proyectos extractivos, energéticos o actividades innecesarias o improductivas destinadas al lucro y la satisfacción de los deseos de una minoría de la humanidad, con consecuencias ecológicas que también atentan contra los derechos humanos de las víctimas.

2. Una de estas consecuencias es la crisis climática que nos reúne, a partir de la cual se quieren imponer bajo el discurso de desarrollo, falsas soluciones a los pueblos, como los mercados de carbono, “mecanismos de desarrollo limpio”, REDD entre otros, basada en la misma lógica de lucro, especulación, acaparamiento de bienes comunes y explotación de las mayorías.

3. Entre las consecuencias de la actividad económica orientada bajo la lógica dominante de lucro, competencia y crecimiento económico, y la crisis climática que ésta ha generado, están la deforestación, pérdida de la capacidad productiva de la tierra, inundaciones, sequías, alteraciones en las temperaturas y en los patrones de las estaciones seca y lluviosa, pérdida de cosechas necesarias para la alimentación y uso de alimentos para otros fines, contaminación química y biológica de los alimentos, pérdida de ingresos familiares y comunitarios, desnutrición que provoca bajo rendimiento académico, pérdidas de plantas medicinales y árboles para construir hogares y medios de transporte necesarios y armoniosos con la naturaleza, derretimiento de hielos polares, aumento en el nivel de los mares, sobreexplotación y extinción de especies animales y vegetales de tierras y aguas que constituyen la base alimenticia de pueblos, encarecimiento de precios, aumento de la contaminación, disminución de caudales de ríos, plagas y enfermedades, y en general una disminución en las condiciones de vida de los pueblos.

4. Estas consecuencias afectan a toda la humanidad, sin distinción de clase social, etnia, lugar de residencia, genero, ideología, o cualquier otra señal de diferencia, pero impacta con especial crudeza en los grupos humanos tradicionalmente más explotados: indígenas, afrodescendientes, campesinos, pobres urbanos, mujeres, migrantes, niños y niñas, incluyendo las generaciones futuras de seres humanos.

5. Los gobiernos así como los organismos internacionales, no responden a las necesidades de los habitantes de los Estados, ni defienden sus intereses, no los educan como sujetos con derechos sino como factores de producción y consumidores, individuos indiferentes, sometidos, sin espacios de creación, no defienden nuestra libertad, nuestros derechos, la tierra y la soberanía alimentaría de los pueblos más que la libertad de la empresa capitalista, los derechos de las sociedades anónimas, el acaparamiento de bienes comunes y la seguridad jurídica de los inversionistas. No nos informan, no nos consultan, no nos respetan, no nos representan.

6. El deterioro o destrucción de la naturaleza, esencia de la vida, empobrece la relación con la Madre Tierra, debilita visiones y conocimientos ancestrales de los pueblos, ocultos o negados por la llamada modernidad occidental, capaces de brindar respuestas reales para enfrentar la crisis climática.

Proponemos:

1. Reconocer a la Madre Tierra como fuente única de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de equilibrio entre todos y con todo, complementariedad, solidaridad, y equidad, bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos respetando los derechos de la Madre Tierra, reconocimiento de la dignidad humana y respeto a los derechos humanos, eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo, paz y justicia entre los pueblos y con la Madre Tierra.

2. Pensar el desarrollo y realizar las acciones tendientes al mismo, lejos del paradigma del crecimiento económico y la competencia entre países y personas, apegados al paradigma de la economía solidaria, buen vivir, del bienestar y realización integral del ser humano en armonía con la comunidad y la naturaleza. En tal sentido, rechazamos el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos contaminantes y no orientados según los principios antes mencionados.

3. Pensar la política como la necesidad de construir democracia real para atender efectivamente los problemas de la comunidad, y la democracia como la participación de las personas y los pueblos, la cual es imposible sin la realización de todos los derechos individuales y colectivos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, respetando los derechos de la Madre Tierra que es la base de toda posibilidad humana.

4. Construir democracia mediante la promoción de la participación y el desarrollo de mecanismos para tal fin, exigiendo el uso y efectividad de aquellos existentes para que la población decida en distintas escalas territoriales sobre distintos temas de su interés, mediante el conocimiento y la defensa de los derechos humanos y las leyes, la difusión de información a las comunidades, el uso y/o creación de medios de comunicación, el fortalecimiento de las autonomías, la autogestión, la educación, la organización y coordinación entre movimientos comunitarios, sociales, de la sociedad civil y otros enfoques afines a los principios expresados en esta declaración.

5. Desarrollar programas de agricultura orgánica, urbana y familiar, métodos tradicionales de producción, agroturismo, inventarios y bancos de semillas nativas, revitalizar la producción ancestral, rescate y defensa de las tierras, aguas y territorios, redes de apoyo e intercambio justo de productos sanos y conocimientos entre comunidades y pequeños productores, sistematización y difusión de experiencias exitosas, participación ciudadana y política desde y para la atención y solución de los problemas de las comunidades, considerando especialmente a mujeres, niños, niñas, jóvenes adultos mayores.

6. Exigir políticas, legislaciones y prácticas ambientales para el manejo ecológico de bienes marinos y costeros, protección del agua, ríos y bosques, manejo de desechos, acceso a la información, consulta y participación ciudadana, educación, justicia social y defensoría ambiental, derechos humanos y equidad de género.

7. Rechazar las falsas soluciones al cambio climático, las conferencias cerradas sobre temas que afectan a toda la humanidad, los mecanismos antidemocráticos de decisión en los gobiernos y organismos internacionales, las políticas de libre comercio, el otorgamiento de concesiones para megaproyectos extractivos y energéticos sin interés comunitario que prolongan el despojo y culminan en desplazamientos forzados, y el uso de transgénicos, agrotóxicos y plaguicidas que contaminan y alteran la naturaleza incluyendo al ser humano.

8. Promover y defender programas de soberanía alimentaria, en los que todas las personas y grupos humanos en su diversidad cultural, definen y organizan sus fuentes y modelos de producción de alimentos para acceder a los mismos de manera sostenida, suficiente, segura, solidaria y generalizada, mediante el uso de semillas propias, bienes comunes como agua y tierra, trabajo colectivo y formas tradicionales transmitidas libremente, respetuosas de la tierra, la naturaleza y los derechos de las demás personas, produciendo lo necesario con autosuficiencia, sin contaminación ni restricciones comerciales.

9. Exigimos a los gobiernos que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de derechos humanos en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los gobiernos a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre los territorios indígenas y campesinos, tierras y bienes naturales en las mismas, para posibilitar y fortalecer formas tradicionales de vida y continuar contribuyendo a la solución del cambio climático.

Las soluciones a la crisis climática se encuentran en la actividad cotidiana de las familias, comunidades y pueblos. No se encuentran en grandes discursos y vocabularios incomprensibles que ocultan la realidad de sus causas y efectos promoviéndolos con nombres distintos para seguir haciendo lo mismo sin resolver nada.

Convocamos a apoyar de manera organizada y pacífica, las distintas movilizaciones en el país y la región en conmemoración del 12 de octubre, por la memoria y el futuro, por la soberanía alimentaria y contra la visión neoliberal en la política y por la superación del sistema capitalista.

Convocamos a participar en la semana de Acción Global contra la Deuda Financiera y Ecológica y las instituciones financieras internacionales (Banco Internacional de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial del 8 al 16 de octubre.

Convocamos a apoyar de manera organizada y pacífica las actividades de comunidades y organizaciones el 16 de octubre, día internacional de la soberanía alimentaría, en defensa de las semillas nativas y la Madre Tierra.

Convocamos a realizar de manera organizada y pacífica, jornadas de acciones de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), que se realizará en Brasil del 4 al 6 de junio de 2012.

Exigimos a los gobiernos respeto a nuestras voces y vidas durante la realización de nuestras movilizaciones, actividades y acciones, es la única forma de garantizar el carácter organizado y pacífico de las mismas.

En ocasión del derrumbe de la Torre de la Verguenza

2011-09-25T00:42:00.002-05:00

Foto de Aris Rodríguez

Hoy celebramos la caída del proyecto inmobiliario insignia y homenaje al despojo y la especulación, la Torre de la Vergüenza. Estamos conscientes que se trata de un episodio.

Hemos actuado en todo este tiempo contra el despojo, que en la ciudad de Panamá se hace contra nuestros espacios colectivos, desde parques, edificios, conjuntos monumentales con valor histórico y playas, con el único objetivo de hacer dinero levantando (o acostando) monstruos de concreto como la Torre Financiera o la Cinta Costera, por ejemplo.

En las provincias y comarcas hacen lo mismo, para arrebatarle a la Tierra (es decir a todas y todos, los que estuvieron, los que estamos y los que estarán) el agua que es para la vida, para sacar de la tierra oro y cobre, por ejemplo, con el único objetivo de hacer dinero, cueste lo que cueste.

El desalojo de la población local en nombre de mitos como el desarrollo, el progreso o el interés nacional proclamado por politiqueros de todo signo y bandera, ocurre en todos los casos, ya sea en El Chorrillo o en las riberas del río Changuinola.

Pongamos las cosas en su lugar: nuestro patrimonio histórico y ecológico nacional no es el capital de un puñado de familias entremezcladas que se creen dueñas de un país. Entendemos, porque hemos sido formados dentro de su sistema educativo, la visión que les hace creer que la historia es de ellos porque sus libros dicen que ellos hicieron la historia, que los intereses de la nación casualmente coinciden con sus intereses, que según ellos y sus libros, ellos hicieron la nación. Pero no es así, aunque millones de hojas reproduzcan la mentira, Aunque así lo decreten con sus leyes arbitrarias: ni la historia es de ustedes, ni lo nuestro es suyo.

No defendemos un edificio, ni la imagen de un hombre: defendimos y seguimos defendiendo espacios para nuevos significados. Defendemos nuestro patrimonio en el proceso de mantener nuestra memoria histórica, nuestros vínculos con el pasado como cimiento de un puente al futuro, en el proceso de hacer un Estado distinto al actual desde sus raíces hasta la última de sus hojas, que reconozca nuestras historias, nuestra diversidad como pueblo de pueblos.

Lo hicimos y lo seguimos haciendo. Cometiendo errores y resistiendo. No nos hemos quedando tirando luces y líneas desde el aire acondicionado y las mesas de café, esperando las condiciones objetivas y subjetivas, hablando de relaciones de producción y lucha de clases con expertos y consultores. Tampoco hemos hablado ni callado convenientemente, lo que hemos hecho, ha sido hecho por principios, porque creemos y queremos lo que hacemos.

Tenemos que ser capaces de ver en toda su extensión el potencial de los vínculos que nos unen para hacer algo distinto, para construir otro país, realmente democrático, en el cual la participación de los igualmente diferentes realmente cuente. No queremos, no podemos darnos el lujo, de seguir perdiendo el tiempo para quitar un gobernante hoy y poner otro mañana que haga, como ya han hecho, lo mismo.

Paisano mío, panameño, paisana mía, nacidos dentro o fuera de nuestro territorio que nos han acompañado, nosotros no hemos dicho sí, ni hemos guardado silencio, cuando necesitamos no. Damos gracias a todas las personas que han participado en esta lucha. Seguimos.

Presentación de "Fuegos de Barrio y Arado", de Luis Calvo, Premio Gustavo Batista Cedeño 2011

2011-09-22T21:32:00.000-05:00

Gracias a todos los presentes y a Luis Calvo, por su obra y por invitarme a realizar su presentación dentro de este Ars Amandi 2011.

Es la primera obra completa que conozco de Luis, ya antes conocía algunos de sus labores poéticas. De hecho nos conocimos tratando de hacer poesía en un programa de formación política en el que dudamos mucho de la mitad de las cosas que nos dijeron, y en la otra mitad creemos muy poco. Puede ser porque ambos, como otros compañeros, no creemos. Pensamos, recordamos y sentimos, pero no creemos.

Aunque quisiéramos creer “que hubiese algo más allá… de verás… pero todo señala que el aquí y el ahora… nada más”, verso que puede aplicar tanto a la preocupación del más allá como a la ocupación del más aquí, ante la realidad en que vivimos.

Y decía que tratábamos de hacer poesía en ese espacio porque la poesía no está solamente entre el papel y la tinta, o en la pantalla de algún aparato, sino que puede encontrarse en todos lados, comunicando algo, y el proceso de plasmarlo por escrito es tan solo una parte de la vida.

En tal sentido, me gusta la obra –y no puedo decir más que me gusta porque primero, leo poesía pero no soy “especialista” en la materia, y aunque lo fuera no quisiera emitir un juicio que se pretenda definitivo- porque no necesita dividirse para hablar de lo individual y lo colectivo, de la inserción del individuo en la vida de todos como cuando aparece “la vida entre renglones” del autor describiendo todo lo que es la calle “a las cinco”, de las tristezas que todos experimentamos, de las angustias y esperanzas que produce la reflexión sobre los temas sociales, locales, nacionales, regionales y globales, de los miedos que nos inyectan “desde la cuna a la tumba/ como para caminar siempre de puntillas”, de la democracia –la de aquellos- que en su nombre empapa las paredes con sangre del pueblo, en Changuinola, en Honduras, o en tantos otros sitios con “uniformes camuflados de odio/ repartiendo orden ciego” que obligan a reconocer que para ser dueños de nuestra historia, la “historia se escribirá con el fuego/ surgido del barrio y el arado” o nunca será nuestra historia.

En particular, me identifico con los poemas “Definitivamente, estoy amargado”/lanzando espumas filosas/ y blasfemias ateas”… ya imaginarán porque digo que me identifico los que me conocen, pero sabrán realmente porque lo digo quienes en realidad me conocen, y “Mal día”/espero inútilmente a mi amada/ encajonado frente a un monitor,… no pude leer a Gramsci/ y mi trabajo se tuvo que resignar/ a mejores domingos”, cuántos malos días pasamos encajonados frente a un monitor, perdiendo la vida porque “de algo hay que vivir”.

Me gusta porque tiene la elegancia válida y profunda que solamente permite la sencillez, el contacto con la tierra y la gente. Porque no se adorna en palabreríos para decir que es poesía porque suena bonito aunque no diga absolutamente nada “versos/ que no conocen de sudores comunes/ ni dolores cotidianos… poesía ajena que conquista/ pero que no tiene ojos”.

Quizás por eso no llegue a ser un éxito de ventas en el mercado local, que dicen no está preparado para cosas mejores –ojala lo sea, aunque estoy seguro que no fue escrito con ese fin, lo que le haca ganar aun más valor a la obra- pero pienso que definitivamente sí será recordado y formará parte de la historia de quienes tengan la buena suerte de leer Fuegos de barrio y arado.

¿Pena de muerte?

2011-08-04T20:12:00.002-05:00

El tiempo nos ha dado la razón. La esencia de la política criminal y de seguridad en el período pos invasión ha consistido en el aumento de penas y en la criminalización de sectores sociales: pobres, jóvenes, barrios populares, trabajadores. Como era de esperarse, los índices delictivos mantienen la tendencia al alza, a pesar de las comunicaciones que surgen de la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad para decir lo contrario.

La propuesta de anteproyecto de ley presentada por el diputado Marcos González para establecer en Panamá la pena de muerte mantiene la misma línea de enfocar síntomas para no atender las causas. Se inserta en el imaginario de soluciones a la fuerza transmitido por políticos irresponsables para aparentar hacer algo frente a la criminalidad, aunque no sean propuestas con sustento lógico y científico. Es otra manifestación de una cultura machista y antidemocrática que pretende resolver a gritos, puños y balas los problemas sociales. Esta línea de pensamiento nos llevaría a pensar después de su eventual aprobación y la más que segura ausencia de resultados, que el siguiente paso sería legalizar la tortura.

El impacto mediático de la propuesta acaricia el oído de la población acostumbrada, aunque su proponente sabe que es inconstitucional y que no debería salir con vida del proceso legislativo, no debería ser sancionada por el Ejecutivo, ni resistiría el examen sobre su constitucionalidad. El artículo 30 de la actual Constitución prohibe la pena de muerte. Además, no hay sitio en el mundo en que tal castigo haya reducido los niveles de criminalidad, por lo que más de 30 países la han abolido en los últimos 10 años. Una minoría de países aun la mantiene.

Los activistas de derechos humanos acompañan a las víctimas en su dolor y comparten la preocupación por el alto número de homicidios, femicidios, delitos contra la integridad sexual y la seguridad colectiva en contra de personas o grupos vulnerables. También manifiestan preocupación por las constantes denuncias de delitos contra la administración pública y contra el orden económico que cometen otros sectores sociales, sin encontrar el mismo eco e indignación en nuestras autoridades.

Los activistas de derechos humanos han venido por años insistiendo en la necesidad de políticas sociales preventivas, integrales, junto a la necesidad de mejorar todo el sistema de administración de justicia que asegure tanto la sanción como la reparación justa a las víctimas, y la adecuación del sistema penitenciario a sus fines de seguridad, rehabilitación y defensa social para cerrar el ciclo de reincidencia.

Los activistas de derechos humanos no desatienden a las víctimas, muy por el contrario, procuran evitar que cualquier persona se convierta en una. Pero no definen las políticas públicas que podrían tener tales efectos. Eso es responsabilidad de los gobernantes, que no escuchan, no consultan, no quieren que nadie participe. Encuentran electoralmente más rentable hacerse los machos y traducir en votos el sufrimiento de las víctimas al desarrollar la política de miedo.

El fracaso reiterado de la pena de muerte y las políticas exclusivamente represivas durante todo el tiempo en que han sido aplicadas, la desigual aplicación de la ley sobre distintos sectores sociales, la débil independencia de las instituciones judiciales y su uso para fines personales y políticos, junto al carácter irreparable de la pena de muerte, en efecto, nos da la razón para estar en su contra.

Panorama 2014 (hasta el momento...)

2011-07-30T18:06:00.001-05:00

Nuestros partidos políticos debaten responsablemente la agenda política del país...

2011-07-22T18:50:00.004-05:00

haga clic en la imagen si quiere padecerla "como dios manda"

Patrimonio Histórico: entre la irresponsabilidad y la incoherencia

2011-05-27T17:23:00.004-05:00

Publicado en La Prensa

La directora de Patrimonio Histórico solicita a quienes proponen el uso del espacio público para objetivos de bienestar ciudadano, que protesten con la verdad. Plantea que los argumentos sobre afectaciones al patrimonio histórico en el Hospital Santo Tomás (HST) son falsos, porque la intervención se reduciría a la habilitación de estacionamientos soterrados en el área de los jardines, que volverían a su estado original.

Sin embargo, los planos indican que una de las dos torres se levanta sobre el lote de parque del HST adyacente a la antigua Embajada de Estados Unidos, y mientras no se descubra la forma de construir en el aire, son evidentes los efectos en los terrenos que forman parte del patrimonio del hospital y patrimonio histórico por ley desde 1986.

Además, existen declaraciones del principal promotor inmobiliario de la obra, Alberto Vallarino –quien en sus ratos libres ocupa la cartera de Economía y Finanzas– aceptando que el proyecto podría “moverse” al lote de la antigua embajada, es decir, que en efecto y según los planos, la innecesaria torre financiera afecta los terrenos del HST.

Sobre su actuación, la licenciada argumenta que la resolución que otorga visto bueno y aprobación a la propuesta del arquitecto Ignacio Mallol se obtuvo según el procedimiento establecido en la ley. Podría ser una obra maestra en tal sentido, aunque algunos miembros de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos señalan no haber tenido conocimiento de convocatoria, consulta ni pronunciamiento alguno sobre el proyecto, tal como exige el procedimiento legal.

Sin embargo. la ley no es solo forma, sino –y sobre todo– fondo, y las leyes del Inac, de Patrimonio Histórico, del HST, tienen por esencia una finalidad que parcialmente corresponde cumplir y hacer cumplir a su despacho. En el caso, hay suficientes señales para ver una interpretación errónea de las normas pertinentes, o la aplicación indebida de una norma que no guarda relación con el tema, incluso, una posible desviación de poder.

No menos importante, la argumentación usada en la resolución es absurda: supone que la secular irresponsabilidad de quienes por ley son responsables de inventariar, custodiar, conservar, proteger, administrar el patrimonio, que ha permitido el deterioro el patrimonio, justifica otra intervención, de unas características que por ninguno de sus ángulos visibles rescata el valor patrimonial de los terrenos e instalaciones del HST.

El conflicto, coyuntural, podría verse como superficial, como una lucha por un edificio, por un terreno, mas no es así: son bienes que componen parte de la memoria e identidad del país, terrenos que deben ser usados para fines de bienestar público y no de lucro individual.

El fondo del debate está en las prioridades de uso de estos bienes, del uso del tiempo y el salario de los servidores públicos, sobre el destino de los recursos de todos y sobre la forma de gobierno, opaca, sin consulta, al estilo “es así porque yo lo digo” que todos los gobiernos han practicado.

Sólo un momento para los derechos humanos

2011-05-23T17:32:00.002-05:00

Publicado en Otramérica, Rebelión y Revista Amauta

Del 16 al 19 de mayo se realizó en Panamá el 43° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No deja de ser un acontecimiento relevante para la diversidad de personas que desde distintos ángulos se relacionan con el tema. Se realizaron tres audiencias, dos contra Argentina y una contra El Salvador, sobre debido proceso y desapariciones forzadas, vinculadas a las violaciones de otros derechos.

Para la memoria queda el miserable argumento centrado en el monto de las reparaciones por daños materiales realizado por el Estado argentino contra la víctima María Leontina Millacura Llaipen, quien manifestó la esperanza de ver regresar con vida a su hijo Iván Eladio Torres, chileno residente en Argentina, desaparecido en manos de la Policía hace 8 años, en plena “democracia” y al mejor estilo de la dictadura, como su único motivo para llevar el caso Torres vs Argentina al sistema interamericano, ante la falta de respuesta de la jurisdicción interna.

Señalaron los representantes del Estado, el impresentable señor Salgado y sus asistentes, el problema de no haber podido arribar a una solución amistosa con la madre de Iván, como si en alguna lógica que no sufra de una irreparable enfermedad mental, fuera posible negociar con una madre la vida de un hijo.

Posiblemente al señor Salgado, sus jefes y colaboradores, les resulte accesible tal idea, considerando la elevada carga de sadismo en el caso: diversas autoridades argentinas, desde la provincia hasta el gobierno central, oficiales de policía, funcionarios judiciales e incluso desde las más altas instancias administrativas, han facilitado fotos del hijo, visiblemente demacrado, al tiempo que le dicen a la madre que no se preocupe, porque su hijo está vivo, sin decirle dónde, ni en qué condiciones, ni por qué se le priva su libertad.

En lo académico, además de las audiencias, el último día fue dedicado a un seminario sobre responsabilidad internacional del Estado y los desarrollos jurisprudenciales en materia de libertad e integridad personal, derechos humanos de los pueblos indígenas y reparaciones.

En lo político, fue una oportunidad para que el gobierno de Ricardo Martinelli, a través de la Cancillería y la Corte Suprema de Justicia -desviando o pretendiendo desviar la atención prestada a constantes casos de corrupción, uso del poder para beneficio personal, incompetencia, violaciones a derechos fundamentales y vinculaciones con la delincuencia organizada transnacional- ofreciera una imagen de interés en los derechos humanos.

Pero… un momento, porque esa imagen se contradice con la realidad de todas las víctimas de la represión en Changuinola de julio de 2010, sin ojos, sin vista, enfermos, sin trabajo, sin vida, quienes aún esperan que se investiguen las responsabilidades -desde el Presidente, el ministro de Seguridad, la ministra de Trabajo, el director de la Policía Nacional y otros funcionarios de menor poder- para que se sancione a los culpables, se haga justicia y se repare al menos aquello que se pueda reparar, y no se repita. Mientras, las víctimas siguen condenadas a recibir acrobacias benéficas de un gobierno que pretende compensar el abuso con la limosna.

Un momento, porque en Panamá, siguiendo lo que ya es parte de una cultura oficial antisindical del Estado practicada por todos los gobiernos, se destituyen trabajadores por tener la osadía de pretende formar un sindicato. Porque presentan los documentos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Trabajo, siendo rechazados, no sin previamente ser despedidos por la empresa, quedando en la más absoluta indefensión. Pero, ¿quién dirige el Ministerio? Alma Cortés, abogada del presidente, de Cambio Democrático -el partido del presidente-, de las empresas del presidente, en las cuales no se permitió la formación de sindicatos.

El 'ejemplo' hondureño

Un momento, porque Martinelli acaba de agradecer a Roberto Micheletti “todo lo que hizo por Honduras” pretendiendo haber acertado cuando “apoyamos al pueblo hondureño y apoyamos a la hermana República de Honduras”. Pero es que el respeto a los derechos humanos no va de la mano con la represión, con los homicidios selectivos, la tortura, el hostigamiento y la persecución de dirigentes, activistas, militantes, sean campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos, educadores, o contra sus familiares,

Los derechos humanos no se conjugan con la impunidad y la ruptura de un frágil estado de derecho y el orden constitucional, contra la libertad de aspirar a algo mejor y construirlo que tiene el pueblo hondureño, todo lo cual sí vino de la mano de las hordas representadas en la figura de Roberto Micheletti y todos los demás autores y actores del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, todo lo cual se mantiene hasta el día de hoy con el gobierno de Pepe Lobo.

Un momento, porque Martinelli acaba de decir que María del Pilar Hurtado no se va, que el asilo otorgado a la ex directora del DAS (la central de inteligencia colombiana), se mantiene a pesar de los cargos formulados por concierto para delinquir y otros delitos, y la -tardía- solicitud de detención emitida por la fiscalía general colombiana a raíz de la realización de escuchas ilegales dentro de la política de “seguridad democrática” durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Asilo a una violadora de DDHH

Al respecto, uno de los defensores de oficio del gobierno panameño, Pedro Sittón, argumentaba en un programa de radio local contra quienes piden la revocatoria del asilo, que el debate es extemporáneo porque el asilo ya está otorgado, que además de ser un derecho de la beneficiada, su otorgamiento es un ejercicio de la soberanía del Estado y que en la eventualidad de revocarse, Hurtado tiene el derecho a no ser devuelta a Colombia.

