"BREIKIN NIUS" (pa q entienda la gringofilia local): La Tierra es plana y Martinelli reina

Última hora: fuentes de entero crédito informan que este lunes será aprobada en 3 debates y promulgada en Gaceta Oficial la Ley que decreta que la Tierra es plana, producto de los últimos estudios del HD Marcos González.

Además, la propuesta de reelección no va más. En su lugar el HD Vidal García promueve una ley, con el inmenso apoyo de su colega el HD Sergio Gálvez, para decretar que el ESP Ricardo Martinelli tiene poder, sea en forma de reinado o posesión, sobre el universo.

La demora se debe a que están traduciendo "Le Petit Prince", obra de referencia que dejó en la Asamblea el exHD Panchito Reyes, porque creía que era el prólogo a "El Príncipe".

Cuestionado al respecto, el ESM Guillermo Ferrufino aseguró no saber nada. Seguiremos informando.

Intervención ante la Comisón Especial para el Estudio de la Cadena Perpetua, en representación de Alianza Ciudadana Pro Justicia

Panamá, 6 de octubre de 2011

En atención a su nota de invitación del 3 de octubre de 2011 para conocer la posición de Alianza Ciudadana Pro Justicia referente a la posible aplicación en nuestro país de la pena de prisión perpetua, enviamos la versión escrita de nuestra intervención durante la sesión del miércoles 5 de octubre de 2011.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia es una red de 20 organizaciones ciudadanas cuya finalidad más importante es promover la reforma judicial y participar activamente en el debate sobre los problemas de la administración de justicia en Panamá.

Sobre el aumento de penas. El aumento en la frecuencia y visibilidad de los delitos en el país ha recibido como respuesta institucional durante los últimos años: ampliación del catálogo de delitos y de los delitos sancionables con prisión, aumento en el monto de las penas incluyendo la duración máxima de la pena privativa de libertad, disminución en la edad de imputabilidad y reducción de garantías al imputado, tanto en la legislación penal general como en la ley de responsabilidad penal juvenil. Se trata como vemos, de un enfoque reactivo y represivo.

Necesitamos saber cuáles han sido los resultados de aproximadamente 10 años de dominio de los enfoques de mano dura en el país, particularmente, si ya conocemos los resultados de la última modificación a la ley penal, que establece el máximo de la sanción privativa de libertad en 30 años, hasta 50 años en caso de concurso de delitos, para podernos explicar la necesidad y conveniencia de la actual propuesta de prisión perpetua.

Sobre los fines de la pena. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del Código Penal, la pena tiene funciones de prevención general, retribución justa y reinserción social.

Si nuestro objetivo declarado es reducir el problema de la criminalidad, ¿dónde queda la dimensión preventiva con la prisión perpetua?, ¿dónde quedan las posibilidades de reinserción de la persona que ahora se supone permanecerá hasta su muerte en prisión?, más aun, ¿cuáles son las experiencias o estudios que demuestren que un nuevo aumento de penas es útil para atender adecuadamente el problema?

Además, el enfoque en la retribución por la violación de una conducta declarada punible por las instituciones del Estado, ¿garantiza una efectiva reparación del daño y la satisfacción de los intereses de la víctima?, ¿o solamente refuerza la imagen de poder del Estado, la cultura del odio y la venganza como forma de convivencia, y el miedo como método de control?

Sobre la ausencia de una política criminal. Es decir, una respuesta institucional y sistemática del Estado a las distintas formas de conflicto interindividual que alcanzan trascendencia social por afectar bienes jurídicos (vida, libertad, propiedad, seguridad colectiva, etc.) considerados de importancia superior para la convivencia dentro del grupo, con el objetivo de reducir la comisión de delitos y su impunidad, y que por lo tanto incluye la definición de aquello que se considera delito en la sociedad y las formas de abordar el problema, la investigación continua sobre los factores individuales y sociales que lo originan y explican, las instituciones competentes, sus funciones y las conexiones con la política social y actores no estatales, las medidas y sanciones aplicables así como el objetivo de las mismas, el énfasis dado a la prevención, represión o rehabilitación, los sistemas de evaluación de resultados de la política criminal, entre otros aspectos.

En Panamá no existe un proceso de investigación sistemática y permanente sobre el conflicto social incorporado por el Estado en el diseño y evaluación de una política criminal que atienda el problema de la criminalidad en su integralidad y complejidad.

El artículo 2 del Código Penal dice que tal norma tipificará conductas y comportamientos cuya incriminación sea indispensable para la protección de bienes y valores significativos de acuerdo con una política criminal, que lamentablemente no existe.

Sobre el populismo punitivo. Las últimas reformas a la ley penal, incluyendo la propuesta actual de prisión perpetua y la anterior propuesta de pena de muerte, atienden más a la exposición del delito en los medios y la reacción de la ciudadanía que al estudio científico del problema. Son coyunturales, casuísticas, y no han proporcionado resultados positivos para el manejo de la criminalidad.

Han sido manifestaciones de populismo punitivo: responder de manera simplista con criterios de rentabilidad política a un reclamo social producto de un problema complejo, apelando a las emociones y a la tiranía de un “sentido común” que supuestamente avala el aumento de penas como elemento de disuasión, sin sustento científico ni argumentación seria sobre la utilidad de la propuesta.

Necesitamos conocer los estudios que orientan la propuesta, dónde dice que esta es la respuesta institucional adecuada entre otras posibles, dentro de una política criminal que atienda integralmente los factores de criminalidad. Esta y otras propuestas podrán gozar de popularidad, mas no de eficacia, salvo para privar de libertad a un número indeterminado de personas por un tiempo indeterminado, aumentando el problema de hacinamiento en el sistema penitenciario.