Es decir, la capacidad profesional dedicada al ejercicio rastrero de buscar el mínimo atajo funcional al poder y la discrecionalidad administrativa sobrepasando los límites del cinismo. El señor Sittón no puede evitar contradecirse al decir que es extemporáneo un debate actual con sujetos vivos, hechos en desarrollo y efectos posibles, porque se balancea sin vergüenza en la doctrina para saltar sin asco desde los derechos humanos, hasta esconderse en el principio de soberanía y de vuelta a los derechos humanos, sin el menor rigor -como ya es costumbre en Panamá- con el único objetivo de forzar una débil -insostenible- defensa a la acción política que sostenga el marco de impunidad.

No puede evitar contradecirse porque sabe que el derecho de asilo y la garantía de no devolución se fundamenta en la existencia de persecución y grave amenaza para la vida, integridad, libertad u otros derechos, que no aplica para órdenes judiciales por delitos comunes, mucho menos para involucrados por ordenar, autorizar, realizar, apoyar o consentir la realización de crímenes de derecho internacional como aquellos delitos de lesa humanidad establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, muchos de ellos presentes en el desarrollo del conflicto colombiano, y que basado en el principio de jurisdicción universal el Estado panameño tiene la obligación de extraditar, o si decide no hacerlo, tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los culpables de acuerdo a la ley penal panameña (desde la reforma del 2008, el Estado panameño tipificó los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos dentro de su ordenamiento penal, dotando de competencia a sus tribunales penales).

En fin, no puede evitar contradecirse porque sabe que la señora María del Pilar Hurtado no corre peligro en Colombia, por el contrario, contribuyó a poner en peligro a un sinnúmero de colombianos y colombianas, y el mal uso de la figura del asilo es únicamente un obstáculo a la acción de la justicia colombiana, en otras palabras, convierte -nuevamente- a Panamá en la perfecta casa de retiro para delincuentes de trascendencia política.

Colombia se sigue desangrando, y poco parece importarle al gobierno del Estado panameño los espionajes, las escuchas ilegales, la prueba ilícita, los derechos humanos de líderes comunitarios, indígenas, sindicales, políticos, de los falsos positivos, despojados, desplazados, de la ciudadanía del vecino país.

Para el gobierno panameño no hay más derecho humano que el derecho de Álvaro Uribe a perseguir supuestos objetivos de seguridad nacional mediante la violación de derechos humanos, el derecho a ocultarse del sol de una funcionaria acusada de delitos graves, el derecho de los funcionarios de Martinelli para desafiar la lógica y el sentido de las leyes, y el derecho de Martinelli a usar las prerrogativas de la soberanía para serle fiel a su correligionario y socio Uribe.

La 'eficiencia' del sistema

Sobre el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, uno de los expositores, al ser cuestionado sobre la ejecutabilidad de las sentencias, señaló lo ya conocido, que los Estados generalmente cumplen con las reparaciones económicas y algunas dirigidas a la memoria de las víctimas, no así aquellas que buscan investigación de los hechos, sanción a los responsables, justicia, ni hablar de aquellas que buscan garantías de no repetición, es decir, en general se mantiene un marco de impunidad por la ausencia de medios de fuerza para el cumplimiento de la sentencia, la falta de interés y voluntad de los encargados del gobierno por hacer justicia, por la amenaza siempre latente de la reacción militar en defensa de sus colegas torturadores y sus asociados civiles -hijos en su mayoría de las aulas de la Escuela de Las Américas y las tardes de cócteles en la embajada de los Estados Unidos de América- y la absoluta discrecionalidad en los mecanismos de presión política dentro de la Organización de Estados Americanos.

Es decir, que la Corte se tiene que limitar a su mandato, a la supervisión de la sentencia, sometida a la buena fe y voluntad política de los Estados, es decir, a la moral de los violadores de derechos humanos, al cálculo de quienes ejercen el gobierno. Terminaba señalando que no solamente a la Corte le corresponde -aunque para eso existe- hacer cumplir las sentencias, sino a la “sociedad civil” de los países.

Volvemos por lo tanto al origen, que es la movilización social la que define los resultados y el desarrollo del derecho. Por lo tanto, la esperanza general por un mundo mejor y la utilidad específica de la sesión de la Corte Interamericana dentro de esa perspectiva, en lo social más que en lo académico -que como sabemos, sirve por igual a quienes arriesgan la vida defendiendo a la víctima que a seres lamentables como los señores Salgado y Sittón, últimos escalones del ecosistema perverso de defensa de lo indefendible- está en la voluntad de los operadores jurídicos internos para utilizar los conocimientos y adecuar su criterio y conducta al objetivo de defensa de la dignidad humana en su más amplio sentido, en la decisión que puedan tomar para abandonar la ridícula “enseñanza” ética de las facultades de derecho que ordena neutralidad y recomienda no involucrarse en las causas, como si la ley fuera efectivamente neutral en su origen y siempre conducente a la justicia en su aplicación, como si la interpretación pudiera reducirse a una regla de tres simple, como si toda persona fuera sólo cliente, y todo cliente tuviera razón, como si todo asunto jurídico fuera una transacción de compraventa de toronjas por dinero.

En fin, que la siempre temporal definición de este choque entre la concepción presente en el derecho internacional de los derechos humanos por un lado, con todas sus limitaciones como expresión de una cultura jurídica occidental dominante, así como todo el potencial de liberación y diálogo intercultural que posee, y la dictadura de las normas del mercado y del Estado por el otro –este último como instrumento del poder local y el mercado global- no está en los órganos judiciales, internos, regionales o “universales”, sino en la capacidad de articular y desarrollar el discurso de los derechos humanos en una práctica política -entendiendo la política en sentido amplio, como atención, posición, solución y acción ante los problemas de la colectividad, de manera permanente, amplia, incluyente- que comprenda como una de sus partes todo el proceso y la práctica jurídica de las organizaciones de sociedad civil y de la organización autónoma de comunidades y organizaciones populares, todos actores -algunos en mayor amplitud y profundidad que otros, y por qué no decirlo, algunos solamente de palabra y otros también en la realidad- de la rebelión globalizada, creciente, insurgente, contrahegemónica, de las diversidades, dirigidas a avanzar en la solución de las contradicciones sociales, que sabido es, por correspondencia con las verdades históricas, no se resuelven más con la promulgación de una ley que con la acción política, en la variante e intensidad que las condiciones definan como posibles y necesarias

El guerrillero, hoy

2011-05-15T09:59:00.003-05:00

Publicado en La Estrella de Panamá y Otramérica.

Bajo la sombra de Victoriano Lorenzo murió una patria y se levantó un mito. Meses después de su asesinato se resolvía que la “independencia era absolutamente indispensable para llegar a la meta de la felicidad”. Se reclamaba que los “grandes e incesantes agravios… en vez de ser atendidos…se agravan con persistencia y ceguedad” y en respuesta al centralismo se decidía que era “el momento de desatar vínculos” que producían infelicidad, “contrariando y haciendo completamente nugatorios los fines de la sociedad política”.

No se trata de creer en el discurso político, pero allí está, demostrando que el proyecto de organización social ejecutado desde entonces tiene consecuencias tan distintas para grupos tan diversos de la población panameña, que el discurso en alguna medida podría ser repetido por quienes siguen en las luchas contra el conservadurismo con disfraz liberal, nacionalista o progresista, ignoradas por todos los gobiernos, utilizadas por todas las oposiciones.

Como hace más de un siglo, el grupo humano del cual formó parte Victoriano Lorenzo y las clases sociales a él vinculadas, siguen aspirando al objetivo de la felicidad, a que los agravios sean atendidos y no agravados ciega y persistentemente. Se hace sentir en la defensa de las tierras y aguas, porque son la vida que le arrebataron, lucha por condiciones dignas de trabajo y una distribución justa de esfuerzos y bienestar para sus descendientes, se moviliza por educación permanente y de calidad, camina entre los que siguen buscando autonomía para poder existir como pueblos.

El final del guerrillero nos advierte la necesidad de autonomía en la organización de las comunidades indígenas y campesinas, así como de los sectores populares, afectados por políticas de despojo. Porque nadie puede representar mejor los intereses que el directamente interesado en su relación con gobiernos y otros sectores como sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, representantes de la ciudad acomodada que nunca salvarán al campo, la comarca y el suburbio, y si hoy los considera es en la medida que se han manifestado y a la fuerza abren y exigen espacios de participación en defensa de sus derechos.

Esa autonomía debe extenderse a la lucha política, desde lo local, y por la transformación del valor de lo regional frente al poder central dentro de la organización y administración del territorio del Estado. Aunque parezca una necesidad para obtener algunos resultados inmediatos, no conviene incorporarse a la lucha política subordinados a fuerzas políticas tradicionales, centralizadas alrededor de la ciudad de Panamá y las áreas funcionales al país transitista, tampoco con alternativas que no entiendan esa necesidad de transformación de la estructura del Estado como fundamental en un proceso liberador.

En el primer caso, tales estructuras absorben y reflejan reclamaciones, pero como parte del sistema de poder no tienen interés ni capacidad de responder adecuadamente, truncando posibilidades a mediano y largo plazo. En el segundo caso, los cambios necesarios no son sólo de nombres y siglas, ni el despojo es más o menos aceptable según la orientación ideológica, declarada o real, negada o aceptada, de quien la alegue o la practique. El discurso alrededor de la idea de un Estado todopoderoso, hasta el momento compartido por todos estos actores del sistema político, sirve de articulador de las políticas actuales de despojo sobre los sectores cíclicamente despojados desde 1903, desde 1821, desde 1501.

Segundo, morir en la pelea, peleando, es suficiente motivo para recordar al guerrillero y buscar guía en su ejemplo. Hace años ya que en este país, la práctica política se conduce entre la negación de fines trascendentes y la negociación de los principios -cuando se han tenido- y se limita a la obtención del poder gubernamental para beneficio de círculos cercanos, prefiriendo complacer embajadas y gremios empresariales antes que consultar comunidades y ciudadanía. Victoriano nos da el honor de tener en nuestras filas uno de esos escasos ejemplos del único liderazgo que sirve, de una sola cara y comprometido hasta la muerte con su gente y sus aspiraciones.

La libertad y el orgullo de un país no se construyen sometiendo a quienes tienen visiones diferentes, como quienes hoy continúan luchando y aspirando a su felicidad. Es tiempo para derribar un mito y construir una patria, que no es únicamente crecimiento económico, sino humanidad.

Minería en Mesoamérica: la dirección del 'cambio' en Panamá

2011-04-30T09:39:00.004-05:00

Publicado en Otramérica

(Nota aclaratoria: al momento de redactar el artículo, el gobierno de Ricardo Martinelli había introducido reformas a la legislación minera, que fueron derogadas producto de la presión popular, principalmente las movilizaciones indígenas. Hasta el momento se mantiene un "diálogo" entre una subcomisión legislativa y los opositores a la reforma minera, pero la intención gubernamental de explotar la minería metálica y por tanto la esencia del artículo, se mantienen intactas)

I. El cambio

Si por un instante escogemos apelar a la ingenuidad, la entrada en vigencia de las reformas al Código de Recursos Minerales en Panamá demuestra desconocimiento de las experiencias regionales en la materia. Si dejamos la ingenuidad a un lado, intereses muy concretos quedan en evidencia, y no precisamente "los intereses del pueblo primero", fórmula insistentemente repetida desde los días de campaña hasta hoy por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y sus seguidores.

Los gobiernos de El Salvador y Costa Rica se han manifestado o actuado en oposición a la minería. Junto a Guatemala, se encuentran envueltos en litigios emblemáticos con trasnacionales canadienses en tribunales nacionales e internacionales.

En Costa Rica, luego de extensas jornadas de movilización y debate público sobre el tema, se encuentra vigente una moratoria indefinida a la minería metálica de oro a cielo abierto, y en general a las industrias extractivas, reiterando una agenda ambiental y un modelo de desarrollo. El decreto fue firmado por la actual presidenta a las pocas horas de asumir el cargo en mayo del 2010.

En el caso panameño, el eje de “Ambiente y Recursos Naturales” del plan de gobierno de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela señalaba que

“La deforestación es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país (…) ocasionando degradación de suelos, erosión y sedimentación en quebradas y ríos, pérdida de biodiversidad, disminución de caudales de agua, aumento de temperaturas y de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático (…) la principal causa de la deforestación es la ganadería extensiva y el cambio de uso de suelo para producción de subsistencia, además de otros como la colonización, los desarrollos portuarios, industriales, urbanística, turística y la minería metálica a cielo abierto. Es necesario impulsar acciones de conservación y manejo sostenible de nuestros bosques naturales ya que de ellos depende la provisión de agua, biodiversidad, clima y otros.”

A primera vista pareciera que el cambio fue tanto que se cambió a si mismo. Pensando mejor, se confirma que nada ha cambiado.

II. ¿Hacia dónde?

Las experiencias recientes en el tema minero no son positivas a nivel regional. En Costa Rica, prosigue el debate judicial sobre el proyecto minero en Las Crucitas, concesión otorgada cerca del río San Juan en la frontera con Nicaragua a la empresa Industrias Infinito S.A. (subsidiaria de la canadiense Infinito Gold Ltd.) y activada mediante un decreto de “interés público y conveniencia nacional” por el gobierno de Oscar Arias.

Hasta el año pasado se hablaba de la posibilidad de rescindir el contrato, apoyada en un fallo de la Sala Constitucional y condicionada al pago de una indemnización estimada en $1,700,000,000 (la inversión declarada por la compañía es de $127,000,000).

Las obras se encuentran paralizadas luego de un fallo a fines del 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo que anula la concesión y el decreto por notorias ilegalidades en el otorgamiento de permisos, ordenando a la empresa y al Estado reparar los daños ambientales, sentencia recurrida en casación ante la Corte Suprema por la empresa (el 17 de enero de 2011), empleados, instituciones públicas, organismos privados y supuestos afectados.

El Salvador se encuentra en un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial, interpuesto por la compañía minera canadiense Pacific Rim Mining Corp. por el supuesto incumplimiento de la habilitación en los permisos de exploración para el proyecto minero El Dorado, luego de que el Estado salvadoreño evaluara como insatisfactorio el estudio de impacto ambiental.

La acción de la compañía, por un monto de 77 millones de dólares, está amparada en las cláusulas de incentivo a la inversión extranjera del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). La compañía tiene sede en Vancouver y la subsidiaria que opera la mina El Dorado tenía sede en Islas Caimán, pero fue trasladada al estado de Nevada con la única intención de demandar a El Salvador bajo los términos del tratado.

Es decir, el destino de una suma considerable de recursos de la población salvadoreña se decide en Washington y no en El Salvador como resultado de mezclar minería, tratados de libre comercio y otras ficciones jurídicas, en un país donde el 20% de la población no está alfabetizada, el 30% vive por debajo de los (muy cuestionables) índices de pobreza y 7 de cada 10 familias sobreviven gracias a las remesas de millones de emigrantes.

En Guatemala, la empresa Montana Exploradora de Guatemala (GoldCorp S.A.), también canadiense, ocupa ilegalmente las tierras de comunidades mayas y continúa la explotación a pesar de existir una solicitud al Estado guatemalteco de medidas cautelares (MC 260-07), otorgada el 20 mayo de 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de 18 comunidades mayas afectadas en su vida, integridad, bienes y ambiente, que ordena la suspensión de las operaciones de la Mina Marlin, realizar acciones dirigidas a prevenir la contaminación ambiental, descontaminar las fuentes de agua, garantizar el acceso a agua potable en cantidad y calidad suficientes, y a proveer programas de salud contra las consecuencias de la contaminación sobre las personas y el ambiente, entre otras medidas.

Los argumentos a favor de la explotación minera aprovechan las condiciones de desigualdad, exclusión, pobreza, desempleo y explotación del trabajador que pesan sobre las zonas indígenas y campesinas dentro de los Estados de la región. Basan sus campañas en discursos de progreso, desarrollo, calidad de vida y minería responsable, pero es imposible encontrar ejemplos de comunidades locales en los que la actividad minera haya generado bienestar integral y sostenible. Abundan, eso sí, los nuevos conflictos durante y después del período de vida de los proyectos, que abonan a los ya existentes antes de los mismos. ¿En eso consistía el cambio?

La discusión sobre las reformas a la ley minera en Panamá giró en torno a los aspectos ambientales, los derechos de los pueblos originarios y (contradictoriamente) la soberanía del Estado panameño sobre la tierra y los recursos mineros por parte de la oposición al proyecto; y el enfoque económico, de aumento de ingresos por cánones, multas, regalías y criterios de “competividad” por parte de los promotores: la Cámara Minera, el Ministerio de Comercio e Industrias, y en general, todo el Órgano Ejecutivo a través de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional de Diputados. Otros acercamientos al conflicto fueron utilizados superficialmente o no se tomaron en consideración, al menos en el debate público.

Considerando que el conflicto por el tema minero es una manifestación de contradicciones en la sociedad panameña que rebasa lo coyuntural, los argumentos e implicaciones económicas y ecológicas, el enfoque de derechos humanos y el aspecto político e ideológico, presentes en el debate o implícitos en el mismo, serán tratados en próximas entregas, contrastados con otras experiencias de la industria minera en el continente latinoamericano.

Breve testimonio de los últimos días en Panamá (por ahora) de Paco Gómez Nadal y Pilar Chato

2011-02-28T17:32:00.008-05:00

Aproximadamente a las 1:30 de la tarde de hoy, lunes 28 de febrero de 2011, los ciudadanos españoles Pilar Chato y Paco Gómez Nadal dejaban su residencia en Clayton, ciudad de Panamá, con dirección al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde a las 4:40 de la tarde tomarían un avión con destino a Costa Rica y de allí, hacia España, luego de ser fuertemente presionados para firmar una repatriación “voluntaria”.

No hay nada voluntario en la salida de Paco y Pilar de Panamá, como quieren hacer ver algunos comentaristas adeptos al gobernante de turno. En realidad les dieron 2 opciones: firmar la repatriación e irse hoy, o esperar el procedimiento de deportación, sin ninguna garantía, privados de su libertad, con el mismo resultado de deportación y un impedimento de entrada al país por mayor tiempo, ya que la orden de expulsarlos provenía directamente del Ejecutivo.

Su detención y posterior deportación no tienen fundamentos legales, no se respetaron las libertades democráticas ni las garantías constitucionales. Todo el proceso, desde su origen hasta este momento ha tenido un carácter político, y existían serias amenazas a la integridad física e incluso la vida de los compañeros.

En tales condiciones, como se puede ver, nada se ha realizado por la voluntad de Paco y Pilar, sino por los intereses políticos y económicos, la intolerancia y el capricho de Ricardo Martinelli Berrocal, presidente del país.

En la tarde del sábado 26 de febrero nos encontrábamos en el Casco Antiguo de Panamá realizando una colecta de apoyo al Congreso Ngäbe Buglé próximo a celebrarse cuando Paco recibió una llamada de los compañeros en la Plaza 5 de Mayo que protestaban solidariamente por la represión que se había desatado en la región occidental del país contra los manifestantes, indígenas y campesinos en su mayoría, en contra de las intenciones de explotación minera a cielo abierto.

Como periodistas, activistas de derechos humanos y finalmente como seres humanos conscientes, ambos compañeros salieron cámara en mano hacia el sitio de la protesta. El gobierno ha inventado el cargo de “instigador”, pero mal puede instigar quien recibe la llamada para cubrir un evento. Ha presentado como "evidencia" un video de la seguridad de la Asamblea Nacional de Diputados que solamente muestra la presencia de ambos y su intento de mediar ante el acoso de la Policía Nacional a una dirigente indígena.

Todo el país sabe que Ricardo Martinelli tenía hace meses la intención de expulsarlos del país a causa de los artículos de opinión del columnista de La Prensa, y en esta ocasión, previa campaña de desinformación, intolerancia, odio y chauvinismo en programas como “La Palabra” de la gobernadora Omaira “Mayín” Correa y “Haciendo Radio” de “Lucho” Pimentel y “Toñín” Cabezas, con colaboradores como el exdiputado Javier Tejeira, entre otros, y mediante la manipulación de instituciones, logró su objetivo. Por ahora.

Hoy los extranjeros son repatriados por opinar y ser solidarios con las luchas del pueblo panameño. Es un mensaje claro. ¿Quién sigue? ¿Exiliados, perseguidos, ejecutados, como en los mejores tiempos de Noriega, siguiendo la tradición de las amistades políticas del presidente, como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, o el presidente hondureño Porfirio Lobo, impuesto a un pueblo a punta de golpes de Estado, represión y muerte?

De los acuerdos de Changuinola al supuesto acuerdo entre gobierno y "autoridades comarcales" sobre el tema minero

2011-02-22T09:46:00.000-05:00

Recordemos. El 11 de julio de 2010 se anunciaba la firma de los acuerdos de Changuinola (ver nota de Presidencia en http://www.presidencia.gob.pa/ver_nodo.php?cod=1566) que establecía puntos para terminar los enfrentamientos en esa ciudad a raíz de la aprobación de la Ley 30. Decían así:

1- Se acuerda postergar por medio de la Asamblea Nacional de Diputados, la vigencia de los artículos 12,13 y 14 de la Ley 30 del 2010, hasta que se llegue a un acuerdo en un diálogo nacional que se implementará al más corto tiempo posible sobre esta ley, con un periodo de 90 días a partir de la firma del presente acuerdo.

2- A su vez el Gobierno se compromete a discutir y establecer una política bananera nacional, e implementar una fórmula social para ayudar a resolver el alto costo de la vida en la provincia de Bocas del Toro en relación al resto del país.

3- Las partes de este acuerdo, autoridades nacionales y provinciales, comunidad, trabajadores y demás involucrados se comprometen a mantener un clima de paz y de entendimiento hacia el futuro, con el ánimo de buscar un consenso en el diálogo nacional y que todos trabajemos en paz y tranquilidad en la provincia de Bocas del Toro, bajo el compromiso que las dificultades que se presenten con motivo del problema que se ha dado en esta provincia, se resuelva mediante el diálogo.

Las preguntas obligadas son: ¿a qué condujo el show de diálogo en la Ciudad de Panamá? A la suplantación de actores: casi todos menos el pueblo movilizado y las víctimas de la masacre de Changuinola participaron en una serie de reuniones en las cuales la Ley 30 resultó desmembrada, pero integralmente viva en nuevas normas, que mantienen la impunidad a las unidades de la Policía Nacional y debilitan aun más las normas de protección ambiental. Sobre investigaciones, justicia, responsabilidades e indemnizaciones justas, nadie se acordó en ese diálogo.

¿Se estableció o estamos camino a establecer una política bananera nacional? ¿Se ha resuelto o estamos camino a resolver el alto costo de la vida en Bocas del Toro?, hasta las preguntas son necias.

Lo que en efecto se logró fue un clima de (suficiente) "paz y entendimiento", "consenso en el diálogo", "paz y tranquilidad", es decir, desmovilización de los actores, confusión y hasta complicidad de algunos otros, con el resultado de imposición de la violencia estatal y el despojo de derechos ya conocido.

En la tarde de ayer (21 de febrero de 2011) se anuncia un acuerdo entre "autoridades comarcales" y representantes del Ejecutivo para resolver el conflicto por el tema minero en los siguientes términos:

1- Elaborar un Decreto que reconozca el contenido del comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación del Estado el 13 de febrero de 2011, el cual establecía lo siguiente: "El Gobierno Nacional hace de conocimiento público y, en especial, a los habitantes de la comarca Ngäbe Bugle (atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes), de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas".

Pero el problema no es de Cerro Colorado únicamente, ni de las comarcas. Este nivel de comprensión del problema como algo sistémico y el compromiso de lucha como un tema general y no particular ha sido manifestado por la dirigencia indígena.

Al manifestarse así ha evitado que la ciudadanía consciente caiga en la trampa del divisionismo: el problema ambiental y de derechos humanos no es exclusivo de las comarcas, como las políticas económicas productivas nacionales y el problema del alto costo de la vida no son exclusivos de la provincia de Bocas del Toro o la ciudad de Changuinola y sus cercanías. Por tanto no cabe una relación gobierno-sector, en donde el sector se encuentre sólo y siempre en una posición desventajosa dentro de la relación de poder.

2- Conformar una Comisión de Alto Nivel integrada por las autoridades tradicionales de la Comarca Ngäbe Bugle y las autoridades del Gobierno Nacional con el propósito de definir el marco general de un "Programa Social para el desarrollo de la Comarca Ngäbe Bugle", al cual darán seguimiento los titulares de las carteras de Salud, Trabajo, Obras Públicas, Educación, Vivienda y Desarrollo Social, bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno.

3- Celebrar un Consejo de Gabinete en la Comarca Ngäbe Bugle, donde los titulares de las carteras respectivas presenten los planes de acción específicos para el “Programa Social para el desarrollo de la Comarca Ngäbe Bugle” para los años 2011 al 2014, debidamente consensuado entre las partes.

Los puntos 2 y 3 forman parte del mismo discurso: ¿Tendrá el anunciado programa social el mismo destino que la anunciada política bananera nacional y la "fórmula" para reducir el alto costo de la vida en Changuinola, igual que los anuncios de todos los anteriores gobiernos sobre inversión social no solamente en las comarcas y áreas indígenas, sino en todo el país? ¿qué podría hacernos pensar lo contrario?

A ésto y al anuncio del Consejo de Gabinete en la comarca se suma el anuncio de visita del presidente Ricardo Martinelli "donde conversará y escuchará directamente a todos los panameños residentes en ese sector para reforzar el compromiso de llevar desarrollo al lugar" (ver nota en http://www.presidencia.gob.pa/noticia-presidente-numero-2297.html).

Más show, presidencialismo, mesianismo. Los presidentes han vivido, no solamente visitado, en la ciudad de Panamá por más de un siglo, y no por eso se han solucionado los problemas de los sectores urbanos excluidos. Comprendamos de una vez por todas, que no es un hombre o una mujer, ni vivo ni muerto (atención "torrijistas" y "arnulfistas"), la solución mágica o religiosa a los problemas de un pueblo.

Como bien se dice, sólo el pueblo salva al pueblo... pero sólo si se pasa de la consigna vacía a tomarse en serio y por todas las vías esa responsabilidad de salvarse.

4- Las partes signatarias de este Acuerdo, se comprometen a mantener un clima de paz y tranquilidad en la Comarca Ngäbe Bugle, bajo el compromiso de que las dificultades que puedan presentarse en cualesquiera de los puntos de este Acuerdo, serán resueltas mediante el mecanismo del diálogo.

Con similar redacción e idéntico objetivo al último punto de los acuerdos de Changuinola, pretende desmovilizar las manifestaciones que han tenido mayor fuerza en los sectores con mayor presencia indígena.

La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé ha desconocido rápidamente el acuerdo, mantiene el llamado a la jornada de movilización desde este jueves 24, y reitera el rechazo y desconocimiento a Rogelio Moreno, quien ha negociado y firmado los "acuerdos" con el gobierno, como falso representante de los pueblos originarios en lucha (ver nota en http://ulippanama.blogspot.com/2011/02/dirigencia-ngabe-desmiente-acuerdo-con.html)

Educación y Estado de Derecho

2010-12-02T23:30:00.001-05:00

(Presentación en la Conferencia Educación y Derechos Humanos, realizada el 30 de noviembre de 2010, en ocasión de las actividades por el Día del Maestro, de la Asociación de Educadores Veragüenses-AEVe)

I. ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS

1. El Estado de Derecho es una constante del discurso jurídico político, como el concepto de democracia, derechos humanos, entre otros.

2. Son conceptos de la ciencia social, caracterizada como toda ciencia por la posibilidad de equivocación y corrección en la búsqueda del conocimiento más objetivo posible de un fenómeno, dentro de la subjetividad social del trabajador.

3. Cabe discutir los conceptos, sobre la base de argumentos fundados en la razón, mediante un diálogo de saberes y visiones del mundo.

4. El Estado de Derecho es una idea, un elemento del discurso, del cual no cabe por tanto plantearse su existencia en términos absolutos, sino el problema de su realización a partir de lo que entendamos por el concepto, para verificar avances y retrocesos en la vigencia efectiva de los derechos ciudadanos que dan contenido real a una democracia. También hay que recordar que no existe Estado de Derecho en sí, sino individuos en diferentes instancias interpretando las normas de acuerdo a ciertos criterios, que llegan a ser considerados como ley.

5. Es un producto del imaginario liberal que surge en oposición al poder absoluto, caracterizado por la ausencia de libertades, concentración de poder e irresponsabilidad del Estado por la actuación de sus funcionarios, que en términos simples plantea

en sentido mínimo e histórico, supone la existencia de ley escrita y pública, promulgada por la autoridad competente, para regular eventos de la vida social, con aplicación a los hechos posteriores a su existencia, de manera transparente, por las instituciones correspondientes.
limitación de la actividad gubernamental a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca.
por ende la reivindicación de una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entendiendo como tales según la doctrina dominante los derechos civiles y políticos.

6. Panamá se proclama oficialmente como un Estado de Derecho en el Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá: el poder público es ejercido por el Estado conforme lo establecido en la constitución, por medio de los 3 órganos, (…) las autoridades están instituidas para (…) asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. te el Artículo 18 de la misma norma: Los servidores públicos son responsables por infracción de la Constitución y la ley, extralimitación u omisión en el ejercicio de funciones.

7. Desde la perspectiva constitucional se habla del desarrollo histórico del Estado de Derecho, desde el modelo liberal constitucional (formal, sobre derechos civiles y políticos, declarado insuficiente), democrático (sufragio universal, partidos políticos, procesos electorales, mecanismos de control sobre el poder), el Estado social (derechos laborales, limitaciones a la propiedad privada, intervención en la producción), de bienestar (prestación de servicios públicos) establecido en el siglo XX como mecanismos de contención de movimientos de transformación social, y se puede hablar de uno cultural (desarrollos constitucionales recientes en Suramérica). Podemos hablar también de un Estado de Derecho neoliberal, aunque no configurado a nivel constitucional sino en lo concreto, que enfatiza el marco de seguridad jurídica a la propiedad privada y libertad para los capitales, desregulación y flexibilización de sectores estratégicos para abrir los servicios sociales, el trabajo y los recursos naturales y culturales a la lógica de mercado, con la consecuencia de agudizar las desigualdades estructurales, los niveles de exclusión social, la negación de ciudadanía y la posibilidad de desarrollo democrático.

8. El conflicto con el Estado neoliberal está en el énfasis regulador y represivo y la anulación de posibilidades emancipatorias, en que los derechos humanos, todos, se concretan (o no) por la capacidad de acceder económicamente a la satisfacción de necesidades dentro del sistema de libre mercado, por tanto su aplicación conduce a la negación en la práctica de derechos fundamentales.

9. Desde una perspectiva del sistema legal, se distingue entre Estado de Derecho:

Por existencia de la Ley, sin embargo cualquier sistema autoritario tiene una ley, incluso a nivel constitucional.
Por origen de la Ley, pero el procedimiento y origen puede ser correcto, y violentar derechos fundamentales.
Por aplicación de la Ley, aunque la observancia de la ley solamente garantiza la existencia de las relaciones de poder reflejadas en la norma y no necesariamente algún valor positivo.
Por contenido de la Ley, pero los derechos pueden ser reconocidos en el derecho positivo, pero no existir en la vida social.

10. Por tanto, no todo imperio de la ley es un Estado de Derecho.

11. Una definición muy básica de derecho, una entre tantas posibles, lo define como el conjunto de principios y normas, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Cualquier concepto de derecho va a relacionarse con la producción y mantenimiento de un orden del sistema social, estabilidad en las relaciones dentro de tal sistema, es decir seguridad: ciudadana, social, nacional, humana, de las inversiones, entre otras.

12. Sociológicamente podemos dividir el derecho en 2 dimensiones según sus fines y resultados: regulatoria (por ejemplo el derecho corporativo transnacional) y emancipatoria (derecho internacional de los derechos humanos, aún considerando su acento moderno, occidental, eurocéntrico, necesitado de reformulaciones desde nuevas realidades) enfatizando siempre el carácter del derecho como producto social, ideológico, político, por lo que “la manera en que el potencial del derecho evoluciona, ya sea hacia la regulación o hacia la emancipación, no tiene nada que ver con la autonomía o reflexividad propia del derecho, sino con la movilización política de las fuerzas sociales que compiten entre sí (De Sousa Santos)”.

13. El problema de “qué derecho” conduce a la respuesta: derechos fundamentales, lo que no resuelve sino que traslada el problema al plantear qué es un derecho fundamental, o qué hace fundamental un derecho.

14. La doctrina liberal dominante habla de los derechos civiles y políticos, lo cual se refleja en las diferencias en la protección de los derechos, mucho menores cuando se refieren a los derechos económicos sociales y culturales, entre ellos el derecho a la educación. En este punto se encuentra el problema de su carácter programático, la realización progresiva de derechos, no exigibilidad, no justiciabilidad.

15. Nuestra tesis es que incluso en términos de derechos civiles y políticos, Panamá puede denominarse un Estado Constitucional de Derecho (requisito meramente formal, la existencia de una norma reconocida como superior en el sistema legal), una democracia política (caracterización estrictamente formal en el sentido minimalista de la democracia, es decir, realización periódica de elecciones), a su vez (esta democracia) restringida a opciones políticas dentro de un mismo marco ideológico, con graves deficiencias en el imperio de la ley y el respeto a los derechos tanto de minorías y/o mayorías.

16. Panamá, en sentido contrario a la reiterada presencia en el discurso jurídico y político de los conceptos, no es un Estado Democrático, un Estado de Derecho pleno, una democracia plena. Se podrá argumentar que ningún Estado en el globo lo es, que todos los Estados presentan deficiencias, que tales ideas permiten orientar acciones hacia un perfeccionamiento constante de la realidad, pero vale resaltar que enfocamos la dimensión de las carencias a partir de concepciones minimalistas de democracia y Estado de Derecho.

17. Nuestra tesis parte de la premisa que el individuo forma parte de una comunidad no solamente para asegurarse frente a otros, es decir, para tener limitaciones, sino para recibir beneficios de su participación en la comunidad.

18. Que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales configura un estado de cosas que aparte de beneficiar per se al individuo, le permite participar de sus derechos civiles y políticos en una relación de igualdad, o por lo menos, menor desigualdad, respecto a quienes dominan la estructura económica y política de la sociedad.

19. Que el derecho a la educación es reconocido doctrinalmente como derecho fundamental, principalmente en un grupo humano (niñas, niños y adolescentes) que requieren atenciones especiales por sus condiciones específicas. Además es reconocido su papel en la realización de otros derechos.

20. Que el sistema legal no es solamente un conjunto de normas, sino un verdadero sistema que vincula instituciones y ciudadanos por una red de derechos y obligaciones correspondientes, facultades y responsabilidades, un sistema único, sobre el cual no tiene sentido lógico aplicar diferencias en la aplicación del derecho, y que el argumento económico (falta de recursos) no es suficiente al ver los indicadores de actividad económica y realizar comparaciones con otros países de características similares y resultados superiores en términos de realización de derechos, ciudadanía, democracia, Estado de derecho, conceptos profundamente relacionados unos con otros. Es decir, que el problema no está en la ausencia de recursos, en la producción, sino en la sobreexplotación y desigualdad en la distribución. Por lo tanto, solamente cabe la justificación ideológica a tal situación, el cálculo político sobre la ventaja económica.

21. Un Estado de derecho que solamente garantiza las libertades políticas formalmente reconocidas, necesarias pero insuficientes, los cuales solamente una mínima porción de la población tiene las capacidades de ejercerlos cabalmente, (cada día más restringidas por la realidad social y por la normativa), que ni siquiera garantiza los derechos civiles, mal puede llamarse Estado de derecho.

22. Que un Estado de derecho, democrático, se tiene que calificar en relación a todos los derechos humanos, de acuerdo al principio de indivisibilidad, interdependencia, integralidad de esta doctrina. Buscamos entonces la aplicación real o vigencia efectiva de leyes justas generadas legítimamente.

23. Una aclaración: nuestra visión sobre los derechos humanos parte del auto reconocimiento como entes materiales de un sistema social inserto en el ecosistema global; por lo tanto comprendemos como condición necesaria la protección de los derechos de la naturaleza como bien universal sobre el cual se desarrollan los procesos económicos, sociales y culturales, reconociéndose derechos relacionados, los cuales a su vez son condiciones imprescindibles para la realización efectiva de los derechos y libertades civiles y políticos, requisitos de una democracia sustancial y profunda. Esta inversión doctrinal proviene de una ubicación en la realidad material del ser humano y no se traduce en un intento de jerarquización entre derechos ni pretende priorizar, aunque efectivamente identifica bases y fundamentos materiales a todo el edificio teórico de los derechos humanos.

24. Si la idea de Estado de Derecho tiene determinado origen ideológico y político, que se ha mostrado insuficiente, entonces podemos descartarlo, condenarlo, olvidarlo, o desarrollarlo, ampliarlo, profundizarlo, como concepto en sí, frente al poder arbitrario y sin limitaciones.

II. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO

Breve preámbulo necesario: la visión de la educación

en los planes estratégicos de gobierno

25. En la Visión Estratégica de Desarrollo y Empleo hacia el 2009, marco de las políticas públicas durante el gobierno PRD-PP del quinquenio 2004-2009, educación y salud se presentan como instrumento orientado al crecimiento económico, la productividad, la competitividad, es decir se le ve estrictamente desde la economía, expresando una visión de la sociedad y el papel del ser humano. Finalmente, también se le considera medio de generar “mejores ciudadanos”.

26. El Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014 es la hoja de ruta de la acción de gobierno en busca del objetivo general de lograr un crecimiento económico sostenido presentado por la alianza CD-Panameñista-Molirena-UP, como condición previa y necesaria al bienestar social. Habla de la calificación y especialización de la mano de obra con énfasis en los motores de crecimiento económico: turismo, agricultura para la exportación, servicios off shore, salud privada, servicios marítimos y sedes de empresas multinacionales.

27. Respecto a este último documento vale la pena resaltar un punto: reconoce el crecimiento económico de las últimas décadas señalando que el mismo no ha sido acompañado de capacitación a los trabajadores, con el resultado de “salarios relativamente altos (Ej., B/.312.00 al mes en manufactura, comparado con B/.217.00 al mes en Colombia y B/.134.00 al mes en China)” en un nivel normal de tasa de desempleo (6.2% en 2008).

28. Estas palabras se pueden traducir entonces, que la principal fuerza productiva (la comunidad) ha sustentado a pesar de las deficiencias reales señaladas al sistema educativo (las que sin embargo, no se encuentran únicamente a lo interno del mismo, ni siquiera principalmente), un crecimiento económico considerable que no se ha traducido en mejores condiciones de vida, y que por el contrario el sector empresarial, a pesar del incremento en sus ganancias y la pérdida de peso de los salarios en el conjunto de la economía nacional, considera que el pago que ofrece por la fuerza de trabajo es comparativamente alta, y propone transformaciones a la educación desde la óptica del capital y no los derechos humanos, para obtener mayores ganancias con el discurso de lograr bienestar a través del crecimiento, tesis del derrame la cual ha sido reiteradamente demostrada como falsa, totalmente asumida por el actual gobierno.

Derechos humanos dentro del sistema educativo: educación (estudiantes),

derechos laborales (docentes) y medio de realización de otros derechos (comunidad).

29. Derechos laborales: la crítica al desmejoramiento de las condiciones de trabajo docente hasta niveles “inaceptablemente bajos”, el derecho de los docentes a la organización, la negociación colectiva y a un pago justo, son considerados como parte fundamental el derecho a la educación en los desarrollos doctrinales. Los estándares mínimos en materia de derechos de los trabajadores son el derecho de sindicación, negociación colectiva y la huelga, desarrollados junto a temas como participación, jornada, salario, seguridad social, estabilidad, no discriminación y respeto a la dignidad humana.

30. En cuanto a la actividad gremial, se debe profundizar el paso de una conciencia reivindicativa, centrada en lo económico, hacia una conciencia de transformación de la sociedad, que incluye pero no se concentra en la anterior, ampliando la comprensión del proceso educativo en relación a todos los sujetos de la comunidad.

31. Derecho a la educación: se encuentra en estrecha relación con los derechos del niño, sin limitar su carácter universal, siendo desarrollado en distintos cuerpos de la normativa internacional de derechos humanos a partir de los siguientes principios:

universalidad y no discriminación.
obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria.
progresiva gratuidad de la educación secundaria y superior.
generalidad y diversidad de la educación secundaria, para atender distintas necesidades en distintos contextos sin perjudicar la formación general (integral) de los estudiantes.
apertura y accesibilidad de la educación superior.
primacía del interés superior del estudiante.
mejora continua de las condiciones materiales del equipo docente.
enseñanza especial para discapacitados.
deber de adoptar medidas para fomentar la asistencia y reducir las tasas de deserción.
administración de disciplina con respeto a la dignidad del niño.

32. El valor de los principios señalados toma sentido ante los objetivos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la educación: “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz... debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz” además de “sus aptitudes y capacidad mental y física al máximo de sus posibilidades... respeto a sus padres, identidad cultural, idioma y valores individuales, nacionales y universales” así como al medio natural, en lo que se refiere al niño específicamente.

33. En la Observación General Nº1 del Comité sobre los Derechos del Niño (2001) sobre Propósitos de la Educación (artículo 29.1 de la Convención sobre Derechos del Niño), se señalan como objetivos de la educación el desarrollo holístico del niño, alrededor y en beneficio del niño, hasta el máximo de sus posibilidades incluyendo criterios de derechos humanos, identidad, integración e interacción positiva con la sociedad y el ambiente.

34. Cobra aún más sentido a la luz de los desarrollos doctrinales sobre el alcance de las normas, entre éstas:

se debe realizar una interpretación evolutiva del derecho en cuanto a los objetivos de todos los niveles de la educación, de cara a la ampliación del derecho hacia elementos no contemplados en los primeros pactos, por ejemplo, el tema ecológico.

la educación en todas sus formas y niveles debe considerar en primera instancia el interés superior del alumno. Se observa mayor trascendencia en educar a los niños en tanto que personas con derechos, no solamente educar en derechos humanos, y en lugar del niño tener que adaptarse a la educación disponible, se adapte “la educación al interés superior de cada niño” tomando en cuenta “el derecho de cada niño a ser considerado y respetado como diferente”.

la base de la obligación estatal respecto a la educación es su carácter de bien común y la escolarización institucionalizada es un servicio público.

la educación como derecho humano no puede depender del libre mercado donde el acceso lo determina el poder adquisitivo.

la educación centrada en la acumulación de conocimientos y el estímulo de la competencia “puede ser un grave impedimento para el desarrollo armonioso del niño”.

las consecuencias de negar el derecho a la educación no se pueden reparar retroactivamente, por lo que enfatiza en la responsabilidad financiera del Estado y la prioridad presupuestaria que debe tener la educación.

frente a la condición jurídica doble como derecho y servicio comercial adquirida por la educación desde finales del siglo XX, las estrategias internacionales y nacionales de desarrollo y educación deben observar la normativa internacional de derechos humanos.

35. Hay que subrayar la importancia del principio de interés superior del estudiante, pues es el que da sentido a la educación en cuanto proceso social y a la institucionalidad educativa, al reconocerse el papel esencial de la educación como medio de realización integral del ser humano. Tal visión a lo interno del derecho humano a la educación en específico, es consecuente con la centralidad que ocupa dentro del sistema de los derechos humanos el concepto de dignidad humana, y el objetivo de protección de la persona frente a toda forma de poder, además, esta interpretación es concordante con los principios de interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y respeto a las opiniones del niño (artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), los cuales deben ser considerados en la elaboración y aplicación de políticas, programas y normas que afecten las condiciones y perspectivas de vida de los niños (como en efecto lo es el tema educativo).

36. Estos principios sobre derechos del niño, señalan la necesidad de considerarlos como personas con derechos en lugar de la tradicional percepción del niño (y en la educación, el estudiante) como objeto, así como favorecer los espacios que satisfagan el derecho del niño a expresar su opinión y participar en los asuntos que les afectan y a la vez, no supeditar los derechos de los niños a los intereses de los adultos. Una adecuada incorporación de estos principios a lo largo de todo el proceso educativo, en equilibrio con la participación de otros actores del mismo, fortalecen el respeto a los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad educativa, sin discriminación, desde una posición de igualdad y dignidad inherente como seres humanos, tanto en el sistema educativo como en todo el sistema social, incluyendo desde luego, el sistema productivo.

III. FINAL

37. Entendido en tales términos el “qué” de los derechos humanos vinculados al proceso educativo, sostenemos la tesis de la necesidad del derecho a la educación y los derechos económicos, sociales y culturales como necesarios para la construcción de un Estado de Derecho integral, democrático, de ciudadanías completas.

38. La intención de centrar la exposición sobre derechos humanos, en el Estado de derecho, en los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente en el derecho a la educación en niños y adolescentes, en la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVe), surge al considerar el papel trascendental que pueden realizar los docentes en la construcción democrática de un país, lo que debe traducirse en un profundo sentido de responsabilidad sobre esta tarea, en una autocrítica sobre la sociedad y nuestro papel en ella.

39. Los aspectos resaltados apoyan la idea que solamente se puede construir democracia en el aula con democracia en el aula, participación con participación, organización docente ayudando a la organización estudiantil para la organización social: el joven debe ser visto como sujeto de derechos, las políticas públicas sobre niños y adolescentes deben orientarse al desarrollo de potencialidades y no preferentemente a la represión, que no significa otra cosa que la ausencia de inversión social en tiempo oportuno. A eso debe estar dirigida la acción docente organizada, de acuerdo al lema “Quien no se atreve a luchar, no merece educar”.

Bibliografía consultada:

Diccionario de la Lengua Española, en www.rae.es
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, 1988)
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Observaciones Generales 13 “El derecho a la educación” sobre el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, en el 21º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación (Katarina Tomasevski, E/CN.4/2004/45, 25 de enero de 2004, en el 60º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos)
O’Donnell, Guillermo

Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America (1998)
Why the Rule of Law Matters, Journal of Democracy, Volumen 15, número 4, John Hopkins University Press (2004)
Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus múltiples caras, (2008)

De Sousa Santos, Boaventura: Sociología Jurídica Crítica, 1° ed., ILSA, Colombia (2009)

Una conclusión definitiva

2010-11-26T12:45:00.013-05:00

Un buen día uno se cansa de una parte del presente, una parte reiterada del presente para que uno llegue a cansarse, y anhela enviar a por lo menos la mitad del mundo por el inodoro. Pero no puede. Mejor dicho, no se puede. La mitad del mundo lo digo en sentido figurado, por supuesto, aunque la situación que provoca la frase es absolutamente concreta. Es que sorprende el criterio de descarada conveniencia de l@s conocid@s, que se proclaman ante el mundo como amistades en la medida que sus opiniones (de usted) coincidan y de ser posible sirvan de refuerzo a las suyas (de aquell@s). Enorme es la sonrisa dedicada, insondable es el mar de satisfacción expresada, inimaginable el afecto e irrompible el vínculo. Como no.

Pero apenas entra en juego el interés propio, el prejuicio o el capricho del sujeto de turno, por más evidentemente justo que sea el juicio emitido (si le molesta la palabra juicio, no la juzgue, mejor ponga nuevamente en su lugar la palabra opinión, que al fin y al cabo se refiere a lo mismo) o por lo menos aceptables en términos de la razón, la aceptación del planteamiento se torna imposible y el aire es invadido por un olor a culpabilidad buscando deseperadamente causas y culpables, contra toda evidencia y dato de la memoria. Enorme es la ofensa a la dignidad del interlocutor(a) de turno, insoportable, inconcebible, imperdonable (¿y quién está pensando en pedir disculpas?). Opinar, responder, se convierte en cuasidelito.

Sin embargo, como de todo es siempre posible obtener alguna enseñanza, hoy anuncio al fin una conclusión, léase bien, definitiva. Así como se lee. Uno puede ser hermano, amigo y compañero de Simón, José, Carlitos, Antonio, Ernesto, Augusto, Victoriano, Camilo, Rosa, Roque, tantos otros y muchas otras que están en uno. Igualmente lo puede ser de pueblos, de la humanidad entera, así en abstracto pero tan real en su sufrimento, en su lucha, que es y por siempre será la de uno. Puede serlo también de millones de seres humanos que están por nacer, inocentes, a quién uno "custodia" el presente en la medida de sus posibilidades (aprovecho la oportunidad para decir: sepamos tod@s que siempre se puede hacer más, y no por hacer algo, cabe sentirse sacrificado y mirar con aires de superioridad, pureza absoluta, non plus ultra de la humanidad por los siglos de los siglos, por encima del bien y el mal, medida de tod@s l@s demás y todas las cosas).

Podrá observarse que la anterior lista, a quien planteo uno responde por sus actos, implica la dificultad de no poder responder directamente, ante lo cual recurro a uno de los principios del Bushi do, código de ética de los samurai, sobre el honor:

El auténtico samurai solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que tomas y cómo las llevas a cabo son un reflejo de quien eres en realidad. No puedes ocultarte de ti mismo.

Pero hay otra lista de personas a quien uno debe responder directamente por sus actos, una lista corta y cerrada: quien lo haya criado a uno (en mi caso, se puede decir que criado dos veces) y que toma la forma de padre, madre, a veces tíos, tías, abuelas, abuelos, entre otros, que cumplen esa función. Porque le apuesto, que por usted e incluso a a pesar de usted, más nadie aceptaría tan pesada responsabilidad. Y que por usted e incluso a pesar de usted, no cabe el doble rasero entre los integrantes de esa muy corta y cerrada lista de personas, no hay espacio para el oportunismo, para que se manifieste la inmadura actitud y doble discurso de todo-lo-que-dices-es-maravilloso-porque-me-conviene-y-refuerza-lo-que-yo-digo-y-seguiré-diciendo-que-es-maravilloso-mientras-siga-siendo-así. Aprendan a soportar la realidad, que exige paciencia y esfuerzo, la diversidad, las diferencias de criterio. Uno no pide que estén de acuerdo siempre con uno, porque sería caer en lo mismo, es imposible y produciría un mundo aburridisimo. Uno pide honestidad intelectual, que es lo más cercano a la objetividad dentro de la inevitable subjetividad, y sinceridad en el intercambio. Es que ya estoy podrido de berrinches.

Desde luego, hay conocid@s que se ganan a pulso una relación de mayor jerarquía. L@s que ayudan, l@s que se acuerdan, l@s que discuten con uno y no se transforman por no coincidir. Esta conclusión bien puede ser interpretada y aplicada como consejo. Por mi parte, haré y diré lo que tenga que hacer y decir, responderé a quienes tenga que responder, y a mi conciencia, que tranquila está.

Juventud

2010-11-01T22:07:00.005-05:00

De algo debe servir el uso de lugares comunes en el lenguaje. Que la juventud “no sirve”, son “delincuentes”, que “ya no hay valores”, antes “no entraba cualquiera a mi colegio”, en fin “todo era mejor”. Lo mismo que escuché mientras estaba en secundaria y empezando mi vida universitaria. Lo mismo que escucharon nuestros mayores de sus mayores.

El último episodio en provocar estas expresiones, ha sido la protesta de los estudiantes la semana pasada en reclamo de la promocionada beca universal del actual gobierno. De ninguna manera voy a defender lo que me parece un exceso. Tampoco voy a condenar a sus autores, mucho menos en términos generales: la difundida costumbre de generalizar inevitablemente conduce a errores.

Más que explicar mis razones, les propongo algunas preguntas al respecto:

¿Qué le puede exigir una sociedad a sus miembros, que antes no le haya proporcionado?, por ejemplo, ¿qué patrones de conducta, cuáles son los ejemplos que recibe un joven, para que pueda ser condenado por repetir en su espacio de vida lo que socialmente es normal?, ¿la exigencia planteada en la protesta no es otra manifestación de las relaciones paternalistas-clientelistas que sirven de base a nuestro sistema político, que se observan en la administración pública, desde la relación dueños-candidatos-bases en los partidos políticos, a la relación Ejecutivo-empresas-Legislativo-puestos públicos?, ¿no son acaso los valores socialmente dominantes los que van a ser más fácilmente practicados?, ¿surgen los jóvenes, con toda la carga de aspectos negativos que se les achaca, de la nada, o su conciencia y conducta es el producto de relaciones sociales?

Hasta el momento se dirá que justifico lo acontecido y puede surgir la pregunta: ¿acaso no pueden reaccionar en sentido contrario, es decir, repudiando las malas prácticas?, desde luego, entonces ¿por qué no lo hacen?, ¿quién dijo que no lo hacen?, ¿no será que son menos visibilizados y muy poco apoyados quienes lo hacen o quieren hacerlo?, ¿no facilitaría esa reacción la existencia de organizaciones de jóvenes, para jóvenes, independientes, de toda naturaleza y objetivos?, desde luego.

¿Dónde está el origen de la corrupción en los movimientos estudiantiles, otrora vanguardia de la lucha política y social por el perfeccionamiento de la identidad, integridad, libertad y dignidad de nuestro país?, ¿dónde está el origen de su prohibición o la introducción de obstáculos en la educación secundaria para el debate ideológico entre los jóvenes, herramienta que encausa su rebeldía hacia la imaginación de sociedades posibles y su vinculación con iniciativas políticas en esa dirección, como corresponde en una sociedad realmente democrática?, ¿dónde está el origen de la mediocridad y doble discurso en el espacio universitario, sino es en el secuestro que sufre la Universidad pública por “autoridades” y estamentos que ignoran el papel fundamental de la institución en la vida nacional a cambio de prebendas?

¿A quién beneficia la falta de cuestionamiento sobre los profundos problemas sociales que pueda realizar una juventud sin más compromiso que su propio ideal de futuro?, ¿a quién beneficia un ser humano incompleto y subordinado a lo establecido?, ¿a quién beneficia la imagen que asocia a la juventud con actividades delictivas, escondiendo de las manos de la justicia y las primeras planas de los medios de comunicación al gran crimen de saco y corbata que genera las condiciones en que la juventud vive?, ¿a quién beneficia invertir en represión y cárceles, en vez de invertir en cultura, educación, salud y deporte como instrumentos de una política de seguridad humana a corto, mediano y largo plazo?, ¿a quién beneficia no invertir en la educación integral del ser humano, a quién sostiene en el poder, a quién beneficia dificultar el acceso a los conocimientos y los instrumentos de su desarrollo?, ¿a quién beneficia la debilidad en las perspectivas de transformación social y la resignación por tener que “adaptarse”, “madurar”, porque “las cosas son y siempre han sido así”?

Emitir un juicio o comentario sobre lo sucedido implica considerar un gran número de variables, no es cuestión de rasgarse las vestiduras únicamente. A los jóvenes más jóvenes que les haya interesado leer estas líneas: sabemos que tienen la capacidad de pensar por ustedes mismos, la obligación vital de aspirar a tiempos mejores y el derecho de convertir esa aspiración en realidad. No se dejen convencer, no se dejen arrastrar, no se sorprendan repitiendo lugares comunes dentro de algunos años.

De algo deben servir los lugares comunes en la política. Otra política es posible.

Papá en el Festival de Poesía Ars Amandi 2010

2010-10-26T19:33:00.001-05:00

Introducción al Foro Derechos Humanos en Panamá

2010-10-06T14:53:00.010-05:00

Foro organizado por la Asociación de Estudiantes del C.R.U.BO en Changuinola, Human Rights Everywhere y Manos & Cerebros, realizado en el Centro Regional Universitario en Changuinola, el 1° de Octubre de 2010

Acorralados entre las amenazas de despidos y aumento en el ritmo de explotación, atacados por la represión y obstaculizados por sindicatos manejados por la empresa, tras décadas de intentos por establecer una organización representativa de los trabajadores, en 1960, encabezados por un Comité de Huelga en la clandestinidad, los obreros bananeros de Bocas del Toro suspendieron labores, junto a los compañeros del Pacífico, rompiendo al fin con el cerco a la formación de sindicatos, logrando con su acción arrancar mejores condiciones de vida en los enclaves de la United Fruit, establecidos desde la separación de Panamá de Colombia (1).

Casi 6 meses antes de aquella separación era asesinado el único líder honestamente vinculado con las reclamaciones de los sectores más explotados del Istmo, Victoriano Lorenzo, antecedente necesario de todas nuestras luchas populares y quien en su sangre tenía la dignidad de quienes en su inmensa mayoría nunca se rindieron y optaron por adentrarse en las montañas o morir, desde aquel primer encuentro en 1503 que luego condujo al genocidio en todo el continente y a la realidad actual de más de 5 siglos de exclusión cultural, económica y política.

Siglos durante los cuales llegaron los negros del África sometidos a la esclavitud, principalmente en las primeras formas de la ruta entre los 2 mares, de donde nacen historias de cimarrones y palenques, en la construcción del Canal y en plantaciones. Hay que añadir una invasión militar en 1989 y la progresiva reducción de los derechos económicos y sociales desde hace décadas.

Antonio Smith y Virgilio Castillo, por lo menos, son los últimos nombres que se suman a la lista de manera notable, víctimas del autoritarismo y la prepotencia de un gobierno. Acompañan a Al Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo y Luigi Arguelles, asesinados en el gobierno anterior, al pueblo Naso en lucha por su territorio, al pueblo Kuna defendiendo su autonomía, a los Ngäbes, a los ecologistas que defienden la naturaleza y el derecho a un ambiente sano, a las comunidades afectadas por proyectos mineros, hidroeléctricos o turísticos residenciales.

No es la intención iniciar con una exposición histórica ni reclamar específicamente sobre culpables (aunque hay que hacerlo: más que irresponsablemente al no ser víctima, pedir “olvido, pasar la página y ver hacia adelante”). La intención es prevenir desde un inicio contra el peligro de enfocar el tema de los derechos humanos estrictamente en la coyuntura: el actual gobierno autoritario, concentrador de poder, violador de derechos, abusivo, discriminador y asesino, actuando alrededor de una o varias leyes o decretos, perdiendo de vista el carácter estructural de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, es más, la construcción del modelo de país que tenemos a partir de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El tema de derechos humanos no surge directamente de las inquietudes expresadas en foros anteriores, aunque tampoco le resulta extraño. Nace directamente de la coyuntura, y allí radica tanto su virtud como su peligro, de los sucesos ocurridos en julio de 2010 en Changuinola, junto a las persecuciones de dirigentes sociales en todo el país a raíz del conflicto por la existencia, contenido y aplicación de la Ley 30 en materia laboral, ambiental y de procedimiento penal a miembros de la Fuerza Pública, y el Decreto 537 que modifica la carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Bugle, síntomas de una transición desde formas democráticas sin fondo democrático hacia formas violentas de mantener un modelo históricamente violento y poco democrático. El problema de fondo no es la ley, el problema de fondo es el modelo al cual la ley sirve.

Pero por qué tratar el tema de derechos humanos en un espacio llamado foro ideológico, ¿no es acaso contaminar con la política un pliego de buenos deseos para la humanidad?

Definitivamente no, porque los derechos humanos no son solamente una lista de buenos deseos, ni patrimonio exclusivo de burocracias nacionales ni internacionales, ni de aquellas organizaciones no gubernamentales de porcelana que no se atreven o no le conviene meterse en el centro del huracán, a confrontar directamente allí donde se decide vulnerar un derecho.

Los derechos humanos son el producto, llevado al mundo de lo jurídico, de aquellas luchas sociales que acompañadas de una visión sobre el ser humano, la sociedad, la naturaleza, nos han llevado para bien y para mal a este momento en que nos encontramos y del cual tenemos que tomar lo mejor para avanzar.

Los derechos humanos nos pertenecen, no son el obsequio de ningún gobierno, de ningún mandatario, quienes sí tienen la obligación de respetar y proteger tales derechos, donde entra la cuestión de la calidad del desempeño de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) e instituciones (Defensoría del Pueblo, ministerios y tribunales específicos) en cumplir con tales obligaciones legales frente a toda la ciudadanía, para poder decir que vivimos en un verdadero Estado de Derecho, que es más que aquel en que el gobierno se dicta las leyes a su antojo e interés para luego decir que cumple la ley que el mismo se ha hecho a la medida, más que decir que tenemos una constitución que se cumple o incumple dependiendo de quien se beneficia, más que formalmente democrático, porque no toda elección mayoritaria es la mejor y así como las minorías no pueden imponer a la mayoría, tampoco éstas pueden someter a aquellas con el simple argumento de la cantidad.

Un verdadero Estado de Derecho es aquel en que se consagran, respetan y protegen los derechos humanos de la gente. Cosa que nunca hemos tenido ni estamos en camino de tener, esencial para que los seres humanos no se vean compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, como advierte el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Otros muchos y variados elementos del discurso político dominante hay que desmitificar: que la democracia son elecciones, que la democracia es posible con ciudadanos sin derechos, que el Estado somos todos cuando las leyes y las instituciones se usan en beneficio de algunos, que el progreso está a 6 kilómetros en Bonyik, que desarrollo equivale a hidroeléctricas y minería, que somos algo distinto o superior al río, el bosque o la montaña, que el derecho es igual a justicia, que la ley es justa y hay que obedecerla aunque salgamos perdiendo para que otros ganen, que somos libres porque podemos circular aunque no tengamos la libertad de ejercer libremente nuestras libertades, deberes y derechos.

¿Por qué hablar de derechos humanos en un espacio llamado foro ideológico, invitando a considerar abiertamente su dimensión política? Porque la dignidad humana siempre ha estado alejada de la política en el país: no hay que olvidar también que negros, indígenas, asiáticos y otras razas prohibidas, fueron víctimas de la discriminación en el discurso y la práctica política de Arnulfo Arias Madrid. Que la intolerancia ideológica estuvo presente en José Antonio Remón Cantera y retoma su fuerza en el tiempo actual. Que se dieron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante los gobiernos de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega.

El problema de los derechos humanos no es una ley, es una ley que facilita la desposesión como parte de un modelo que se basa en utilizar el poder para desposeer sectores sociales de sus derechos ambientales, laborales, su derecho a la tierra y la protesta, su capacidad de resistencia ante el despojo en beneficio de grupos reducidos.

Un modelo también ejercido sobre otros pueblos del área, como darán testimonio los compañeros de Honduras y Costa Rica, desde realidades distintas, pero que nos demuestran el carácter regional y general del desprecio a la dignidad humana, la posibilidad de incorporar a nuestras luchas una perspectiva de derechos humanos, en lo político, en lo jurídico, en las calles, en los tribunales, en las montañas y en los medios de comunicación, así como la necesidad de reconocer que cada uno por separado en parcelas dentro de nuestros países y entre nuestros países, no podremos triunfar en una lucha contra un enemigo mayor a cada una de nuestras individualidades.

Dentro de los foros ideológicos se ha tratado el tema de la participación de los jóvenes en política y de la relación entre ésta y la ecología, ambas circunscritas al ámbito nacional, bajo la modalidad de diálogo entre el público y miembros de movimientos sociales, partidos políticos, colectivos, grupos estudiantiles, organizaciones temáticas, con el objetivo de establecer un espacio de relación entre sectores con contradicciones y puntos en común propios de la dinámica social y política del país, sin el afán de proclamar la unidad ni la uniformidad, sino simplemente conocer al otro para establecer las bases de puentes posibles.

Bienvenid@s tod@s, muchas gracias.

(1) con datos de Jorge Turner, 1982.

Ley 30 de 2010: una interpretación del conflicto en sus contextos desde una perspectiva de derechos humanos

2010-08-04T18:20:00.012-05:00

Publicado en El País (Costa Rica), Rebelión, Adital, Revista Amauta y el portal Ajintem

Los datos recogidos en diversos medios, informes de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales nacionales (CEASPA, HREV) confirman la existencia de violaciones a derechos humanos realizadas por el Estado panameño durante los enfrentamientos a raíz de la existencia y contenido de la Ley 30 de 2010: derecho a la vida, integridad, no discriminación, igualdad, libertad y seguridad personal, salud física y mental, intimidad, honra, reputación, recurso efectivo ante violaciones a los derechos humanos y garantías judiciales, protección a la familia y menores de edad, prohibición de torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Sin embargo, la valoración de la magnitud del daño causado a la sociedad panameña, junto a las amenazas y oportunidades resultantes de la coyuntura a mediano y largo plazo, en lo local como parte del escenario regional y global, requiere considerar las violaciones a derechos humanos en los días previos a la intervención policial y las posibles consecuencias sobre el estado de derecho y el sistema democrático.

Apoyado en una interpretación restrictiva de la democracia representativa por parte de los órganos constituidos, fue restringido gravemente el derecho a la participación en asuntos de interés ciudadano, el cual necesita previamente efectividad en el derecho a información clara, pertinente y accesible en tiempo oportuno, para dar contenido a las libertades de pensamiento, opinión y expresión mediante las cuales se realiza, sea de manera individual o concretando los derechos a reunirse y asociarse para la defensa de intereses comunes.

Las pruebas son de conocimiento público: la política gubernamental de descalificación a todo individuo u organización con visión divergente a la línea presidencial (desde “maleantes de mierda” hasta “indios ignorantes, borrachos y drogadictos”), el absoluto secreto mantenido sobre el nacimiento y contenido del anteproyecto en el Consejo de Gabinete y en la presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, la nula discusión en primer debate y la cortesía de sala meramente formal en segundo debate, la falta de interés por los argumentos en contra durante el tercer debate y en la sanción por el Ejecutivo.

Una vez promulgada en Gaceta Oficial, el debate sobre la nueva ley se centra en 3 ejes: el tema laboral, especialmente en el tema de la cuota sindical y los efectos de la huelga; el tema ambiental, al establecer la opción de guías de buenas prácticas ambientales para proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, y el tema de procedimiento penal, al prohibir la detención preventiva y suspensión provisional del cargo a unidades de la Fuerza Pública en casos de presuntos delitos por motivo del uso excesivo o injustificado de la fuerza en el ejercicio de las funciones o por cumplimiento del deber, ordenando su asignación a funciones administrativas durante el proceso y el cumplimiento de la pena en instalaciones de la institución policial.

Aquí vale la pena hacer una explicación sobre el momento histórico global: para el mantenimiento del capitalismo, sus beneficiarios buscan extender su lógica de reproducción alcanzando los últimos espacios de vida en el planeta, generando conflictos por la propiedad de la tierra, el agua, minerales, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Otro espacio de acumulación está en la reducción del costo de la fuerza de trabajo eliminando derechos o beneficios de los trabajadores, de alguna manera, su participación en el producto del trabajo social.

La disminución de estándares ambientales y laborales (también educativos, recordando el proyecto de “transformación curricular”) por lo tanto no es algo casual, y vale señalar que la división de Nuestra América en pequeños Estados que compiten a la baja, no nos ayuda.

La previsibilidad de un escenario de conflicto explica la presencia del tema de procedimiento penal, que no es novedoso, pero junto a la Ley 14 de 2010, las deficiencias en las investigaciones penales, la falta de independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial, cumple con los objetivos de cubrir la represión violenta contra la protesta social con un manto de legalidad y refinar un marco de impunidad suficiente a quienes la ejecuten, colocando a los miembros de la institución por encima de la ciudadanía y desvirtuando su función protectora.

Por si algo falla, siempre quedará la arbitrariedad de los indultos presidenciales, ya otorgados por delitos comunes, aún antes de la sentencia, en flagrante contradicción con la norma constitucional. La consolidación de tal entramado jurídico constituye de hecho una amenaza a la vida, integridad y libertad de las personas en el territorio nacional y demuestra la disposición a usar medios de fuerza, agotados los procedimientos democráticos formales como método de control social.

La reducción de los efectos de la huelga hasta hacerlos fácilmente ilusorios, conduce al debilitamiento del sindicato como institución al debilitar el instrumento último para obligar a la negociación de mejores condiciones de vida para los trabajadores. Conociendo el papel de contrapeso que históricamente han tenido los sindicatos en las luchas por los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía en general en una sociedad altamente desigual que se pretende democrática, es evidente la intención de anular resistencias a la imposición de un sistema totalitarista identificado con la lógica y los intereses del mercado.

La débil institucionalidad ambiental ha sido progresivamente atacada con la dispersión de competencias, modificaciones en materia de estudios de impacto ambiental, ahora estableciendo la discrecionalidad en manos de la empresa para acogerse a guías indefinidas, abiertas a la insuficiencia y la ambigüedad proveniente del Ejecutivo. A los agentes de la depredación, que no entienden de sustentabilidad ni le interesan los derechos, ahora también le molesta la ley, los requisitos, los meros trámites, y llamando de un lado de la puerta, se responden ellos mismos al otro lado, modificando cuanta norma se interponga en la velocidad de lucro.

En este punto es necesario reafirmar que cualquier tipo de sociedad humana se construye sobre la naturaleza, y toda posibilidad posterior, incluyendo la vigencia de derechos está condicionada en última instancia por las limitaciones materiales de los sistemas de vida, profundamente afectados hoy por las organizaciones sociales y económicas basadas en la ideología del desarrollo y el crecimiento. En otras palabras, invirtiendo visiones dominantes de la doctrina de los derechos humanos, la igualdad real de derechos civiles y políticos es posterior a la vigencia efectiva de derechos económicos, sociales y culturales, que encuentran fundamento material en el respeto a los derechos de la naturaleza (desde una visión antropocéntrica, derecho humano a un ambiente sano).

El conflicto alrededor de la Ley 30 de 2010 sigue latente, no ha terminado con los Acuerdos de Changuinola y los escenarios de diálogo. El desenlace, sea cual sea, trasciende la propia ley, su tiempo, espacio y los actores en juego, al considerar nuevamente el momento histórico en que se produce. Pero en este punto debemos observar la ruta que nos conduce al gobierno de Ricardo Martinelli con todas sus características, incluyendo la forma de producir la Ley 30.

El régimen actual llega al gobierno a partir de la utilización de un discurso populista basado en el concepto de cambio sobre la imagen de un empresario exitoso, pero su existencia como alternativa política surge del progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida de las clases medias y populares en la sociedad panameña a partir de la subordinación de las políticas sociales a la política económica neoliberal por parte de todos los gobiernos de los partidos políticos tradicionales (PRD, Panameñismo) desde antes de la caída de la dictadura militar, es decir por más de 25 años.

Las formas con las que se desarrolla la gestión de gobierno y a partir de las cuales se dan productos como la Ley 30, entre otras, encuentra sostén en el casi nulo desarrollo de la institucionalidad democrática participativa y descentralizada con posterioridad a la caída de la dictadura militar luego de la invasión de diciembre de 1989, lo que de realizarse efectivamente se hubiere constituido en obstáculo a la utilización de los recursos del Estado para el mantenimiento de la base clientelista de los partidos políticos.

A un año de gobierno de Ricardo Martinelli, se le puede caracterizar por una profundización de la históricamente excesiva concentración de poderes alrededor de la figura presidencial, se observa un cambio en la gestión de gobierno desde las formas democráticas hacia el autoritarismo, insertando la coyuntura de conflicto en un proceso mayor donde la intensidad de la movilización social, entre otros factores, puede conducir al retorno a un sistema formalmente democrático con restricciones a la participación relevante y decisiva, a la instauración de una dictadura civil, o a una profundización democrática de carácter participativo. Es decir, se debate el futuro inmediato del derecho humano al buen gobierno, a la democracia plural, de consulta y participativa, además desde luego, de todo el catálogo de derechos humanos y el estado de derecho.

Esta tríada de opciones teóricas es posible interpretarla como reflejo local de una contradicción mundial por la hegemonía entre dos vertientes de la modernidad jurídica occidental: el derecho corporativo transnacional como regulador supremo de la vida en el planeta en función de una lógica de lucro y acumulación, presente en las primeras dos opciones mencionadas con diferencias de grado y forma, más no en esencia, manteniendo un paradigma económico político único no viable a mediano plazo y cuyo mayor obstáculo es ser insustentable además de ser groseramente injusto; o el derecho de los derechos humanos con su potencial emancipatorio, aún contando con la necesidad de evaluaciones y redefiniciones que ajusten el principio dominante de universalidad e igualdad con la especificidad cultural y el derecho a la diferencia, en un proceso de diálogo con las identidades socioculturales que emergen al escenario social político tras haber permanecido ocultas por siglos tras el mito moderno del Estado nacional monocultural.

En un momento de crisis sistémica global, tal definición puede significar, si se tiene la conciencia del momento y la responsabilidad para no agotarse en lo coyuntural, la posibilidad de avanzar en algún grado o al menos ejercer menor resistencia hacia rupturas que permitan formas de desarrollo adecuadas a realidades naturales y culturales diversas, o sencillamente estancarnos, no avanzar: visto de tal manera, guardando las escalas, centrándose en los espacios de acción y fortaleciendo relaciones, cada uno es un diminuto pero infinitamente valioso punto del conflicto entre globalización de la violencia y globalización de la solidaridad, la libertad, la justicia y la paz.

18 de julio de 2010. Panamá.

2010-07-18T19:37:00.006-05:00

-1-

Aquí, en este año 2010, hemos finalmente despertado en el siglo 21. Desde las últimas décadas del siglo 20 se realizaron las reformas para acoplar el modelo económico del país a las exigencias del esquema neoliberal dentro del estado actual del proceso de globalización, redefiniendo los contenidos de la soberanía hasta llevar al Estado al límite de su papel: control interno y el choque a iniciativas regionales contrarias a tal esquema.

Hay que reconocer que los administradores hicieron un excelente trabajo a los dueños, tanto que lograron una impopularidad y ausencia de credibilidad a tal nivel, luego de subordinar lo social a lo económico esperando a que ocurriera el “derrame” de beneficios, que facilitaron su desplazamiento del gobierno por los dueños mismos, acostumbrados a imponer sin atención a las formalidades, como ocurre en las empresas sin sindicato y con autoridad dispuesta. Era de esperarse, los gerentes cumplen o estorban, son removidos como cualquier trabajador aunque se crean muy bien “posicionados”, y sólo se contrata lo estrictamente necesario por el tiempo estrictamente necesario. La población fastidiada creyó haber votado por un cambio, como en efecto está ocurriendo. Nadie dijo nada concreto sobre el carácter del cambio.

La mitología del siglo pasado, expresada en el discurso de un solo pueblo en un país con un futuro mejor para todos, más justo y equitativo, incluyente y de oportunidades, sobrevivió 10 años, el tiempo que tomó la esperanza para tornarse incertidumbre y de ahí alcanzar a golpes (perseguidos, detenidos, heridos y muertos incluidos) el nivel de conciencia, de que la recuperación de la titularidad sobre la Zona del Canal, sin acompañarse de una posición independiente del país en el escenario internacional y una transformación de la estructura económica, obstaculizadas por nuestra inserción en el sistema económico global junto a las características y dependencias de los grupos de poder y su influencia en nuestra cultura y nuestro sistema político, solamente significa un traspaso en la administración y el mantenimiento de los beneficiarios de siempre: el comercio internacional, los intereses estratégicos de los sectores dominantes de los Estados Unidos de América y los intereses inmediatos de los socios en Panamá. Sobrevivió 10 años el mito y la paciencia, en que poco se hizo y lo hecho fue insuficiente, hoy tenemos lo que tenemos, se dice (uno nunca sabe) que mínimo por 4 años más. Claro que queda el uso del discurso mitológico, pero creer hoy más que nunca es una labor de terca resistencia a la razón.

Aunque definitivamente sigue jugando su papel, ya no hay enemigo externo al otro lado de la cerca para desviar la atención, ni causa que unifique la diversidad de actores. No hay quinta frontera. El enemigo está adentro, como siempre ha estado, y luego de la reversión de activos, el aumento de los ingresos nacionales y en general, un desempeño macroeconómico positivo que no toca tierra, que no alcanza la humanidad en el mundo real, que no llega a las escuelas, ni a los centros de salud, ni a los estómagos, ya no es posible maquillar las profundas contradicciones de intereses internos existentes en el país que hoy revientan a la luz, luego de permanecer en segundo plano durante un siglo 20 dedicado a la búsqueda de una solución a la cuestión nacional.

Las desigualdades no son un problema de insuficiencia en la producción a solventarse con crecimiento, es decir con el abuso y mal uso infinito y creciente de la materia y energía disponible en este sistema cerrado y finito de vida del cual formamos parte, sino de injusticia en la distribución provocada por injusticia en la propiedad sobre (por lo menos) elementos fundamentales de ese sistema de vida. Donde estamos hoy es injusto e insustentable, y las cosas no dejan de ser lo que son hasta que cambian en su estructura, no es cuestión de adornos, filantropía, limosnas a los pobrecitos pobres, teletones, responsabilidad social empresarial y capitalismo verde.

-2-

Los últimos sucesos de junio-julio 2010 confirman un cambio en la forma de gestionar políticamente el mantenimiento del modelo económico y sus consecuencias, atravesando de la democracia formal al totalitarismo de mercado, que identifica los intereses del capital como interés nacional, y todo lo que le sea contrario, como enemigo del progreso, de la patria, o de cualquier otro elemento circunstancialmente útil tomado de la agonizante mitología nacionalista del siglo 20.

Este modelo continuará ampliando las desigualdades sociales porque se basa inevitablemente en una lógica de acumulación y concentración sin la cual no puede existir, la cual requiere reducir estándares en este proceso de hipermercantilización de los procesos y espacios de vida. El contenido de la Ley 30 de 2010 en materia ambiental y laboral, donde ven posible reducir costos (como también es el caso de la reforma curricular) se explica en la lógica y sus implicaciones arriba mencionadas, junto al andamiaje jurídico elaborado con la misma ley en el tema de procedimiento a las unidades de la Policía Nacional vinculadas a casos de uso excesivo e injustificado de la fuerza y con la Ley 14 de 2010 limitando el derecho a la protesta, previendo el carácter conflictivo de las modificaciones a las formas de convivencia que se proyectan, la necesidad de la imposición, la fuerza y la violencia.

La institucionalidad, siempre débil y debilitada en nuestro pequeño paraíso del caudillismo, centralismo, clientelismo, corrupción e impunidad, hoy se ve desnuda y raquítica en su verdad de poca participación, poca democracia, poca independiencia de iniciativa y criterio, en otras palabras, instrumento de intereses particulares. El Legislativo se gradúa como correa de transmisión del Ejecutivo (¿qué ley desea señor presidente?, usted ordene, ¿qué ley desea Corea del Sur en Panamá, señor presidente?) y el Judicial se limita a interpretar los vacíos y ambigüedades a discreción, llenando las ignorancias de los diputados según las necesidades del cliente.

En lo político, se observa un proceso de tránsito desde la partidocracia, donde los partidos son fachadas e instrumentos del poder económico distribuido en sus cúpulas, hacia la concentración de mayor poder económico en un sólo partido. La eventual absorción de los partidos de la alianza oficialista por el partido Cambio Democrático de Ricardo Martinelli y las barreras para la construcción de alternativas políticas dentro del sistema político electoral, son señales en tal sentido. Otros elementos que influyen en tal escenario son las disputas internas entre sectores del poder económico, la existencia de pseudo alternativas en los partidos tradicionales como el Panameñismo y PRD, y la demora en el proceso de maduración y consolidación del movimiento político de izquierdas, popular y ciudadano, con sus agendas específicas y puntos de encuentro.

-3-

Este proceso de imposición de un modelo totalitarista identificado con los intereses del mercado en su lógica capitalista, versión neoliberal, tiene profundas huellas bajo distintas formas en Nuestra América, de terror, heroica resistencia y búsqueda inconclusa de alternativas. Este sendero ya ha sido transitado recientemente bajo otra forma por el pueblo de Honduras, a partir del 28 de junio del 2009. Los vínculos comunes y nada casuales de los (por ahora, aclaro) "ganadores" con las ultraderechas de los Estados Unidos de América, Colombia e Israel, todos especializados en el terrorismo y la violencia como método de control social, y la permanente amenaza de intervención militar estadounidense en protección de sus intereses geoestratégicos por la ruta interoceánica, contemplada incluso en el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá (1977), no permiten vislumbrar salidas sin claroscuros, ni aseguran la llegada de todos al final natural de nuestra vida.

Frente a la imposición del derecho corporativo contra los derechos humanos, del poder del dinero contra la dignidad humana, hay que prestar especial atención en este período (sin pretender dar una lista exhaustiva, sino lo que identifico como ejes de definición de conflictos) a todo lo relacionado al trabajo, al ambiente, la educación y la valoración de la diversidad contra la uniformidad pretendida del ser humano como productor o consumidor de mercancía. Muy importante, jamás lograremos ser libres, mientras sigamos respondiendo ciegamente a las parcelitas en que nos dividen, en las cuales nos asignan una bandera, un himno y una rivalidad latente a explotar siempre contra el trabajador que tiene otra banderita, otro himno. ¿Cómo avanzar, si entre nosotros aceptamos que nos pongan a competir por quién se reduce a menor nivel los estándares?

-Fin-

La lucha, la pelea, es peleando por objetivos dentro de un proyecto integral de país, no negociando y quedando estancado a conveniencia en la mitad del camino. En las difíciles condiciones -vale decir adversas- que se presentan, mientras haya lucha hay posibilidad de vivir, mientras haya vida hay necesidad de luchar.

Introducción al Foro Ideológico "Ecología y Política en Panamá"

2010-07-07T15:37:00.000-05:00

Foro organizado por Manos & Cerebros, Agentes de Cambio y FES Panamá.

La serie de foros ideológicos ha sido desarrollada como un espacio de diálogo abierto entre sectores sociales, tanto los que se denominan de izquierda como los que no, sin pretender que a partir de aquí se logre unidad mucho menos uniformidad, ni con la intención de prolongar la discusión sobre quién es o no es de izquierda según la visión de cada uno, que de seguro tiene su importancia pero abundantes espacios para su continuación, en otras palabras, el foro ideológico permite el intercambio de ideas, ojala sin fanatismos pero sin concesiones, honesta y de manera responsable, sobre temas concretos que reflejen nuestras concepciones del mundo pero no se limiten a nuestras identidades en sentido estricto.

Producto del intercambio entre expositores y participantes durante el Primer Foro ideológico sobre Juventudes e Izquierdas en Panamá, realizado el 22 de abril de 2010, sobre temas que principalmente los jóvenes consideraban de prioridad necesaria en las agendas de sus organizaciones, se definió como uno de ellos el tema del foro de hoy: Ecología y Política en Panamá.

Al día de hoy conocemos la situación de desequilibrio ecológico en que se encuentra el único planeta disponible para nuestra existencia, el creciente protagonismo en el espacio público y político de las luchas indígenas, campesinas y en general ciudadanas, surgidas alrededor de visiones diversas sobre el tema ecológico, así como el papel fundamental que tiene el aprovechamiento de los mal llamados recursos naturales en una formación económica determinada y por tanto, de las posibilidades de continuación del modelo económico dominante a nivel local y global, o la transformación de la estructura social, la formación económica, política e ideológica, hacia otro mundo posible, necesario y urgente. Pero ojo, otro mundo, es decir otra forma de comprender y actuar, no solamente otros personajes aprovechando un discurso.

Sin embargo, aún se observa poco desarrollo del tema ecológico en los programas políticos y una muy deficiente gestión ambiental de los gobiernos, favorecida por una débil y debilitada institucionalidad operando una normativa con vacíos y ambigüedades (por ejemplo el comodín del interés social) que facilitan ejecuciones e interpretaciones muy cerca del poder y lejos de un amplio y efectivo Estado de derecho. Esto reforzado por normas que penalizan la protesta, destruyen las organizaciones sociales y cubren de legalidad la impunidad ya existente de hecho, diseñadas específicamente para atacar resistencias.

También se observa el discurso de rechazo a la práctica política por algunos sectores vinculados al tema ecológico, ignorando por distintas razones el papel estratégico de los espacios de decisión en esta lucha, y la intención de desvincular el problema ecológico respecto al espacio de lo político, de no tratarlo como un problema de relaciones de poder con dominantes y dominados, ganadores y perdedores, o el discurso de reformar (o hacer verde) el capitalismo para hacerlo sostenible desconociendo los límites físicos del planeta y la esencia contradictora e insostenible del sistema económico en el que algunos siguen creyendo, apoyados en toda la mitología moderna occidental del progreso, desarrollo y crecimiento.

Este foro no se puede desarrollar abstraído de la realidad social, al mismo tiempo que los conflictos en el ámbito laboral y ecológico cobran fuerza como ejes de articulación de las contradicciones sociales y de su definición a futuro, hemos visto y por tanto denunciamos la actitud gubernamental de persecución por motivaciones políticas contra activistas de derechos humanos, ecologistas y comunicadores, además de las afectaciones a la libertad, honra e integridad de ciudadanos dirigentes y activistas sindicales, comunitarios, ambientales, indígenas y campesinos a lo largo y ancho del país, entre otros y a manera de ejemplo: la aprehensión para verificación de Olmedo Carrasquilla, los difícilmente fortuitos ataques a la propiedad de Claudia Figueroa, la privación ilegal y arbitraria de libertad de Carlos Nuñez y el hostigamiento mal justificado a Paco Gómez Nadal.

Estamos entrando en un período crítico, ya descrito en el primer foro como un escenario de hostilidad abierta a la diversidad ideológica, una transición de la democracia formal al totalitarismo, experimentada por otros compañeros y compañeras en Nuestra América y el mundo entero. En tal escenario, necesariamente tienen que modificarse nuestras relaciones, específicamente el grado intensidad en la manifestación más no la existencia misma de nuestras contradicciones legítimas, las cuales están construidas sobre la memoria y sobre la esperanza que motiva nuestras acciones hacia el objetivo de alcanzar en un futuro algo mejor a lo que siempre hemos tenido, para no quedarnos en la comodidad del medio camino que ya ha facilitado, incluso provocado, el retroceso democrático.

Cada generación es responsable de lo que hace y no de lo que hicieron las anteriores, también debe reconocerse responsable del tiempo que custodia a las generaciones futuras, para no perder lo que otros antes que nosotros nos dejaron al costo de incluso perder la vida, ni repetir por ignorancia o conveniencia, los errores del pasado. La pérdida de la memoria es la pérdida de identidad y la capacidad de ser consecuentes en nuestras vidas, sin embargo en este momento la coyuntura, casi un imperativo de supervivencia nos coloca contra la misma corriente, sin embargo estoy seguro que saldremos más claros y más fuertes de la situación.

Introducción a la conferencia "Pena de muerte y derecho penal del enemigo"

2010-05-21T15:10:00.004-05:00

Conferencia organizada por Manos & Cerebros (20 de mayo de 2010)

Los temas de las conferencias de hoy, “Derecho Penal del Enemigo” y “La Pena de Muerte desde una Perspectiva de Derechos Humanos” surgen de la intensificación en el discurso público y político del aspecto represivo como pretendida solución al incremento en número, violencia y visibilidad de la actividad criminal, siendo la máxima expresión de este esquema de pensamiento las propuestas de pena de muerte o prisión perpetua y el constante cuestionamiento a la vigencia de las garantías ciudadanas propias de un Estado democrático de derecho, vistas como obstáculos en la “lucha contra el mal” dirigida por lo general hacia la delincuencia común y no otras formas de delincuencia menos “espectaculares” pero quizás mucho más dañinas en términos de cantidad de víctimas y efectos negativos sobre la sociedad.

Cabe hacerse la pregunta, ¿quién mata más, el homicida común, el político, funcionario y empresario corrupto que desvía fondos públicos desde los programas de inversión social hacia su entorno cercano, los ejércitos que acallan pueblos que se deciden a cambiar estructuras sociales, los especuladores que destruyen economías productivas, o el modelo económico que se sustenta en el despojo de muchos y la acumulación en manos de pocos, haciendo de la alimentación, educación, salud, cultura y trabajo, bienes escasos en medio de la abundancia y el hiperconsumo?

Las consecuencias negativas sobre las posibilidades de generar condiciones sociales distintas, estructuralmente menos violentas desde la raíz, para una convivencia social más segura en todo sentido, para toda persona, en todo momento de la vida, sin pretender de ninguna manera justificar al homicida común, pero si cuestionar nuestra doble moral como sociedad y el débil análisis del problema, ¿en cuál de los anteriores ejemplos es mayor?

Hace algunas semanas en el blog de M&C realizamos un sondeo, no científico, distribuido a través de correos y redes sociales, pero que brinda algunos datos a partir de la pregunta ¿Considera usted la pena de muerte como una opción eficaz y aceptable para combatir la delincuencia?

47% es tan inaceptable como ineficaz, no merece siquiera prestarle atención como opción

27% absolutamente inaceptable (moral pura)

9% apoyo el establecimiento de la pena de muerte en Panamá (sin mayor argumentación)

5% es una opción aceptable, aunque ineficaz/eficaz y aceptable en la lucha contra la delincuencia/otro

Por distintos medios también fueron recogidas opiniones:

"la propuesta mas estúpida que he escuchado"
"no resuelve nada es volver a tiempos ya superados"
"el que mata hay que matarlo"
"claro que sí, hay que fusilar a los banqueros lava dinero, a los empresarios que se prestan para ser caretas del crimen organizado, a los curas pederastas, a los políticos que asaltan la cosa pública, a las autoridades de la seguridad nacional que venden armas a los criminales..."
"estamos en una fase de inmadurez colectiva como para aceptar tal situación dentro de nuestro sistema legal... Ademas, conllevaría necesariamente a la modificación de la Constitución"
"no estoy de acuerdo con eso, es una solución tan superficial de los problemas panameños..."
"es un retroceso hacia la barbarie..."
"sólo la considero estimable para un único delito y es el de violación a un niño o niña"
"tenemos un sistema corrupto... y aprueban la ley de pena de muerte... el uso de influencias por corrupción es muy común aquí en Panamá... ahora toman a una persona y la sentencian a muerte...tu no sabes si la involucraron para matarla usando las malas influencias... después de su deceso se averigua que era inocente... quien respondería por ese daño... creen que alguien saldría responsable por el "supuesto" error ?"
"si arrestan arbitrariamente y todos los días a panameños en estos operativos de profilaxis social, o como cuando recogieron en un solo trasmallo a suntracs y transeúntes durante las marchas de hace dos semanas, qué nos garantiza que las sentencias capitales no sean igual de absurdas y discrecionales? ...se presta para muchas cosas horribles"
"es una pésima idea. Como la de usar las cosechas de comida (maíz) para hacer combustible... mientras la gente se muere de hambre"
"es tan inaceptable como ineficaz ya que en aquellos países que existe no han dejado de darse las atrocidades que leemos todos los días en los medios"
"a grandes males, grandes remedios. En los casos de violación a infantes menores de 10 años, minusválidos o con retardos mentales, homicidios por robo, donde actualmente, los delincuentes están sobre protegidos por los mal llamados "derechos humanos"... Por qué carajo, los mal llamados "derechos humanos no van a USA a reclamar los derechos de los condenados por delitos en primer grado y que los envían a la "tostadora"? No estoy de acuerdo con la inyección, que le apliquen la tostadora... también estoy de acuerdo a que se le aplique esta pena a todos los desgraciados que trafican con estupefacientes, que envenenan nuestra sociedad"
"Ojo por ojo y terminaremos todos ciegos. La pena de muerte no ha resuelto los problemas de ninguna civilización. Al contrario, promueve la espiral de la violencia. La resolución de conflictos sociales pasa por transformar una cultura de violencia y de muerte, en una cultura de paz fundamentada en la justicia social y el bienestar colectivo. Cultivemos la equidad social y no habrá necesidad de tantas cárceles ni medidas tan irracionales como la pena de muerte"

Una última aportación hace varias referencias a un estudio de la Universidad de Barcelona:

No está demostrado, que la pena cumpla una función de prevención general negativa, o sea de intimidación a los potenciales infractores.
Los Tribunales ejercen una selección entre los autores de los delitos, ya sea por motivos económicos o étnico-raciales... la diferencia de recursos económicos provoca que frente a un mismo hecho delictivo, unos puedan ser asistidos por profesionales con mayor rigor, que los otros. Por lo que se refiere al factor étnico, también en EE.UU, determinados sectores son más propicios a obtener este tipo de sentencias. Así, los chicanos, negros, etc... son los delincuentes sobre los que recae la pena de muerte
irreversibilidad de la pena de muerte respecto del error judicial... hay riesgo de condenar a un inocente... no se puede compensar al sujeto por el error.

Volviendo a los resultados de las encuestas, combinando los elementos de eficiencia y aceptabilidad contenidos en las posibles respuestas: el mayor porcentaje (47%) de quienes respondieron descartan la pena de muerte en el plano ético y en el plano técnico, 74% consideran la pena de muerte inaceptable y 52% la considera ineficaz, mientras que 14% la aceptan o apoyan, aunque un tercio de quienes no manifiestan una oposición ética no creen en su eficacia, y solamente 5% la considera eficaz. Es decir, el sondeo muestra mayor espacio para el debate sobre la capacidad que sobre la moralidad de la propuesta, y que en el escenario actual el debate político no se centra en el plano abstracto de aceptar o no la muerte de una persona como sanción por la comisión de un delito, sino precisamente en el plano concreto de la capacidad de la propuesta para resolver el problema social de la inseguridad, delincuencia y violencia.

Desde luego, la oposición ética juega en favor de la oposición general a una propuesta que no ha demostrado nunca en ningún lugar del mundo ser una solución al problema planteado, pero debe y afortunadamente puede apoyarse en razones científicas para que el populismo y la demagogia de nuestras latitudes, no conduzca por la vía de las emociones a la opinión pública hacia una mayor aprobación del discurso político que permita la transformación del ordenamiento jurídico para la incorporación de la pena de muerte.

El objetivo de esta actividad es compartir criterios para la evaluación de las iniciativas de seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos, exponiendo el elemento ideológico político del discurso que identifica como enemigo potencial a todo individuo y justifica el énfasis en el control represivo mediante una diversidad de instrumentos aplicados con una discrecionalidad cercana a la arbitrariedad, sobre quienes menos derechos ciudadanos ejercen dentro de nuestro imperfecto sistema democrático y muy relativo Estado de derecho, y a quienes cuestionan tal situación, como corresponde a una sociedad marcada por la desigualdad, la exclusión y el ejercicio tradicionalmente perverso del poder.

Una propuesta integral de seguridad tiene que basarse en la vigencia de todos los derechos humanos para todos, lo que no niega la sanción al infractor, pero siempre considerando particularidades, complejidades y la dignidad humana inherente a toda persona, buscando soluciones profundas y sostenibles a los problemas de la estructura social.

Introducción al Foro Ideológico "Juventud e Izquierdas en Panamá"

2010-04-22T16:27:00.000-05:00

Foro organizado por Manos & Cerebros, Agentes de Cambio y FES Panamá

En este foro, jóvenes estudiantes, indígenas, ecologistas, miembros de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales hablarán sobre los retos internos y externos de los sectores de izquierda en Panamá, sus temas de atención, propuestas y el papel de las juventudes en las izquierdas panameñas, en un intercambio con el público.

El momento histórico del sistema mundo y sus manifestaciones en el plano ambiental, económico y social impone la necesidad vital de construir formas de convivencia alternativas; aunque la coyuntura local de hostilidad abierta a la diversidad ideoĺógica, y a nivel regional, el retorno a modelos violentos de acceso y ejercicio del poder, no genera condiciones para que el debate social ocupe un espacio prioritario en la agenda nacional e individual, agudizando la condición del joven como sujeto en transición y reduciendo sus posibilidades de desarrollar una visión integral del mundo y la sociedad que oriente su acción sociopolítica.

La unilateralidad deteriora la democracia y la vigencia de los derechos humanos, concentra el discurso político dentro del imaginario de grupos dominantes más o menos presentes en todos los partidos, a partir de la imposición del poder real y la mayor instrumentalización de los poderes constituidos, en detrimento del poder originario dentro de la teoría del Estado Constitucional de Derecho.

Esta realidad hace necesaria la creación de espacios para compartir y acercar propuestas de transformación social buscando incidir a corto, mediano y largo plazo en los escenarios locales, regionales e internacionales.

El equilibrio entre lo colectivo y las libertades individuales, la igualdad y la diversidad biológica y cultural, el aspecto intergeneracional e internacional, el papel del Estado y su relación con los espacios y saberes locales, así como la capacidad de relacionar pensamiento y discurso con la acción y responsabilidad sobre sus consecuencias, son elementos, entre muchos otros, a considerar en la construcción de propuestas diferenciadas, viables y efectivas.

La juventud juega un papel fundamental en la construcción de capacidades, conocimientos y actitudes para fundamentar la realización de estas transformaciones sociales, ejerciendo tanto la crítica y la propuesta hacia la sociedad, como la autocrítica y propuesta a lo interno de las organizaciones, lo que pasa por el estudio de la realidad y el reconocimiento de limitaciones y equivocaciones.

Comentarios al ensayo "Retrato Escrito de la Corrupción" de Raúl Leis

2010-02-26T16:04:00.002-05:00

Buenas noches a todos y todas, especialmente a los trabajadores de este hotel que nos permiten realizar este evento como debe ser.

Es para mí motivo de orgullo comentar el ensayo “Retrato Escrito de la Corrupción”, del profesor Raúl Leis, dentro de los aportes de la Fundación Friedrich Ebert al perfeccionamiento de la democracia, observando el fenómeno social de la corrupción y su acción específica sobre el sistema político como fuente de inestabilidad institucional en América Latina y específicamente, en nuestro país.

El ensayo trasciende nuestras expectativas, pues no trata la corrupción desde el tradicional prisma legalista o de la crítica a la práctica política, sino que lo observa en su complejidad, estableciendo interconexiones existentes pero no siempre evidentes con la dimensión cultural, la globalización hegemónica, la legislación electoral, entre otros.

Acierta en arrancar con un análisis amplio de la conexión entre corrupción y el sistema judicial, destacando las inconveniencias de la amplia discrecionalidad política y administrativa en los procedimientos de selección de la fuerza de trabajo, en la instrucción del delito, la interpretación de las leyes por las tribunales, alcanzando el sistema penitenciario con la imposición y cumplimiento de las penas, el desigual acceso a la tutela jurisdiccional y en general, los efectos diferenciados de la justicia sobre distintos sectores sociales.

Digo que acierta al iniciar considerando estas interdependencias de carácter negativo (o complicidades con los poderes fácticos) que condicionan los resultados y obstruyen el cumplimiento del papel posible de la administración de justicia como equilibrio de un Estado de derecho democrático, por la importancia fundamental que tiene ese papel, el cual sería posible cumplir a cabalidad si los jueces como cuerpo (destacando notables excepciones) tuvieran la capacidad intelectual y sobre todo ética de jugar un papel institucional menos modesto, por no decir mediocre.

Desde luego esto implicaría una mayor presencia social de los magistrados y una segura confrontación con los órganos que controlan nombramientos y presupuestos, pero sería un avance para la sociedad y para la institución.

Este espacio concluye con las preguntas del autor: ¿pueden las jueces ser independientes del poder que los nombra?, ¿cómo superar la corrupción?, ¿cuál es el papel de los jueces en la sociedad actual, en relación a la arbitrariedad, la delincuencia y el abuso?

Luego acierta con en la sección “Las múltiples caras de la corrupción: el pez se pudre de la cabeza hacia abajo”, cuando señala el poder económico y político como agente desencadenante de la corrupción como fenómeno social, involucrando funcionarios y particulares con el poder de influir o decidir. Enuncia y explica las modalidades de la corrupción: social, privada y pública, administrativa y política.

Presenta la realidad social y política, determinada en última instancia por la economía, generando corrupción, desigualdad y exclusiones que se refuerzan mutuamente hasta conformar un ambiente en donde como siempre, el primer valor moral es sobrevivir.

Se pregunta entonces ¿estamos condenados, a continuar viviendo en la corrupción, “a niveles que dañan y afectan seriamente al desarrollo de la sociedad, la economía y la democracia misma”?

Plantea reiteradamente en el ensayo, la necesidad de una movilización ciudadana mediante una nueva ética de la política. Acierta nuevamente, pues un problema social político no se soluciona a través de normas de derecho y en todo caso, tales normas y conductas institucionales no provendrían de los diputados que hoy hacen las normas a solicitud del ejecutivo o del dueño del partido (que es lo mismo), de los ministros que nombra el mismo, de los magistrados que también nombra y el legislativo “ratifica”, todos los cuales se controlan, investigan, juzgan y condenan mutuamente en el plano solamente de lo ideal; tampoco provendrían las soluciones de las fuerzas económicas que han estructurado el país y a sus partidos políticos como medio para acceder al gobierno dentro de una apariencia democrática y revestir de legalidad a su forma de vida: la realización de actividades económicas muy cercanas a la especulación y la corrupción. La corrupción existe porque existen corruptos, y leyes e instituciones hechas a la medida para proteger a los corruptos.

Continua el libro describiendo la corrupción en sus formas, medios, origen, interconexiones, dimensiones (menciona el abuso del poder económico y político, inexistencia o debilidad de mecanismos de control, ética permisiva).

Sobre la dimensión política del abuso del poder, trata sobre la necesidad de mecanismos de consulta y participación, el deber de organización de la sociedad, el deber de protestar y proponer, la necesidad de límites institucionales y cívicos a los marcos de excesiva discrecionalidad aprovechados por nuestros regímenes presidencialistas

En la dimensión económica hace otra interesante conexión con las normas que regulan los intercambios comerciales entre países y regiones con profundas asimetrías ayudando a agudizar desigualdades internas, y con las acciones de las empresas transnacionales “portadoras de coimas y sobornos que contribuyen a generar pobreza e inseguridad en los países, sin controles nacionales e internacionales que prevenga esta situación”.

En todo el ensayo se observa que ante una realidad social de constante deterioro, la acción social necesaria contra la corrupción requiere ética y ciencia para hacer desde su origen una política distinta. Sin pretender decir que el cambio social reside en el individuo y el posible aislamiento que podría generar ese planteamiento, es indudable el valor del compromiso subjetivo y militante con una transformación social.

Asumir que las cosas son así, hay que adaptarse, siempre han sido así, no hay forma de cambiar, la política es por esencia corrupta, el poder inevitablemente corrompe, y que por lo tanto es mejor no participar, son de las más comunes y contraproducentes actitudes y conductas en grandes sectores de la población.

El que quiere cambiar este país no puede quedarse en su casa. Las decisiones fundamentales del país se toman en los espacios políticos, aunque no nos gusten. Abandonarlo es dar cancha abierta a que siga ocurriendo lo que ocurre. La política no es ni mala ni buena en sí, es socialmente inevitable, lo "malo" o "bueno" son los medios y los fines de las prácticas políticas. Además en este país, lo que le llaman política quienes ocupan esos espacios, es politiquería, cargada de ignorancia y pereza mental. Por el contrario, hay que participar, si se quiere mejorar este país.

Lo contrario es renunciar preventivamente por "miedo a la tentación", por inseguridad en nuestras bases, por el "quizás" o el pesimismo y además justificar a priori la conducta equivocada de quien llega a un puesto de gobierno porque el "poder corrompe" lo cual no es necesariamente cierto o invariable, pues nadie se daña más de lo que ya estaba, o tenía la disposición de estar.

Al descalificar en abstracto la política y confundirla con la politiquería, cada día nos obligan y nos obligamos a la quietud, para después quejarnos de lo que otros hacen. Hay que participar, sin embargo a nadie se puede obligar, en eso sí es básica la disposición mental propia de hacer o dejar que otros hagan lo que les de la gana.

Muchas otras interconexiones son visibilizadas en el trabajo: de la corrupción con los medios de comunicación, sociedad civil, movimientos sociales, opinión pública y alianzas de actores sociales.

Aprovechando el sentido amplio que da el autor a la corrupción, y el sentido amplio del término corromper (alterar, trastocar, echar a perder, dañar, pervertir, viciar, fastidiar, incluso oler mal) quisiera aprovechar para señalar algunos ejemplos:

1. que la tierra tradicional de un pueblo sea dada en concesión a una empresa transnacional, que esta tierra concesionada sea vendida y sean desalojados los pobladores, demostrando que el empresario, la empresa (sea ganadera o hidroeléctrica), en fin: el lucro, pesa más que la dignidad humana y existencia de todo un pueblo y una cultura, como le ocurre a mis compañeros Naso, ahí está la corrupción.

2. que los mecanismos de consulta y participación en proyectos de explotación de recursos naturales se puedan realizar a 6 horas de la comunidad afectada, para que ésta si se entera, le sea lo más difícil posible llegar contando la distancia y sus escasos recursos, y si llega, tenga que contrarrestar los buses de gente que se alquila para firmar cualquier papel, como es el caso de innumerables proyectos hidroeléctricos y de minería, ahí está la corrupción.

3. utilizar antimotines, policías, corregidores, gobernadores, directores de política indigenista, diputados y ministros sólo para desalojar tierras, destruir centros comunitarios, saquear cultivos, derribar hogares, escuelas y favorecer intereses privados, ahí está la corrupción.

4. alterar planes de estudio para adaptarlo únicamente a las necesidades de mano de obra del mercado, y no para la construcción de ciudadanía, debilitando “de paso” las condiciones laborales de los docentes y por tanto, un sector social organizado, ahí está la corrupción.

Todas estas acciones han sido sistemáticamente realizadas por todos los gobiernos anteriores desde que tengo memoria, todos los anteriores y el actual gobierno.

Concluye el autor con una agenda mínima: investigación y castigo a los casos de corrupción, procesos de movilización cívica y ciudadana, auditoria social y control ciudadano, realizar diagnóstico de vulnerabilidad a la corrupción en las instituciones.

Incluye otras propuestas: reformas administrativas para reducir conflictos de interés, buscar independencia del poder judicial y reformas al sistema político.

Insistimos, creyendo que está en la línea de la obra o al menos provocados por ésta, en la necesidad urgente de ética y ciencia en la acción política, pero acción concreta porque el cuestionamiento y la palabra ayudan, pero sólo la acción transforma, y la tolerancia o indiferencia al absurdo nos convierte en peso muerto y cómplices aunque sea por omisión, adoptando tal estado como posición política.

Citando una obra de Aníbal Ponce: “hay una guerra de todos los días, de todas las horas...el menor de los actos tiene así un significado preciso. Sepamos para quien trabajamos. Cada desfallecimiento es un triunfo de los otros, cada inconsecuencia una traición”.

Gracias.

*Comentarios realizados a nombre del Colectivo Derechos Humanos-Universidad de Panamá,
el 25 de febrero de 2010, en el Hotel Miramar, ciudad de Panamá,
en la presentación del libro "Retrato Escrito de la Corrupción" del profesor Raúl Leis,
evento organizado por la Fudación Friedrich Ebert.

El libro está disponible en versión digital aquí

Conflicto SocioEducativo 2010: apuntes entre una agenda neoliberal y la Propuesta de Transformación Educativa Integral

2010-02-12T00:03:00.002-05:00

Convenio 169 OIT y la lucha social política en Panamá

2009-09-27T15:52:00.014-05:00

            "Su ratificación es un acto de justicia histórica y ofrecería protección jurídica a una serie de derechos ciudadanos, cuya vigencia permitirá sentar las bases materiales e institucionales para revertir una situación de injusticia, desigualdad y exclusión social, económica y política, lo que será un paso adelante hacia una democracia profunda y participativa de toda la sociedad panameña, así como hacia la vigencia de un Estado de derecho respetuoso de la dignidad humana de todos los seres humanos... [para leer el trabajo completo, haga clic sobre la "página" a continuación]

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...estamos ante un conflicto real que no se resuelve con la aplicación del principio de soberanía absoluta de un Estado -útil para proyectar una imagen forzada de unidad- ni con la enunciación de una norma, sino con el reconocimiento de la multiculturalidad y la construcción de una sociedad intercultural, así reflejada en sus instituciones: la transformación del Estado, radical porque está basada en otra forma de comprender las relaciones entre los seres humanos dentro de la naturaleza como parte del sistema mundial,traducida en otra cultura política que defienda las identidades, las diversidades y las posibilidades, porque es justo reconocer que todos somos tan iguales como diferentes y que no existe ninguna razón que justifique el dominio de unos sobre otros".

Anel Omar Rodríguez Barrera...y todos

2009-03-13T12:14:00.006-05:00

Publicado en Hora Cero, TuPolítica.com, Buscando Camino, Kaosenlared y El Panamá América

En realidad nunca conversamos como tal, la primera vez que lo vi, trabajando, yo tenía 10 años.La última vez que lo vi, trabajando, fue hace poco más de un mes.Siempre lo vi en el trabajo o intercambiando posiciones de manera productiva con otros.

Por eso, como ya dije lo considero "una buena persona, un hombre digno, con quien se podía hablar, a quien nunca se le subieron los humos, trabajador...una real pérdida".

El hecho de formar parte de espacios políticos divergentes, aunque hayamos compartido posiciones ideológicas, no cambia mi percepción ni para bien ni para mal.

Y si yo, que solamente tenía esa imagen lejana lo siento como pérdida, sentimiento compartido por gente de cuyo criterio confío, comprendo cómo se encuentran quienes estuvieron mas cercanos, compañeros, amigos, familiares, copartidarios.

También fue notable su esfuerzo humano, dentro de la maraña burocrática clientelista, por desarrollar los espacios culturales y la presencia del INAC, tema e institución "de tercera" para nuestras estructuras políticas plagadas de culpables de ignorancia por conveniencia y convicción, en las cuales el hoy desaparecido era notable excepción.

Sin embargo, es en los momentos difíciles donde hay que definir posiciones y demostrar la capacidad para tratar con las consecuencias de nuestras declaraciones y acciones. No es porque hayan asesinado a Anel Omar Rodríguez Barrera, o a cualquiera de nuestros conocidos estimados, que el discurso de mano dura adquiere legitimidad o viabilidad.

Aceptar tal secuencia, sería negar la dignidad inherente a todos aquellos que día a día han estado muriendo consecuencia de una violencia que no encuentra su raíz en los barrios de clases populares, sino en la exclusión sistemática y la negación de derechos a la cual han sido sometidas estas poblaciones, generando condiciones de vida bochornosamente desiguales en la estructura social, en un contexto de competencia y consumismo, con todas las consecuencias que de tal imaginario y realidad social se pueden derivar, entre ellas, la delincuencia común, último eslabón de una cadena delincuencial surgida desde el poder que instaura el acomodamiento de la imagen como norma moral y la corrupción como metabolismo de país. ¿Dónde buscar entonces los verdaderos culpables?, ¿dónde empezar a hacer la “profilaxis”?

No es porque murió el amigo del presidente que ahora toca reforzar la seguridad, primero porque el Estado, idealmente, no es para los amigos, segundo porque mantiene el mismo enfoque reactivo-represivo-selectivo y poco democrático de la seguridad. Tampoco porque en su momento fue asesinado el guardaespaldas del alcalde capitalino es válida su evidentemente hipócrita y electorera indignación, cuando por diez años su administración fue una desgracia para esta ciudad en todos los aspectos.

La seguridad también la perdieron las víctimas del bus incendiado, del dyetilenglicol, los taxistas asesinados, los jóvenes de Jaqué, los muertos de hambre y parásitos, los trabajadores de la construcción, los jubilados con miserias y sin medicinas, los niños sin escuela, los desplazados por megaproyectos, los detenidos sin alternativas, en fin, todos los seres humanos que en su igualdad han sufrido históricamente las consecuencias de la acción u omisión del poder público, de quienes lo han ejercido consciente, voluntaria e irresponsablemente entre carnavales, propaganda, adendas y otras desviaciones desde tiempos inmemoriales, sin la mínima posibilidad de inicio de cambio con las escuálidas ofertas electorales.

Hacia allá, radicalmente hay que mirar, aunque en la coyuntura electoral sea más fácil encender el discurso y estremecer las ramas a ver que cae apelando al esquema de pensamiento inmediatista, dejando intacto el conflicto central generador del problema específico.

No debemos dejarnos llevar por la desventura ni contribuir indirectamente con ella, porque ni el temor ni la venganza nos llevarán a la libertad o la justicia. Hoy papá me dijo que iba a salir y finalmente me preocupó.. Ayer mamá me dijo por enésima que ya no se puede salir a la calle, y finalmente sentí que tenía razón y no exageraba.

Solamente si pensamos con la razón, si nos tomamos en serio el mundo, la vida, si adaptamos positiva y constructivamente la verdad de que en efecto, sólo el pueblo consciente salva al pueblo, lograremos salir a mediano plazo de este circo trágico.

mastranto y champagne

2009-02-17T19:54:00.000-05:00

de Boquete vengo. tuve el privilegio de alojarme en el hogar de cinc y cartón propiedad de un compañero al que no han alcanzado aún las oportunidades. el banquete de la cena fue arroz, salchichas y lentejas. no hubo café para el desayuno, pero como la naturaleza siempre regala todo lo que tiene hasta que llega el "señor" con la consigna de joder o dañar, aprovechamos un delicioso té de mastranto.

el sitio era limpio y sobre todo digno, con las comodidades y limitaciones propias de los que vivimos de nuestro trabajo y no del ajeno, la especulación o de la renta de la demagogia política (si acaba de pensar en Martinelli o Balbina, y sobre todo, si piensa botar su voto, su tiempo y su dignidad con ellos, pues no es mi culpa)

he conversado bien, hemos aprendido y tenemos proyectos. no tengo quejas.

bueno, tengo un par...para no aburrirlos. muchos de los montes que forman el entorno han sido "desarrollados" en barriadas sin un palito, resorts y casas de blancos gringoscanadienseseuropeosaustralianos (¿hay diferencia si son de los que son?) pendejos que despúes de joder desde su país el mundo, ahora no se lo aguantan y buscan retiros de agradable clima jodiendo el clima en en el camino, y a nosotros en vivo y en directo como elemento colateral del proceso.

también hay casitas de barrio alto local, donde habitan seres de tan baja autoestima que requieren mimetizarse culturalmente con los arriba mencionados para de una vez por todas acceder al reino donde no sabes que es el guarapo, pero sí el champagne.

además he visto cajetas de cemento por suficientes lados, con tan pésimo gusto y desubicación que me hicieron sentir en esta ciudad que "progresa", en casa. cabe tanta destrucción en el progreso y tanta desigualdad en el desarrollo que ambos mitos deberían abolirse y condenar penalmente su uso.

pero he conversado bien, hemos aprendido y tenemos proyectos. seguimos luchando.

Limitaciones a la participación política en Panamá

2009-01-12T13:52:00.008-05:00

Publicado en TuPolítica.com, La Estrella de Panamá y Expresiones nº 118

Mediante la participación política, los ciudadanos buscan acceder al poder del gobierno para orientar las políticas públicas del Estado sobre la sociedad en determinado sentido con una visión específica del mundo. Según nuestra constitución, los partidos políticos son instrumento fundamental para tal participación, pero de ninguna manera los únicos posibles y necesarios para expresar el pluralismo de ideas que en su dinámico accionar determinan la voluntad de un pueblo, raíz última y ahora sí, única legítima, de los poderes públicos establecidos.

A partir de una deformación en el ejercicio del poder legislativo por parte de los poderes económico-políticos tradicionales, se han cerrado de hecho las vías de participación a un gran porcentaje de ciudadanos que no comparten el ideal o la práctica de los partidos existentes, aunque se mantengan vías jurídicas formales desconectadas de la realidad culturalmente deficiente (clientelismo) del sistema social político panameño.

De tal forma se prolonga la contradicción entre las necesidades concretas de todos los ciudadanos, las posiciones partidarias y las medidas de gobierno, que llega hasta la negación final del derecho a una participación efectiva, o su ejercicio controlado sobre ofertas prefabricadas e indiferenciadas en cada elección para configurar la imagen de un sistema democrático representativo en el cual la representatividad es cuestionable a tal nivel por lo forzado y mal distribuido de la representación, que finalmente desvincula objetivamente nuestra forma de gobierno de principios democráticos fundamentales.

Las restricciones al derecho de participar políticamente se hunden en las desigualdades de carácter educativo, salud y discriminaciones históricas de toda índole, aunque en lo inmediato se ubican en torno a la prohibición de candidaturas independientes al cargo de presidente, los obstáculos jurídico materiales a los demás puestos de elección popular y para la conformación de fuerzas alternativas por vías legales que permitan su participación efectiva en el sistema político, constituyen el ejemplo palpable de un sistema político económico que pretende autosustentarse mediante el acaparamiento del acceso al poder por vías subordinadas a sus particulares intereses bajo la apariencia del imperio de la ley, sin espacios de incidencia y control ciudadano independiente.

Tal secuestro de la actividad política y de las instituciones es un atentado al desarrollo democrático y constituye incumplimiento de la obligación de todo Estado a respetar, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos en general, y específicamente los derechos civiles y políticos en condiciones de igualdad, consagrada en las más altas normas de derecho interno e internacional que deberían regular efectivamente nuestra convivencia social.

Dentro de los casos expuestos, la ley electoral a todas luces ha rebasado a la constitución o ha regulado para imposibilitar el advenimiento de una democracia amplia, profunda y libre. En su oportunidad, deben recordar los magistrados que nuestra norma constitucional, aparte de sus vicios de origen, la particularidad de sus modificaciones y la urgente necesidad de su transformación, sigue vigente y debe aplicarse, paradójicamente, como elemento para el cambio social y perfeccionamiento democrático mediante formas pacíficas.

Gaza

2008-12-29T13:50:00.000-05:00

¿qué más se puede decir?, ¿qué más se puede denunciar?, ¿qué se puede hacer para realmente ayudar desde este otro lado del mundo?. veo los bombardeos y me recuerda un 20 de diciembre de 1989. veo la gente cargando heridos y me recuerda un 9 de enero de 1964. denunciar que Israel, estadito inventado de mala forma ejerce descaradamente la violencia y el racismo no es ninguna novedad. recordar que en su interior hay gente "buena" y "mala" es una obviedad a la cual recurrir para no levantar posiciones extremas e improductivas, de esas que surgen legitimamente de un sentimiento recurrente de impotencia.

no es lógico que el ocupante se declare víctima para responder con 100 aviones de guerra a cohetes caseros (o no) de un pueblo que RESISTE. ni que la vida o integridad de un israelí tenga el mismo o mayor valor que la de cientos de palestinos. no tienen derecho a llamarse humanos, en el sentido debido, quienes practican sistemáticamente el genocidio para luego indignarse si el muerto le aparece en pesadillas, o en los ojos de miles de vivos. no comprendo como quieren que la paz se construya a partir del sometimiento del débil al fuerte, desde el despojo, desde los cementerios. el estado de Israel puede tener todas las armas y el respaldo de los gobiernos "occidentales" (más allá de los hipócritas pedidos de moderación), pero está ABSOLUTA y DEFINITIVAMENTE desarmado moralmente.

el estado de porquería que es Israel hoy, debe desaparecer. esa declaración no dice nada contra su pueblo, solamente contra quienes sostienen y aprovechan esa realidad, lo digo para que no pierdan su tiempo en responderme y llamarme intolerante antisemita quienes viven de la renta del holocausto de la guerra 1939-1945. el pueblo de Israel tiene todo el derecho a vivir en paz como todos los pueblos del mundo. seguro que otros problemas ocuparían nuestro futuro si hoy dejara de existir, pero no puedo hacer más que actuar sobre nuestro presente.

el estado de Israel APESTA, genera verguenza. ya amanecerá el día de su hora. aún con todos nuestros muertos, quizás por ellos, con ellos y gracias a ellos, Venceremos.

¿a quién sacamos de la calle?

2008-12-17T14:17:00.000-05:00

..."sacarlos de la calle" fue la respuesta del nuevo ministro de gobierno y ¿justicia? respecto al constante tema de inseguridad. Para tal objetivo, luego de profundos estudios, plantea la novedosa idea de aumentar las penas (otra vez) y el número de policías.

Nada sobre evitar que las condiciones socioeconomicas se reproduzcan y empeoren dentro de un modelo de "desarollo" depredador de gente, culturas y naturaleza.

Nada sobre hacer podrir en la cárcel a los que roban millones de los fondos públicos para vivir ellos bien haciendo vivir mal al resto, moviendo con sus firmitas la perversa máquina a su favor.

No lo va a decir, eso sería sacar de las calles a los que hay que sacar: a quien lo nombra, a sus colegas excelentísimos señores ministros y al ejército de rémoras, lambones y clientes que sostienen insosteniblemente al sistema.

En este paisito cualquier bruto con mierda en la cabeza se pone una corbata y llega a ministro o presidente, solamente debe saber repetir la receta, hacer eco, bulla.

*en la foto, de izquierda a derecha, Dilio Arcia, Daniel Delgado Diamante y Salvador Rodríguez, tres buenos ejemplos de brutos con corbata.

nosotros, los bárbaros

2008-12-17T12:00:00.008-05:00

Iraq. 1,250,000 muertos. 4 millones de desplazados y refugiados. Un país destruído.

Y aún tienen la desfachatez de llamar "barbárico e ignominioso" al zapato arrojado de Muntazer al-Zeidi.

Del diccionario de la RAE, barbarie (Del lat. barbarĭes).
1. f. Rusticidad, falta de cultura. 2. f. Fiereza, crueldad.

Yo quiero ser así de bárbaro, rústico, inculto, tener ese grado de fiereza y crueldad que me impulse a tirarle zapatos a un asesino.

No quiero jamás llegar al grado de civilización, delicadeza, cultura, dulzura y compasíon, que me permita arrojar "preventivamente" bombas a un pueblo.

Estoy, aunque sea a esta distancia, con al-Zeidi y su pueblo. Con todos esos pueblos. La historia no se detiene, aún con todos nuestros muertos, Venceremos.

Sobre todo,
sean siempre capaces de sentir
en lo más hondo
cualquier injusticia cometida contra cualquiera
en cualquier parte del mundo

de una conversación sobre medios de lucha

2008-12-13T10:07:00.000-05:00

en respuesta a la pregunta de un amigo, comparto estas ideas...

lucha:

1. Oposición, rivalidad u hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse el uno al otro.

2. Esfuerzo que se hace para resistir a una fuerza hostil o a una tentación, para subsistir o para alcanzar algún objetivo.

pacífico:

1. adj. Tranquilo, sosegado, que no provoca luchas o discordias.

2. adj. En paz, no alterado por guerras o disturbios.

3. adj. Que no tiene o no halla oposición, contradicción o alteración en su estado.

Vivimos en una sociedad dividida en clases, cada vez más polarizadas y antagónicas en sus intereses. El conflicto inherente a tal forma social ha sido y es permanente pero tiende a agudizarse, las contradicciones son más evidentes.

La lucha por superar tales condiciones ha sido constante con períodos de mayor o menor violencia externa donde prevalece la teoría o la acción, si bien ambas se encuentran siempre presentes y dependen la una de la otra.

Más que lucha pacífica, conociendo el carácter violento del poder instaurado, diría lucha por medios pacíficos, por parte de los sectores oprimidos (ej. Gandhi), pero lucha al fin. Y luchas por medios violentos (ej. Guevara), de parte de los oprimidos, cuando la violencia de los opresores en su resistencia al cambio lleva a la sociedad a una conforntación abierta.

En fin que la lucha existe, manifiesta conflictos reales producto de una sociedad contradictoria, sólo cambian (y se complementan) las vías de lucha, ambas legítimas y necesarias según sean las necesidades igualmente legítimas de quienes la invocan y practican, según sea la violencia/resistencia del poder establecido.

Digo que no existe lucha pacífica, sino lucha por medios pacíficos, de nuestra parte. Por la parte contraria, que impone la violencia en el sistema, no se puede hablar de paz.

Lo que no podemos hacer, es ir tontamente a la lucha frontal en desventaja material y/o intelectual. Lo que debemos, luchar por todo medio viable y necesario, acumulando fuerza humana consciente, victorias en lo científico intelectual frente a las mentiras del poder y en lo físico material.

Creo que la lucha empieza por armarse en la cabeza pero termina lamentablemente en las armas, hay que ir responsable y constantemente paso a paso hasta el final, para el cual considero vital que exista el suficiente fondo para sostener una victoria costosa en términos de vidas humanas.

Por eso considero poco responsable el inmediatismo, coyunturalismo del cierre violento que no suma ni gente, ni victorias intelectuales, ni materiales, y sólo sirve para liberar hormonas, si esos mismos individuos no se dedican a un esfuerzo constante individual y junto a las comunidades.

Conste que no descarto el método, estuve allí mientras pude, de alguna manera me tocará estar ahí de nuevo, pero honestamente no es suficiente ni productivo per se para nuestra lucha en las condiciones actuales.

Igualmente jodido está el exquisito intelectual que tenga asco a sudar en la marcha, ensuciarse las manos con la tierra y soltar un balazo el día que sea necesario; como el terco que cree ayudar al pueblo liberando su stress, sin esforzarse por construir alternativas haciendo 'sudar' el cerebro. Por eso, para estar lamentablemente ahí, porque es 'justo y necesario', y consciente que nadie tiene asegurado llegar a saborear el día de la victoria cuando se mete en ésto, por eso hago el trabajo que hago.

Les dejo con un código de ética cortísimo, completo y fundamental:

A mis hijos

Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto:

Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre Uds.

Casi no se acordarán de mi y los más chiquitos no recordarán nada.

Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones.

Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.

Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de

Papá

de una conversación en torno al sistema político electoral panameño

2008-12-13T00:01:00.003-05:00

...Sin embargo, el punto es que en este momento la ley electoral no permite la postulación independiente a la presidencia, rebasando la constitución. Las condiciones de participación no son equitativas para quienes dominan la estructura y para quienes buscan alternativas, reformas o transformaciones más profundas. Ejemplo de lo dicho son los fondos públicos asignados a los partidos, y la diferencia entre la facultad que tiene el ciudadano para poder cambiar entre partidos simplemente con una firma, no permitida con la misma facilidad para apoyar postulaciones independientes o la conformación de nuevos partidos. Considero que esta situación enseña como ajustada a la realidad, la idea de que no existe peligro alguno en la alternancia en el gobierno y en la cuota de adherentes entre los partidos existentes, todos los cuales responden a factores reales de poder [económico tradicional]. El "problema" está entonces en permitir alternativas reales y de tal manera buscan no permitirlas.

Para la conformación de partidos políticos, obligatoriamente a nivel nacional, se establecen una serie de exigencias como el número y la distribución geográfica de los posibles adherentes que dificultan sobremanera la tarea. Desde luego, la creación de obstáculos por los sectores dominantes no es invención panameña, es motivo de denuncia más no de llanto, sencillamente es una realidad a la cual se enfrentan los procesos de construcción de fuerzas políticas dentro del marco limitado, hecho a la medida, y siempre superable de la legalidad.

El discurso del status quo -el cual por cierto tiene la pésima y rentable costumbre de vestirse de progresista, tolerante, democrático, ilustrado y pluralista- entonces alega que si no se tiene la "capacidad" para consolidar el proyecto alternativo de acuerdo a las exigencias legales y los medios "democráticos", pues se demuestra lo inviable o innecesario del proyecto por "no corresponder a una aspiración de la sociedad."

Ésta afirmación podría tener cierta validez hasta determinado punto, pero lo que no podemos olvidar es que la realidad material es superior al ordenamiento jurídico: nuestros partidos políticos subsisten capitalizando las deficientes condiciones de existencia de la mayoría de los panameños, es decir, que el sistema político tiene sustento en el clientelismo, situación absolutamente compatible con un Estado que se fundamenta en el ejercicio profesional de la corrupción en sus diversas manifestaciones como forma de subsistencia y reproducción, aprendida desde los días de la "conquista" española, hasta este momento, pasando por nuestra "independencia", nuestra "separación" y nuestros "procesos", lo que configura relaciones profundas de dependencia entre el poder socioeconómico que ha establecido la práctica, el partido o candidato y el elector/cliente ávido de un "resuelve".

El acceso al gobierno es la fuerza de nuestros partidos actuales, es una manera de defenderse en conjunto de quienes los integran y asegurarse 5 años de bonanza con una alternancia en el poder que simula un estado democrático y mantiene cierto balance perverso y cada día más insostenible.

Independientemente de declaraciones, programas, planes (en caso de existir), éstos no se concretan en una práctica de gobierno acorde con sus ideologías declaradas, ni se evidencia mayor diferencia en las políticas públicas entre un partido y el otro. Nuestra población en su mayoría no tiene profundas definiciones ideológicas, los números de adherentes que alardean nuestros partidos no son más que reflejo -habrá sus excepciones- de la miseria espitirual y material de gran parte de nuestra población, de la necesidad de subsistir del ser humano sea cual sea el entorno en que haya nacido, y de la entronización en la conciencia colectiva de nuestra más arraigada concepción del mundo: el juega vivo nuestro de cada día.

2008-10-23T16:19:00.000-05:00

respecto al caso del cabo A. García (muerto en 1970), que involucra a Daniel Delgado Diamante, quiero hacer unas anotaciones. a partir de las noticias difundidas por el diario La Prensa, en varias conversaciones durante la presente semana, emití conceptos fundados en la versión del diario en mención, dejando entrever una innegable culpabilidad del ministro/exministro (no sé cuál sea su status exactamente)-

sin embargo, a partir de otra versión aparecida hoy en El Panamá América, igualmente creíble, reconozco equivocaciones de mi parte, y menciono el contexto en el que se desarrollan (sin pretender de ninguna manera justificar el auto-reconocido error)

1. ha sido fácil dejarme llevar por prejuicios, apoyado en lo que aparece como información en los medios de comunicación que como sabemos, manipulan y son manipulados por intereses económicos. ninguna de las dos versiones han demostrado ser ciertas, las dos pueden ser falsas, en todo caso cabe presumir la inocencia, y esperar (¿qué más se puede hacer?) que el MP haga un buen trabajo investigativo, así como que la justicia tenga posibilidad de encontrarse con el derecho.

2. es increíble el poder de convencimiento de los medios, más allá de la voluntad individual consciente de ser objetivo y justo. lo bueno, es poder recapacitar sin la verguenza de haber actuado en función de intereses o simple terquedad. lo mejor es aprender a cerrar esos espacios por donde se cuela a veces la irracionalidad.

3. el nivel de confianza interpersonal en nuestro país es bajo, y el de credibilidad institucional quizás peor. todo ésto se alimenta del ejercicio históricamente pervertido del poder político de unos sobre otros durante toda nuestra época republicana (y desde antes).

específicamente en este caso: las violaciones a los derechos humanos durante el período 1968-1989 y su status de materia pendiente de resolución, la instrumentalización de la "democracia" pos-invasión y su limitación a lo meramente formal-electoral, la ilusoria separación de poderes e independencia judicial, la corrupción generalizada en nuestra sociedad, la doble-triple moral, el juega vivo.

solamente espero que el análisis del caso se centre en el caso, y no en la coyuntura política o la intención existente en el hecho de presentar el caso en este momento. el muerto, muerto está, y en eso consiste el hecho.

2008-07-02T08:08:00.000-05:00

el señor Martín Torrijos Espino es un ser insípido. es incapaz de provocar la repugnancia que generaba Mireya Moscoso, la antipatía de Ernesto Pérez, la incredulidad de Guillermo Endara.

anoche a las 7 pm hablaba al país. nada nuevo. la misma pendejada de hace casi 4 años. de hecho podría decir que he venido escuchando la misma ahuevasón durante mis 29 años de existencia.

pero el hijo del general (único "mérito" que tiene para estar donde está) tiene algo más. o algo menos. es incoloro, incapaz de generar una emoción.

puede ser causa de orgasmos para los chupamedias que de aplaudirlo viven, pero su discursito de crecimiento, crecimiento...y crecimiento no provoca sino hastío, ganas de que esto se acabe ya, pereza.

es un ser inútil para grandes tareas, funcional para pasar casi desapercibidamente de la democracia formal al totalitarismo de mercado.

exacto, no hay que subestimar a los simplones.

Interés social y conflictos socioambientales

2008-06-23T16:41:00.008-05:00

Publicado en Alternativa Digital y El Panamá América (opinión, 1 de julio/2008)

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ASEP, mediante resolución del 19/10/2007, declaró de interés social y público el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos CHAN-75, CHAN-140 y CHAN-220 que buscan aprovechar las aguas del río Changuinola, otorgados en concesión a la empresa AES CHANGUINOLA, S.A.

Se pretende de esta manera satisfacer el problema de la creciente demanda de energía en el país, sin considerar los impactos negativos sobre la naturaleza, las personas y las comunidades que tiene mantener un modelo de consumo insustentable de los recursos naturales como ríos y bosques.

Dentro de unos años, el problema habrá de repetirse, y los daños habrán de multiplicarse por haber dado rienda suelta a un modelo de consumo irracional e improductivo, concentrado en centros comerciales, apartamentos y oficinas de lujo; en lugar de haber promovido el ahorro y el uso inteligente y productivo de la energía.

La acción de la ASEP se basa en la Ley 6 de 1997 que asigna carácter de servicio público de utilidad pública a las actividades destinadas a satisfacer necesidades colectivas en forma permanente. Surge la pregunta, ¿cuál es la razón para declarar una serie de proyectos de una empresa específica como de interés social, si todo el sector comparte el mismo carácter antes señalado, dirigido teóricamente hacia el bien común?

El interés social es un concepto jurídico indeterminado que sirve de justificación a la actuación del Estado, entendiendo que su intervención en la vida de todos los ciudadanos debería estar motivada y dirigida hacia nuestro bienestar. Según la opinión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá el fundamento de bienestar social e interés público significa que debe “procurarse la satisfacción y protección de intereses colectivos” entendido como la “conveniencia de la mayoría frente al egoísmo de cada cual” (fallo del 15/11/2000, Sala Tercera).

Según especialistas internacionales, “no basta con decir que hay interés público, hay que concretar en qué consiste...no se puede decir que hay urgencia sin explicar en que consiste esa urgencia y si se alude a la necesidad es preciso también explicar lo que se entiende por ella” sin embargo, “la utilidad pública o el interés social serán objeto de concreción atendiendo a los valores sociales predominantes en cada momento” (Serrano Ferrer, Motivación de conceptos jurídicos indeterminados, España).

Siendo justificante del uso de la fuerza del Estado dentro de una sociedad como la nuestra, con profundas y crecientes desigualdades entre distintos grupos humanos, se presta para que aquellos en condición de ventaja conviertan en legal cualquier arbitrariedad favorable a sus intereses, de manera que se siga agudizando la condición de exclusión social histórica de las grandes mayorías, se amplíe la brecha de desigualdad en el acceso a los beneficios de la vida en sociedad, se concentre cada vez más la propiedad de las recursos en pocas manos, afectando la sustentabilidad ecológica del país, la integridad de los espacios públicos disponibles para todos los ciudadanos y finalmente, la posibilidad del desarrollo por vías democráticas y pacíficas, como debe ser el deseo de todos.

¿Quién decide lo conveniente para todos dentro de un sistema que se dice democrático, pero que tiene grandes carencias en materia de transparencia y participación ciudadana; donde el apoyo a la educación y a la investigación científica es muy escaso limitando el conocimiento de la realidad del país y la capacidad de construir políticas públicas usando ese conocimiento; y donde ejercen gran peso los grupos de poder político y económico tradicionales a la hora de definir el equilibrio entre lo que es responsabilidad del Estado, lo que es permitido a la empresa privada y lo que es propio de las comunidades?

El problema es que dentro del gobierno, donde actualmente se toman las decisiones que nos afectan a todos, se aplica una escala de valores muy particular, que busca el beneficio y la comodidad de unos pocos en el corto plazo sin considerar el bienestar social y ambiental de las mayorías presentes y de las futuras generaciones.

La idea de interés social no puede justificar acciones por parte de las instituciones del Estado en contra de los derechos humanos dentro de los conflictos socioambientales actuales; que son producto del despojo histórico y la violencia a la que han sido sometidas a través de la historia múltiples formas de vida y culturas.

Conviene definir desde nuestras comunidades el conjunto de materias y acciones a ser consideradas y realizadas por razón de interés social, evitando que sea usado el concepto por conveniencia o capricho de un funcionario o empresario.

En este proceso es fundamental la consolidación del ejercicio democrático, participativo y coordinado en los movimientos ciudadanos y comunitarios, dirigidos a la creación de espacios propios de decisión incorporando criterios éticos, científicos y políticos, como la sustentabilidad ecológica, el respeto a los derechos humanos y la democratización de la sociedad, evidentemente distintos a los que han sostenido la idea de Estado centralizado.

La muerte del concepto de interés social

2008-06-20T09:13:00.015-05:00

Publicado en La Prensa (opinión, junio 20/2008), Kaosenlared, Expresiones (nº106), Panamá Profundo (junio 20/2008) y Buscando Camino (nº 190)

La ley 29 de 2008 de apoyo al consumidor exceptúa del procedimiento para cambios en el ordenamiento territorial de las áreas revertidas a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda desde julio de 1997 hasta junio de 2008. Aquellas que no hayan seguido las formas legales, es decir ilegales, quedan automáticamente dentro del marco de la ley por los efectos retroactivos -o por arte de magia- expresados en la norma bajo el argumento de interés social.

Anteriormente había sido demandada la inconstitucionalidad de la ley 12 de 2007 que disponía efectos retroactivos a tales resoluciones sin apelar al concepto, es decir que la simple inclusión del mismo - según el criterio del Órgano Legislativo- es suficiente, evidenciando una conducta arbitraria, absoluta y prepotente basada en un pensamiento formalista, mecanicista, legalista, poco profundo y de alcance excesivamente limitado.

Casi un siglo tomó a varias generaciones de panameños recuperar la soberanía nominal de la Zona del Canal, la cual hoy reside de hecho en los factores reales de poder económico que instrumentalizan el sistema político y jurídico en su propio beneficio, acaparando las áreas revertidas para la construcción de hoteles 5 estrellas, residenciales y edificios de lujo, megapuertos y cementeras; sin dar cabida a espacios culturales, deportivos, viviendas dignas para los sectores populares que pusieron la sangre para recuperar ese territorio y destruyendo el equilibrio natural en la cuenca que alimenta la operación de la ruta de tránsito. ¿Dónde radica realmente el interés social en todo esto?

Si la función del concepto citado es justificar en última instancia la actuación administrativa sin prestarse a permitir la arbitrariedad, mal puede colaborar su corrupción o vulgarización a la realización de sus objetivos teóricos. Por el contrario, es síntoma de superficialidad y deformación en el ejercicio de los poderes constituidos; se traduce en una desprotección real y profunda del ciudadano contra las arbitrariedades del poder, es decir, la anulación de los valores fundamentales del Estado de Derecho.

Con la intención de prolongar el caos urbanístico que consume la calidad de vida de los ciudadanos, manteniendo vigente desde las instituciones del Estado la lógica que interpreta el crecimiento económico concentrado en la zona de tránsito -no importa lo que suceda en el resto del país- como desarrollo nacional, se destruye la esencia del concepto de interés social y se subordina la posibilidad de bienestar colectivo al éxito de políticas económicas inadecuadas a nuestra realidad -por no decir históricamente fracasadas para la vida, la dignidad y la salud del planeta-, cuyas consecuencias tangibles son la agudización de la condición de exclusión social histórica de las grandes mayorías, la ampliación de la brecha de desigualdad en el acceso a los beneficios de la vida en sociedad y la concentra cada vez mayor de la propiedad de las recursos productivos en pocas manos; afectando la sustentabilidad ecológica del país, la integridad de los espacios públicos disponibles para todos los ciudadanos y finalmente, la posibilidad del desarrollo por vías democráticas y pacíficas, como debe ser el deseo de todos.

El ideal de igualdad ante la ley, justicia y seguridad jurídica que supone la existencia del derecho como norma para la convivencia pacífica en sociedad, se destruye cuando el Estado de Derecho deja al descubierto su carácter de estado de leyes a pedido.

Panamá, nación y energía

2008-05-18T19:52:00.003-05:00

Publicado en El Panamá América (opinión, mayo 18/2008), Expresiones y Kaosenlared / En reciente artículo de opinión (La Prensa, 9 de mayo), Marcelo G. Antinori, representante del BID en Panamá, nos demuestra una visión clara de nuestro país al señalarnos las "cuestiones" a ser "comprendidas por todos" para abrir un debate en torno a las opciones que atiendan "óptimamente los intereses de la nación" en materia energética. Sin embargo, el problema es de fondo con respecto a la relación sociedad/ambiente, no sólo una cuestión formal dentro de los esquemas actuales. Bajo esa perspectiva, las diferencias no se limitan a la incomprensión de elementos "técnicos", ni a la búsqueda de "soluciones eficientes" para satisfacer la demanda de energía que sostenga los índices de crecimiento; mientras personas, comunidades, culturas y ecosistemas pasan a ser daños colaterales en los conflictos socioambientales.

Enfatizar en las "inversiones prioritarias" para luego entrar a "debatir mecanismos para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos seleccionados", demuestra la subordinación absoluta de todo elemento de carácter social y ambiental a los contenidos de modelos económicos, contradiciendo el propósito de la ciencia: servir al bienestar de la humanidad.

Tampoco es cuestión de flujos de información y diálogo para que finalmente comprendamos que "las autoridades gubernamentales están tomando las decisiones correctas" y que debemos sumarnos a las ONG deseosas de "defender los intereses del país y de la sociedad" para que "Panamá tenga el desarrollo energético que desea".

En lo que sí tiene razón el señor Antinori, es que el conflicto existente involucra diferencias en nuestra visión de país, del papel del Estado, del lugar y valor de la ética y la ciencia en función de la humanidad y la política; es decir, trasciende la visión tecnicista/economicista del tema energético que provee alivios parciales y transitorios a un tema aislado del contexto. En realidad, buscamos alternativas de desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente justo, económicamente viable, respetuoso de la dignidad y la diversidad humana, semilla de una democracia real capaz de expandirse cada vez más, lo que involucra replantear prioridades y competencias para fortalecer materialmente capacidades de participación de amplias mayorías mediante una redistribución equitativa de la riqueza existente, estableciendo el desarrollo humano integral como motor de la economía de cara a obtener soluciones sostenibles y construir escenarios diferentes de convivencia como sociedad.

En materia energética, planteamos la necesidad de una evaluación ambiental estratégica que defina las capacidades del país, el impacto acumulado de los proyectos, la apertura de un debate informado sobre necesidades reales y alternativas para satisfacerlas con respeto a los más altos estándares en materia ambiental y de derechos humanos. En tal proceso, es fundamental detener los proyectos para asegurar la integridad de los bienes amenazados ante la profundización del conflicto, dado que no existe realmente una crisis energética en el país que sostenga la necesidad de su ejecución urgente.

Panamá es un país de enormes riquezas naturales y culturales, pésimamente distribuidas entre poco más de tres millones de habitantes, producto de un sistema político/económico excluyente. La nación se ve muy distinta entre el piso 14 y la calle, entre el área bancaria y San Miguelito, o la cuenca del río Changuinola. Su propuesta de debate sobre el tema energético parece eco de la solicitud del movimiento ecologista comunitario, pero se diferencia en un punto fundamental: nace arrogante, pretende definir deseos y prioridades a nombre de una nación a la cual usted acaba de llegar a cambio de un salario. No es conversación, es dictado.

La generación de energía y el acceso al agua como ejes de conflictos socioambientales

2008-05-04T11:29:00.029-05:00

Publicado en Rebelión, Expresiones, El Panamá América (opinión, mayo 7/2008) y Panamá Profundo /En marzo de 2008 –según información de la Secretaría de Energía- la demanda de electricidad en Panamá registró un nivel de 1,050 megavatios frente a una capacidad instalada de generación de 1,500 megavatios. El aumento en la demanda acompaña el incremento de la actividad económica en la construcción, sector inmobiliario, hoteles, restaurantes, comercio, servicios de diversión y esparcimiento. La respuesta del gobierno y la empresa privada se limita a promover proyectos hidroeléctricos sin entrar a considerar el modelo históricamente desigual y excluyente de "desarrollo", patrones y productividad del consumo energético, capacidad de carga de los ecosistemas, valor de bienes naturales y culturales, viabilidad de energías alternativas, entre otros aspectos relacionados.

El informe de la sociedad civil sobre derechos humanos en Panamá (2008) expresa que "la situación -impulso a proyectos hidroeléctricos por el Estado panameño- genera amenazas al acceso al agua necesaria para el consumo humano y la producción de alimentos, desplazamiento forzado de las poblaciones, violación al derecho a la información sobre la realización de los proyectos y sus efectos, sobre su necesidad y conveniencia para el país, violación al derecho de pensamiento, expresión, al derecho de circulación y residencia, al de reunión, asociación y protesta pacífica, como lo demuestra la práctica de constante hostigamiento, persecución y uso excesivo de la fuerza ante todo cuestionamiento, así como violación al debido proceso (detenciones sin sustento legal por más del tiempo permitido, parcialidad de las autoridades, negación de asistencia jurídica, del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ausencia de intérpretes en los casos necesarios, retardo injustificado)"

Luego de su sesión nº 92 (marzo-abril 2008) el Comité de Derechos Humanos de la ONU señalaba en sus observaciones finales al Estado panameño su preocupación por "la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica"

Respecto al problema de forma, lo anterior señala la importancia del apego al Estado de Derecho y la búsqueda constante de la justicia dentro del mismo, el respeto a los derechos humanos y los valores de una democracia participativa dentro de la convivencia social en general, y en la búsqueda de soluciones al tema específico que nos ocupa.

En cuanto al problema de fondo, tras una lectura superficial podríamos hablar de necesidad de generación hidroeléctrica adicional, ¿pero de dónde sale la necesidad de 140 proyectos en trámite? (La Prensa, 29 de abril), ¿son realmente necesarias y sustentables?, ¿por qué no avanzan los proyectos de energía alternativa presentes en información de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos?

Además Panamá está interconectada al mercado eléctrico centroamericano inyectando o retirando energía al sistema de manera constante y confiable. La interconexión con Colombia está proyectada para el 2011 con una capacidad de 300 megavatios hasta 600 megavatios permitiendo la entrada de divisas a Colombia y la reducción de costos de la electricidad en nuestra región.

En todo caso, ¿por qué no se ordena -por ejemplo- que los proyectos turísticos, residenciales, comerciales y de oficinas de lujo deben ser construidos de manera inteligente y con medios alternativos de generación de energía evitando mayores afectaciones a quienes no guardan relación con tal concepto de desarrollo ni se benefician del mismo? , ¿Es justo que –otra vez- el derroche de unos se equilibre con el sacrificio de muchos?

Finalmente me refiero a dos argumentos usados por quienes promueven las hidroeléctricas: primero, no es energía limpia, de hecho contribuye al calentamiento global con la emisión de metano y dióxido de carbono, al mismo tiempo que elimina los servicios ambientales de bosques e inunda tierras productivas.

Segundo, el agua no es nuestro petróleo. Desde la óptica mercantil quizás, incluso genera mayores ganancias con su venta, pero el petróleo no calma la sed de los seres vivos ni sostiene la cadena de vida, el agua sí; por lo tanto no puede ser objeto del mismo régimen de apropiación, trasfondo real del conflicto actual.

Recordando a Sasha

2008-04-18T23:16:00.000-05:00

TESTIMONIO/ Sobre la Movilización Nacional Comunitaria Ecologista

2008-04-03T20:08:00.004-05:00

Publicado en Rebelion

Tras la llegada de las delegaciones de campesinos e indígenas en la madrugada del día miércoles 12 de marzo y la instalación del campamento en Plaza Catedral, el documento central es entregado ese mismo día a representantes del Órgano Ejecutivo y posteriormente en la Asamblea Nacional de Diputados, así como en otras entidades relacionadas con la temática (ASEP, ANAM, Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, ecologistas, cívicas y medios de comunicación).

Las peticiones fundamentales de este documento se centran en puntos específicos:

declaración y respeto del derecho humano al agua,
el cese de todos los proyectos que ocasionan conflictos socioambientales (concesiones de agua, proyectos de procesamiento de hidrocarburos, mineros, hidroeléctricos y turísticos que afectan negativamente la vida de poblaciones y ecosistemas),
el fin del hostigamiento y violación de derechos fundamentales en comunidades como Charco La Pava,
la reparación de daños ocasionados, pago de indemnizaciones,
la apertura de mesas temáticas participativas sobre política energética, ambiental y turística con base en sistemas de información socioambiental y una evaluación ambiental estratégica sobre el impacto acumulado de todos los proyectos en la capacidad de carga del país,
ratificación del Convenio 169 de la OIT y creación de ley marco indígena en apego a sus principios y los de de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas,
hacer efectivo el derecho a la información, consulta y decisión de las comunidades.

El jueves 13 de marzo el Ejecutivo entrega una carta en la que ofrece participación a las delegaciones en el Diálogo por la Concertación Nacional (DCN) y propone notificar en "aproximadamente dos semanas" sobre futuros contactos entre las partes.

La respuesta de las comunidades y organizaciones, fechada el martes 18 de marzo al Presidente Martín Torrijos, expresa la decisión de permanecer en el campamento en respuesta a la indefinición de aquella carta, plantea la necesidad de definir día y hora para un espacio amplio de participación e intercambio directo con el jefe del Ejecutivo para plantearle la problemática, además de señalar la ausencia de garantías para la participación de las comunidades indígenas y campesinas en un DCN que no ha incorporado el tema ambiental como eje fundamental de sus conversaciones.

Atendidos finalmente el sábado 29 de marzo por el Presidente, éste acordó responder el miércoles 2 de abril respecto a dos puntos iniciales:

el problema de la presencia constante de la Policía Nacional (PN) en la comunidad de Charco La Pava (Bocas del Toro) alterando la convivencia pacífica de la comunidad,
el lugar, fecha y hora de apertura de una mesa de debate participativo para discutir integralmente y desde diversas perspectivas, el tema de los conflictos sociambentales.

Por parte de los miembros del campamento, se acordó esperar en el sitio la respuesta y la designación de la comisión en representación del gobierno que habrá de participar en el debate.

El día miércoles 2 de abril de 2008, a las 11 de la mañana se realizó una reunión de acercamiento formal para responder a tales solicitudes, estando presentes como voceros de las comunidades:

Wenni Bágamo (Movimiento 10 de Abril, Río Tabasará)
Larissa Duarte (Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre)
José Rodríguez (Frente Santeño contra la Minería)
Efraín González (Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca)

También estuvieron presentes como testigos otros representantes de comunidades y organizaciones participantes en la movilización; y como acompañantes: Susana Serracín (abogada ambientalista), Ariel Rodríguez (biólogo, Alianza para la Conservación y el Desarrollo / ACD) y Ramón H. Benjamín M. (Colectivo Derechos Humanos de la Universidad de Panamá).

Por parte del gobierno estuvieron presentes: Felipe Cano (Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, representado al Presidente), José Pío Castillero (Ministerio de la Presidencia), Diana Molo (Ministerio de Desarrollo Social), Ligia Castro, Harley Mitchell, Bolívar Zambrano y Natalia Young (Autoridad Nacional del Ambiente), Severino Mejía (Ministerio de Gobierno y Justicia, con el asesor Daniel Castilla), Ricardo Vargas (Defensoría del Pueblo, junto a otros dos funcionarios), entre otros.

Los acuerdos alcanzados en relación con los 2 puntos iniciales son los siguientes:

Se realizará una visita a comunidades afectadas como Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro, por Severino Mejía (viceministro de Gobierno y Justicia) desde las 4:00 p.m. del jueves 3 hasta el viernes 4 de abril de 2008, acompañado por miembros de la movilizacioón, donde se compromete a entrevistar a personas que manifiestan haber sufrido violaciones a sus derechos por parte de miembros de la PN, quienes de ser identificados por los afectados serán retirados del área y puestos a órdenes de la Dirección de Responsabilidad Profesional y la Oficina de Asuntos Internos.

Acabada la investigación se compromete a preparar un informe a ser entregado al Presidente de la República y al Ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante. Señala finalmente que la institución no permitirá abusos ni excesos de fuerza por los miembros de la PN.

Cabe señalar que esta visita se suma a la programada para el día 2 de mayo por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Diputados, además de otras giras prometidas por el Presidente de la República; y que al no ordenarse el desalojo de la PN del área a raíz de las serias y constantes violaciones a los derechos humanos producidas, los miembros de la movilización han nuevamente decidido permanecer en la Plaza Catedral, mientras se realiza la investigación y se reciben respuestas concretas del informe a ser preparado.

Se abre una mesa específica de debate participativo sobre conflictos socioambientales, de manera integral y desde sus perspectivas social, ambiental, cultural y legal.

De la conversación en la reunión del 2 de abril, se puede concluir que:

existe una posibilidad real de -por lo menos- debatir este tema con las autoridades actuales del país,
subsisten graves insuficiencias científicas y normativas, que limitan la posible acción de autoridades de cara a la existencia de conflictos socioambientales, las cuales son aún más profundas y preocupantes en materia ambiental e indígena,
en base al principio de buena fe entre las partes y el principio precautorio en materia ambiental, cabe la declaración inmediata de moratoria o cese de actividades en todos los proyectos señalados por afectar la totalidad de los ecosistemas y especialmente la vida de comunidades históricamente vulnerables, hasta tanto se compruebe científicamente su sustentabilidad, necesidad y conveniencia para el país, y se ejecuten alternativas en materia energética, ambiental, turística y de desarrollo humano en cumplimiento de políticas coherentes e integrales en el marco de una profundización del ejercicio democrático,
se han demostrado carencias institucionales que pueden dificultar seriamente la supervisión de funcionarios y dependencias por parte de las autoridades gubernamentales, con resultados de afectar la vida y la dignidad de las personas, consideradas individual o colectivamente.
el peligro que sufren los ecosistemas, comunidades e individuos por la lentitud de procesos administrativos o judiciales, y la dificultad de acceder a recursos judiciales rápidos y efectivos, es real y creciente,
es necesario una definición concreta de conceptos como orden público, legalidad, seguridad jurídica e interés nacional, social o público, que consideren en primer plano, los derechos y la dignidad de todo ser humano, así como la integridad del ambiente que haced posible la vida.

Solamente la unidad en la diferencia, el respeto y compromiso entre las partes, la conciencia de la totalidad del problema y la diversificación de métodos de incidencia pública en la medida de lo posible y lo necesario, permitirán construir y mantener la fuerza colectiva necesaria para el triunfo definitivo de la opción por la vida frente al modelo de desarrollo depredador que amenaza comunidades, países y al mundo entero.

Comarca Ngöbe Bugle se organiza para defender sus bienes naturales y culturales

2008-03-26T18:09:00.006-05:00

TESTIMONIO / Primer Encuentro de Organizaciones Solidarias en torno al tema de proyectos hidroeléctricos y mineros, Comarca Ngöbe Bugle, marzo 2008

Publicado en The Panama News, Expresiones nº 101 (abril 1-15/2008), Alternativa Digital, Burica Press y Kaosenlared

Al aire libre junto al río San Félix, sentados sobre retazos de sillas y cajones movidos al compás del calor del sol, con gente descansando sobre piedras y sobre la tierra misma, se realizó del 21 al 23 de marzo de 2008 en la comunidad de Quebrada del Guabo de la Comarca Ngobe Bugle (región Nidrini, distrito de Nole Duima, corregimiento de Susama), el Primer Encuentro de Organizaciones Solidarias para tratar los temas de proyectos hidroeléctricos, las exploraciones y explotaciones mineras, y de turismo residencial dentro del territorio de la comarca, así como el papel de las dirigencias tradicionales y de gobierno respecto a estos problemas.

Observando profundo respeto por quienes por más de cinco siglos han luchado por su pueblo, el evento se desarrolló a raíz de la preocupación de las comunidades indígenas afectadas dentro de la comarca por los proyectos que afectan la disponibilidad de tierras y aguas indispensables para el mantenimiento de la cultura y la vida de los ngöbe bugle, de sus generaciones presentes y futuras.

La asistencia de los participantes fue posible gracias al esfuerzo y los recursos aportados por cada persona, organización o comunidad para el transporte y alimentación de sus representantes, pero sobre todo, gracias a la disposición para resistir, enfrentar y revertir la dinámica actual de "planes de desarrollo" que amenazan arrebatarles las pocas pertenencias que aún conservan. La pregunta fue clara: ¿Si esto es desarrollo, en qué estudio se sustenta?, ¿por qué no se nos informa ni consulta?, ¿por qué se nos despoja?

Marcado por la identidad cultural y la riqueza de su concepción tradicional del mundo y la vida, así como el ánimo verdaderamente amplio de las deliberaciones, el encuentro forma también parte de la creciente movilización comunitaria, de indígenas y campesinos, organizaciones ecologistas y de derechos humanos frente a los proyectos de concesiones de agua, construcción de hidroeléctricas, de procesamiento de petróleo, desarrollos mineros y de turismo residencial que se ejecutan en Panamá con apoyo gubernamental, en los cuales ha destacado la continua violación a los derechos humanos (residencia, alimentación, reunión, asociación, manifestación pacífica).

Esta alianza de comunidades y organizaciones solicita una moratoria a los proyectos hasta tanto se defina científica y democráticamente su necesidad para el país y la sustentabilidad de los mismos en relación a la capacidad de carga de la totalidad de los ecosistemas del país.

Más allá de una comprensible desconfianza inicial hacia individuos provenientes de la sociedad que por más de cinco siglos les ha robado tierras y otros recursos por medios abiertamente violentos, por el silencio que aparenta olvido o por programas que aprovechan miserablemente la escasez material intentado reproducir el clientelismo que sustenta nuestro sistema político, la norma fue el respeto recíproco; y en medio de las carencias materiales descritas, siempre la primera bebida fue para el visitante, la mejor silla, la mesa y el lugar más cómodo para dormir, el plato de comida (arroz blanco y con suerte, frijoles o una diminuta porción de sardina o tuna) servido una vez al día, sin que fuera posible declinar los privilegios.

El evento finalizó con la resolución Nº1 del 23 de marzo de 2008, firmada por más 100 asistentes representantes de 16 organizaciones de diversa índole y distintos puntos de la comarca, solicitando el cumplimiento de la resolución ordenada desde el X Congreso General celebrado del 6 al 10 de marzo de 2006 que destituyó a Máximo Saldaña como cacique general de la comarca Ngöbe Bugle, por faltar a la ley comarcal en perjuicio de los intereses sociales y naturales de sus habitantes, negociando y aceptando proyectos en contra de la voluntad popular, resolución desatendida por el gobierno central de la República de Panamá.

También se estableció el compromiso de una próxima reunión para el mes de abril en el área de Chorcha, y se efectuó una manifestación pacífica desde el sitio de reunión, pasando por el poblado de San Félix en la provincia de Chiriquí, hasta el cruce de la carretera Interamericana para hacer pública la situación ante los medios de comunicación, y en espera de autoridades invitadas al evento, que no asistieron.

Sin haber despejado generaciones de injusticia con 3 días de convivencia, la cálida despedida evidencia el deseo que su lucha legítima encuentre compañeros sinceros ante la ignorancia, la indiferencia o la complicidad generalizada y permanente del resto de la sociedad panameña.

los valores del comercio

2008-02-14T10:24:00.000-05:00

"La Cámara de Comercio rechazó las protestas y la violencia "promovida por quienes no comparten los valores democráticos ni el estado de derecho que rige el país", y dijo confiar en que se garantice la seguridad de "la mayoría" que no comparte los métodos de protesta usados", en La Prensa 14/02/2008...

es fácil hablar de democracia con el estómago lleno y acaparando el sistema político económico. si su ideal democrático es esta partidocracia electorera, pues no comparto esos valores democráticos.

si el estado de derecho, sólo se traduce en seguridad jurídica al inversionista y no para el ciudadano, sometimiento a la ley del pequeño pero no del grande ni el Estado, pues no comparto su idea de estado de derecho.

en este país no hay democracia, ni justicia, ni rige el derecho, rige la ley, con su claro origen social elitista, y sus consecuencias sociales.

a la mierda con sus advertencias

2008-02-14T09:55:00.000-05:00

"El Gobierno de Panamá advirtió que los actos de violencia y los choques protagonizados entre obreros de la construcción y la Policía ponen en riesgo las inversiones en el sector inmobiliario, uno de los principales motores de la economía del país", en La Estrella de Panamá 14/02/2008...

uyy, q dolor!, q advertencia!, mira que es verdad, ¿cómo es posible que estos "sucios obreros ponebloques" se atrevan a afectar la sacrosanta rentabilidad de los lavadores de dinero que sostienen la especulación inmobiliaria...la misma que nos tiene en 10% el crecimiento, sin que a mí y a otros miles les beneficie un carajo!

ay no, es verdad, olvídemonos de los muertos, vámonos a casa y mañana, a doblar el lomo para el patrón...

otro muerto para la cuenta de nuestra "democracia"

2008-02-12T16:18:00.001-05:00

El día de hoy, martes 12 de febrero, fue asesinado en la ciudad de Colón, el compañero Airomi Smith, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) por parte de unidades de la Policía Nacional.

El compañero Smith fue cobardemente asesinado de un disparo por la espalda –en la Policlínica de Colón- mientras auxiliaba a sus compañeros heridos durante una manifestación obrera, en exigencia de seguridad para los trabajadores de la construcción y contra el alto costo de la vida, que asfixia al pueblo panameño.

¿quién puede ser el próximo? todo aquel que se decida a ejercer su derecho a la protesta, a expresarse, defender su vida, solidarizarse con otro versus la fuerza del dinero, todo aquel que asuma se derecho a resistir como ser humano cualquier ley que no sea conforme a justicia.

no es el primero, seguramente no será el último. en el último año han muerto 3 obreros de la construcción a manos de la policía o de sicarios de la empresa privada amparados por la fuerza pública.

la represión se covierte en norma en nuestra "democracia", como evidencian las golpizas a los envenenados de la Caja del Seguro Social en las cercanías de la presidencia; las experiencias de las comunidades indígenas y campesinas (Changuinola, Río Cobre, Tabasará, entre otros) que protestan contra violaciones a sus derechos humanos para construir hidroeléctricas innecesarias para el país o contra los proyectos de desarrollo minero a cielo abierto que afectan la sustentabilidad de los ecosistemas, o contra el despojo de sus tierras para construir resorts o residenciales de lujo.

ahora el pueblo recibe lacrimógenas y perdigones de una fuerza pública servil al interés privado, como todo el aparato gubernamental bajo administración de cualquiera de los partidos políticos tradicionales.

solicitamos a quienes se llaman partidarios de la justicia social y la dignidad del ser humano, circulen esta noticia y otras, que demuestran la falta de conexión y compromiso entre el pueblo y el gobierno panameño.

a mis compañeros de "izquierda" cercanos al partido gobernante, ¡defínanse! ¡tengan al menos un poquito de verguenza! ,
a mis compañeros "cristianos", sean consecuentes con Cristo,
a mis compañeros "nacionalistas", o el pueblo o el cheque.

y aunque no sea partidario de frases usadas, que quede claro:

ni la represión ni la muerte
la pelea es peleando

En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas

absolutamente a todos nos llegará la hora de las cuentas en esta tierra

Comunicado de Juventud Unida por Panamá, conmemorando el 9 de enero

2008-01-10T16:53:00.000-05:00

9 de Enero: Memoria, Presente y Futuro

2008-01-10T14:49:00.000-05:00

con la colaboración de Joao Quiróz Govea

Precisamente a esta hora, un día como hoy hace 44 años, esta zona donde nos encontramos era un hervidero de gente indignada; empezaba el ataque por parte del ejército de los Estados Unidos de América contra la masiva movilización de la ciudadanía panameña que había superado la agresión de estudiantes, civiles y policías zoneítas a todo lo largo de la frontera que separaba el territorio bajo jurisdicción panameña de la franja de 10 millas de ancho, de océano a océano, cedida a perpetuidad junto a los derechos sobre la misma, “como si fueran soberanos” según el artículo 3 del Tratado Hay-Buneau Varilla.

Horas antes, un numeroso grupo de estudiantes del Instituto Nacional habían sido expulsados violentamente de la Zona del Canal por manadas de racistas intransigentes, tras haber intentado izar la bandera panameña en la Escuela de Balboa para dar cumplimiento al acuerdo del 7 de enero de 1963 que ordenaba su presencia en los sitios civiles siempre al lado de la bandera de la potencia del norte. La solución del gobernador Fleming: no izar la bandera del imperio con tal de no izar la nuestra. La reacción de los zoneítas en enero de 1964: izar su bandera y hacer guardia para impedir que fuese bajada.

Tras una serie de luchas por mejorar la situación panameña dentro de la relación bilateral bajo la consigna de soberanía que aglutinó las fuerzas vivas nacionales -destacando las movilizaciones contra el Convenio Filós Hines en 1947, las operaciones Siembra de Banderas y Soberanía de 1958 y 1959- el desenlace fatal de 1964 era de esperarse al considerar los escasos avances en la solución de la cuestión nacional exigida por las clases medias y populares, “progresos” que se habían limitado mayormente a concesiones económicas en beneficio de los comerciantes que dominaban el escenario político panameño.

Considerando el contexto mundial de luchas por la liberación de los pueblos y la tradición de combativa dignidad de la población panameña ante la constante humillación y muerte producto de las diversas intervenciones norteamericanas en la vida pública de nuestro país -recordemos desde el Incidente de la Tajada de Sandía hasta el Movimiento Inquilinario- ya no era posible satisfacer tal inquietud con revisiones superficiales, era necesaria la absoluta subrogación del ilegítimo acuerdo de 1903.

Antes de las 7 de la noche, socorriendo un compañero herido, el joven Ascanio Arosemena, estudiante de la Escuela Profesional, recibe un impacto de rifle que le arrebata la vida. Es el primer muerto de 22, junto a 500 heridos, que durante los enfrentamientos del jueves 9 al sábado 11 y no sólo en la ciudad capital, marcaron con sangre un antes y un después en un camino no culminado de nuestra historia por la consolidación de nuestra independencia nacional como elemento fundamental para la construcción de un espacio colectivo donde podamos, todos los panameños, vivir en condiciones de dignidad humana.

Quienes murieron hace 44 años, no son una masa abstracta sino seres humanos, 22 compatriotas de carne y hueso, con nombre y apellido, hijos, padre, madre, hermanos, amigos. Hoy con nosotros:

Maritza Ávila Alabarca	Rosa Elena Landecho	Ricardo Murgas Villamonte
Ascanio Arosemena	Carlos Renato Lara	Alberto Nichols Constance
Luis Bonilla	Evilio Lara	Estanislao Orobio W.
José Del Cid Cobos	Gustavo Lara	Jacinto Palacios Cobos
Teófilo Belisario De La Torre	Ezequiel Meneses González	Ovidio L. Saldaña
Gonzalo A. France	Víctor M. Iglesias	Rodolfo Sánchez Benítez
Víctor M. Garibaldo	Celestino Villareta	Alberto Oriol Tejada
José Enrique Gil

Hace poco más de 9 años, en cumplimiento al Tratado del Canal de Panamá de 1977, posible tras la firme exigencia de los mártires y demostraciones populares como el rechazo al Tratado Robles-Johnson de 1967, el último contingente militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América se retiró de nuestro territorio, y la totalidad de activos de la antigua Zona del Canal incluyendo la propia vía interoceánica, completó un largo proceso de reversión.

Por primera vez en nuestra historia republicana, Panamá ejerció como país, los derechos soberanos sobre la totalidad de su territorio, no sin antes experimentar, la más brutal de todas las agresiones en diciembre de 1989, perpetrada en la oscuridad de la noche y ante una población desprevenida, con una cantidad aún indeterminada de muertos en su mayoría civiles, víctimas tanto de la violencia del ejército con mayor poderío en la historia de la humanidad, como de la irresponsabilidad de un gobierno dictatorial de militares y civiles, y la complicidad del nuevo gobierno instaurado en una base militar extranjera en 1989. Ninguno puede excusarse, todos esos muertos pesan sobre sus espaldas.

Aportes directos al presupuesto general del Estado, que este año rondan los 730 millones de dólares, superan con creces desde el año 2000 los beneficios reportados a nuestro país durante los 85 años de administración norteamericana. Sin embargo, no consiguen impactar definitivamente en la reducción de los preocupantes indicadores sociales: cerca de 40% de personas en condición de pobreza o pobreza extrema -según indicadores que señalan límites cuestionables- en medio de un crecimiento económico sostenido cercano al 10% anual.

Tampoco es explicable como la deuda externa de un país con semejantes cantidades de ingresos adicionales, sigue creciendo irracionalmente sin ver productos tangibles en relación con la cantidad de dinero en la vida de la gente común, manteniendo aún más hipotecada nuestra soberanía a favor de organismos internacionales de crédito, sin adoptar el gobierno una posición responsable, digna y seria frente a este círculo vicioso en el que nosotros, ahí sí todos, pagamos repetidamente en intereses y pago a capital lo pedido, sin ver la luz al final.

Tras un siglo de lucha generacional, la antigua Zona ha sido destinada mayoritariamente al establecimiento de comercios, organismos internacionales, hoteles cinco estrellas y residencias de alto valor, sin priorizar la creación de espacios propicios para el desarrollo humano integral de los excluidos: no hay escuelas públicas, ni nuevos hospitales, los parques nacionales son constantemente agredidos, no hay centros culturales, campos deportivos, residencias dignas para el pueblo panameño.

¿Somos soberanos en la antigua Zona del Canal?

III

No creemos que haya sido un error priorizar en la solución de la cuestión nacional, subordinando a su obtención el posterior tratamiento de la cuestión social. Pero sí existe un error en la apreciación que señala la solución de aquella –cuestión nacional- el 31 de diciembre de 1999.

Porque soberanía no es una bandera, no es administrar, sino tener la autoridad total, suficiente y efectiva para decidir sobre los destinos de la nación y su patrimonio sin injerencias de terceros, decisión que debe originarse en la voluntad del pueblo manifiesta en la actuación de los poderes públicos creados por medio del pacto constitucional, el cual aún con sus carencias, sigue siendo el texto de superior jerarquía entre las normas que regulan nuestra convivencia como Estado.

Mal podemos entonces ser soberanos cuando permanece vigente un Tratado de Neutralidad Permanente que establece el derecho de intervención por decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos de América, tomando cualquier medida incluyendo el uso de fuerza militar frente a cualquier amenaza que consideren así exista respecto al Canal de Panamá o al tránsito.

No es necesario explicar el peligro existente, la obediencia debida a intereses externos tácitamente creada en derecho, como si fuera necesaria en tiempos que todo puede ser considerado terrorismo y objetivo del ejército que por todo el mundo está, irrespetando toda norma de convivencia internacional para asegurar sus intereses.

Peor aún, no podemos considerar que el pueblo panameño sea efectivamente soberano en la antigua Zona del Canal, cuando ni siquiera ejerce el poder soberano mediante las instituciones del Estado constitucionalmente creadas para el manejo de los bienes públicos. Es que solamente contamos como consumidores, y cada 5 años, como electores, en el mejor (o peor) de los casos como clientes, siempre deudores de “favores”.

Nadie inmerso en nuestras carencias del sistema educativo, en los peligros del sistema de salud, en la desigualdad del sistema de justicia; nadie sometido al hambre, al desempleo, a la inseguridad, está en las mismas condiciones de participar o decidir que tienen aquellos que monopolizan el sistema político electoral y el órgano Ejecutivo, con sus peones del Legislativo y un Sistema de Justicia que cuestiona constantemente su propio nombre.

Para consolidar nuestra soberanía, dejemos a un lado el sentimentalismo y la cursilería, no nos dejemos llevar por la frondosa demagogia de habla pueblo habla, el pueblo al poder, el gobierno de los pobres, y compartimos la esperanza, que el futuro es brillante, con cambios demagógicos o uniones patrioteras, porque en esta patria, hoy por hoy, no todos somos iguales. Dejemos la hipocresía, que ya a esta hora, suficientes seudo revolucionarios, demócratas, nacionalistas y patriotas la habrán ejercido prostituyendo la memoria, el mensaje y la actualidad de la gesta de los mártires del 9 de enero. Hasta habrán soltado lágrimas de cocodrilo los que pudieron, aprovechando cada cámara disponible, sin la mínima intención de construir futuro.

En verdad la han tenido fácil nuestros gobiernos democráticos para mantener la democracia sólo en lo formal, con una población sin conciencia social ni espíritu de lucha, y un movimiento social desarticulado por momentos más concentrado en ver diferencias que puntos de coincidencia.

Tengamos el valor de reconocer que mucho camino falta por andar, que los intermediarios no han sido fieles a nuestros intereses legítimos y que somos nosotros quienes tenemos que asumir el protagonismo directo y colectivo por nuestra soberanía absoluta en el Estado panameño y sus bienes, nuestra independencia ante el mundo, para conseguir -más allá del discurso- el objetivo de justicia social con respeto a nuestras diferencias, libertad plena e igualdad absoluta sustentadas en las condiciones materiales de existencia, permitiendo el ejercicio de derechos ciudadanos por todos en una democracia real, no formal electoral como la que vivimos.

Justicia social no es traducible en 35 dólares mensuales para las familias pobres, mientras se gastan millones en propaganda, en garantizar la ganancia de petroleras, compañías eléctricas y constructoras, en mantener asesores inútiles, suplentes y privilegios inmorales a magistrados, ministros y diputados, en subsidiar a partidos desconectados de la realidad que lo más que llegan a hacer es criticar en oposición lo que justifican cuando son gobierno.

Nuestra historia no puede ser olvidada ni recordada con protocolo, debe ser sentida sencilla y honestamente, reconociendo los lazos entre pasado, presente y futuro. La proyección a futuro del país productivo, equilibrado e incluyente que no tenemos sólo es posible si conocemos nuestros orígenes comunes, nuestra identidad.

Pensemos sobre nuestro papel en el futuro del país, conscientes que nadie nos va a regalar lo que nos han negado por más de un siglo y nos siguen robando cada día -con la complicidad de nuestra apatía, nuestro “juega vivo”, nuestro silencio o la pésima costumbre de mirar hacia otro lado- manteniendo el orden público con ignorancia, migajas o represión. Continuando esta relación entre ellos y nosotros, ¿honramos nuestros muertos?, ¿aseguramos un futuro digno para las próximas generaciones?, ¿la lucha de los mártires está terminada?

Sabemos que no, entonces tomemos una decisión seria y digna sobre lo que hace años debimos, y cada día más, tenemos que hacer, el camino es largo, duro, lleno de frustraciones y alegrías, pero no podemos dejar de caminarlo, todos nosotros, por todos los nuestros que ya se fueron, y los que están por venir.

(Presentado el 9 de enero 2008 en conmemoración de los 44 años de los sucesos del 9 de enero 1964 en Panamá, dentro del marco de actividades de Juventud Unida por Panamá, como miembro de JUP y del Colectivo Derechos Humanos-Universidad de Panamá)

¡lávese las manos!

2008-01-05T19:57:00.000-05:00

en este país hay que cuidarse de las bacterias, las moscas, los mosquitos, las garrapatas, los alacranes, los bin bines, los perros, los toros y las vacas, ni decir de las víboras que abundan.

pero dejando el relajo, mientras la basura nos ahoga, la respuesa institucional del Ministerio de Salud, a través de la ministra Rosario Turner nos da tranqulidad y refleja nuestra preparación como país.

¿que cuál fue su respuesta?, lávese las manos!

siempre supe que mi abuelita tenía todo para encargarse de un ministerio...

EL FUNERAL DEL CHUPAMEDIA (el texto no es mío, pero como si lo fuera)

2008-01-05T19:53:00.000-05:00

A los costados del féretro hay unos perredistas (panameñistas, cambiodemagógico, uniónpatriotera, etc.) inmutables.

Entra una viejita con una bolsa llena de comida y empieza a poner dentro del ataud, zanahorias, tomates, lechuga ante la mirada sorprendida de los presentes.

Mientras la anciana continuaba colocando alimentos, uno de los militantes le dice: 'Señora, por favor, ¿que está Ud. haciendo?'

La anciana, mientras continua poniendo comida, le responde:
'¿Qué quiere... que los pobres gusanos coman mierda solamente?'

A CONVERGENCIA (y semejantes, de todo el zoológico sociopolítico)

2008-01-05T19:33:00.000-05:00

el discurso del ignorante por convicción, arropado de la conveniente vista "hacia el otro lado", es uno de los peores padecimientos de la inteligencia. herida profunda en la dignidad humana.

si dios existiese haría que callaran los lambones, ofrecería descanso eterno a los chupamedias por intolerables. es justo y necesario tras la constante negativa del sujeto a reconocer su inmoralidad.

reconociendo la "incertidumbre" de la solución divina, considero perfectamente viable y humanamente honesto, la supresión de tan insufribles sonidos, por cualquier medio necesario y disponible en tiempo y espacio.

compañeros, declaro mi apoyo incondicional a toda medida tendiente a solucionar tal condición.

HASTA CUÁNDO, de Víctor Valera Mora

2007-12-08T18:09:00.001-05:00

Hasta cuándo seguir gritando a esta gente
Que el rey y la reina yacen bajo tierra
Hasta cuándo seguir gritando que no cedo en hipoteca mis sueños
Hasta cuándo seguir gritando que soy incorregible
Hasta cuando seguir gritando que no reniego de mis actos
Hasta cuándo seguir gritando que nada de lo que no tengo
está en venta ni quiero que ningún imbécil corte la soga
Hasta cuándo seguir gritando que cumplo mis deberes en la tormenta
Hasta cuando seguir gritando que no exijo futuro
Hasta cuándo seguir gritando a esta gente que me son despreciables
Hasta cuándo seguir gritando que estoy
con los que no tienen razón porque la tienen a mares llenos
Hasta cuándo seguir gritando que jamás abandonaré mi capa de insurgente

Hasta cuándo si desde siempre mis cartas están sobre la mesa

1967

HASTA CUÁNDO, de Víctor Valera Mora

2007-12-08T18:06:00.000-05:00

de La Madre, obra de M. Gorki, capítulo 25 de la segunda parte

2007-11-05T08:24:00.000-05:00

-Somos socialistas. Esto significa que somos enemigos de la propiedad privada que desune a los hombres, los arma unos contra otros, crea una inconciliable rivalidad de intereses, miente pretendiendo ocultar o justificar este antagonismo y pervierte a los hombres con la mentira, la hipocresía y el odio.

Nosotros decimos: una sociedad que considera al hombre como un instrumento para enriquecerse, es antihumana, y nos es hostil; no podemos aceptar su moral, hipócrita y embustera. Su cinismo y su crueldad hacia la persona humana nos repugnan; queremos luchar, lucharemos contra todas las formas de servidumbre física y moral del hombre hacia semejante sociedad, contra todos los procedimientos, por medio de los cuales se le aplasta en provecho de la ambición.

Nosotros, obreros; nosotros, cuyo trabajo ha creado todo, desde las máquinas gigantescas hasta los juguetes de los niños; nosotros, a quienes se ha privado del derecho de luchar por nuestra dignidad humana, y cada uno se arroga el privilegio de hacer de nosotros instrumentos para alcanzar su objetivo, nosotros queremos ahora tener la libertad suficiente para que, con el tiempo, nos sea posible conquistar el poder. Nuestra consigna es sencilla: ¡abajo la propiedad privada! Todos los medios de producción para el pueblo. Todo el poder para el pueblo. Trabajo obligatorio para todos. Podéis ver que no somos sediciosos.

-Se lo ruego, aténgase a los hechos -dijo el Presidente con voz fuerte y clara.

Se había vuelto hacia Paul y lo miraba. Pareció a la madre que sus ojos mortecinos brillaban con un fulgor malvado y ávido. Todos los jueces miraban al joven con ojos que parecían pegarse a su rostro, adherirse a su cuerpo para chuparle la sangre y reanimar con ella su caduco organismo. El, erguido en toda su altura, se mantenía firme y seguro, tendía el brazo hacia ellos, y con su voz precisa, sin gritar, decía:

-Somos revolucionarios, y lo seremos mientras unos no hagan sino mandar y los otros sino trabajar. Lucharemos contra la sociedad que os ha ordenado defender sus intereses, y de la que somos adversarios irreductibles, como lo somos de vosotros. La reconciliación no será posible mientras no hayamos vencido. ¡Y los obreros, venceremos! Vuestros mandatarios están muy lejos de ser tan fuertes como se figuran. Los bienes que amasan y protegen, sacrificando a los millones de seres que han esclavizado, esta misma fuerza que les da poder sobre nosotros, provocan entre ellos roces y antagonismos, y los arruinan física y moralmente.

La propiedad exige una tensión demasiado grande para su defensa, y en realidad, vosotros, nuestros amos, sois más esclavos que nosotros, que sólo lo somos corporalmente, mientras vosotros lo sois en el espíritu. No podéis liberaros del yugo de las convenciones y costumbres que os matan moralmente.

En nosotros nada impide la libertad interior, y los venenos con que nos intoxicáis son más débiles que los contravenenos que vosotros mismos, sin proponéroslo, vertéis en nuestra conciencia. Esta conciencia crece, desarrollándose incesantemente, se enciende más cada vez, y arrastra consigo todo lo que hay de mejor y más moralmente sano, incluso en vuestra clase... No tenéis ya a nadie que pueda luchar ideológicamente en nombre de vuestro poder; habéis agotado ya todos los argumentos capaces de protegeros contra el asalto de la justicia histórica; no podéis crear nada nuevo en el dominio de las ideas; sois intelectualmente estériles.

Nuestras ideas progresan en claridad, se apoderan de la masa del pueblo y la organizan con vistas a la lucha por la libertad. La conciencia de la gran misión de la clase obrera une a todos los trabajadores del mundo en una sola alma, y no podéis detener el proceso de renovación de la vida, más que con la crueldad y el cinismo. Pero el cinismo es patente y la crueldad engendra la cólera. Y las manos que hoy nos estrangulan, estrecharán muy pronto las nuestras en fraternal saludo. Vuestra energía es la energía mecánica del aumento del oro, y os une en grupos condenados a devorarse mutuamente. Nuestra energía es la fuerza viva de la conciencia, siempre creciente de la solidaridad entre todos los obreros.

Todo lo que hacéis es criminal, porque sólo va encaminado a esclavizar a los hombres. Nuestra labor liberará al mundo de los fantasmas y los monstruos engendrados por vuestra mentira, vuestro odio, vuestra avaricia, y destinados a aterrar al pueblo. Habéis arrancado el hombre a la vida y lo habéis aplastado. El socialismo agrupa a todo el universo destruido por vosotros en un solo ser grandioso, y triunfará.

Paul se detuvo un instante, y repitió más suavemente, pero con mayor fuerza:

-¡Y triunfará!

Los jueces murmuraban entre sí con extrañas muecas, sin separar de Paul sus ojos inquietos, y la madre tenía la impresión de que aquellas miradas manchaban el cuerpo flexible y sólido de su hijo, envidiándole la salud, la fuerza, la juventud. Los acusados escuchaban atentamente las palabras de su camarada, pálidos los rostros y brillantes de alegría los ojos. La madre bebía las frases de su hijo. Largos párrafos se grababan en su memoria. Varias veces, el viejecillo detuvo a Paul explicándole algo; incluso una vez sonrió con tristeza. Paul lo escuchaba en silencio, y luego continuaba con voz severa pero tranquila, dominando la atención de los jueces, cuya voluntad sometía a la suya.

Por fin, el viejecillo empezó a gritar, extendiendo la mano hacia Paul. Por toda respuesta, éste dijo con tono levemente irónico: -Termino. No quiero ofenderos personalmente, antes al contrario, debiendo asistir por fuerza a esta comedia que llamáis juicio, siento casi compasión por vosotros. A pesar de todo, sois seres humanos, y siempre es penoso ver a nadie, por muy hostil que sea a nuestro objetivo, descender de modo tan vil al servicio de la represión, perder hasta tal punto la conciencia de su dignidad de hombres.

el consumo, precisamente, nos consume (física y espiritualmente)

2007-11-05T08:17:00.000-05:00

"No se trata de producir para la satisfacción de nuestras necesidades, sino que, por el contrario, se nos persuade a consumir y derrochar afin de que se produzca más", de Límites y amenazas del crecimiento salvaje en Una nueva civilización, por Roger Garaudy.

HASTA SIEMPRE

2007-10-07T14:53:00.000-05:00