La ley penal no puede quedar atrapada en el cálculo de votos por circuito, minutos de propaganda en los medios, o convertirse en diversión al público antes que debate público. La ley penal, con todo lo que implica sobre los derechos de las personas, no debemos permitir que sea una forma de ganar simpatías, obtener apoyos, complaciendo emociones, haciendo política irresponsablemente.

Sobre la injusticia en la administración de justicia. Coincidimos en la necesidad de sancionar algunas conductas perjudiciales a la convivencia en sociedad, pero nos preguntamos ¿cuándo van a aumentarse las penas a los delitos contra el orden económico y contra la administración pública?, ¿hasta cuándo se van a decretar fácilmente medidas cautelares y sanciones privativas de libertad para una clase de delitos, mientras se exige una malinterpretada prueba sumaria para el inicio de la investigación en otros?

En este caso, ¿cuáles son los delitos que contemplarían la prisión perpetua como sanción?, ¿cuáles son los sectores sociales que cometen o se les persigue por la comisión de tales delitos?, y sobre todo, ¿por qué esos delitos merecen prisión perpetua y otros no, en base a cuáles argumentos?, ¿cómo se justifica esta desigualdad en la aplicación del peso de la ley sobre delitos, más allá de explicarla por la mayor posibilidad que tienen las autoridades y otros sujetos con poder para incurrir en tales conductas e influir en el proceso de formación de las leyes?

En este punto es necesario recordar el principio de no discriminación, reconocido a nivel constitucional que prohibe fueros o privilegios, cuyo desarrollo y aplicación en el ámbito penal seguramente sería positivo, constructivo socialmente, y un enorme paso hacia delante en el verdadero combate contra el problema de la criminalidad en toda la extensión de la palabra.

Sobre el fin de las autoridades legislativas. La labor legislativa de expedir las leyes necesarias para el desarrollo de los principios y el cumplimiento de los fines y funciones declaradas en la Constitución, ¿cómo se realiza efectivamente en los temas señalados mediante la actual propuesta, y en relación con la razón de ser de las autoridades del país: la protección de la vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, con la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley?

Acompañamos a las víctimas en su dolor y compartimos la preocupación por el alto número de homicidios, femicidios, delitos contra la integridad sexual y la seguridad colectiva en contra de personas o grupos vulnerables, entre otros crímenes. Igualmente nos preocupan las denuncias de delitos contra la administración pública y contra el orden económico que cometen otros sectores sociales, sin que encuentren la misma reacción en nuestras autoridades. Hacemos un llamado por la atención a las víctimas, pero sobre todo a desarrollar políticas públicas que procuren evitar que cualquier persona se convierta en una víctima. Esa es la responsabilidad de las autoridades.

Reiteramos la necesidad de políticas sociales preventivas, integrales, junto a mejoras en el sistema de administración de justicia que asegure tanto la sanción como la reparación justa a las víctimas, y la adecuación del sistema penitenciario a sus fines de seguridad, rehabilitación y defensa social para cerrar el ciclo de reincidencia.

Finalmente, necesitamos insistir que el objetivo de nuestras acciones es contribuir en el logro de soluciones al problema de la la inseguridad, la criminalidad y la violencia en Panamá, lo que exige adoptar una visión que, sin excluir el castigo al infractor, vaya más allá de la reacción irracional a lo inmediato.

Por ello saludamos la seriedad del debate realizado e invitamos a ampliar las consultas e investigaciones, como mecanismo democrático a profundizar para alejarse de posiciones e intereses de contenido estrictamente político que buscan distraer a la opinión pública o imponer falsas soluciones, amparándose en el número de votos obtenidos, en la representatividad supuestamente asumida, en la repetición de lugares comunes del imaginario social sobre el delito y el delincuente, en las apelaciones emocionales de amor al pueblo y odio de clase malinterpretado, en la política del miedo, en la generalización de casos específicos, en la necesidad de hacer “algo” sea lo que sea, sin seriedad alguna, y en las descalificaciones al saber y la opinión diferente, sin fundamentarse en el ejercicio y aplicación de la razón, característica de esencia en el ser humano que lo diferencia del resto de los seres vivos, para encontrar soluciones reales a los problemas de la vida humana en general y al problema concreto de la criminalidad que afecta a todos los habitantes del país.

DECLARACIÓN DEL FORO ALTERNATIVO SOBRE CAMBIO CLIMATICO

Panamá, 2 de octubre de 2011

Miembros de comunidades y organizaciones sociales campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes, académicos, estudiantes, mujeres, de la región mesoamericana, reunida en ocasión del Foro Alternativo sobre Cambio Climático, realizado en la ciudad de Panamá, del 1 al 2 de octubre de 2011

Considerando:

1. Que la crisis del cambio climático, generada por la industria y agroindustria contaminante de los países industrializados, el uso de combustibles fósiles, es una realidad y sus efectos son palpables en todo el planeta, especialmente en los pueblos con menos responsabilidad en la existencia de las causas del cambio climático.

2. Que los pueblos del mundo nos movilizamos en la búsqueda de alternativas ante la indiferencia de los gobiernos con las necesidades de los pueblos. Que tal exclusión plantea un fuerte cuestionamiento al principio de representatividad, pues en tal condición los Estados no representan a sus poblaciones, ni podrán representarlos mientras siga el colonialismo interno de los pueblos diversos que viven dentro de las fronteras de los Estados y la subordinación a los intereses de los poderes públicos de los Estados a los centros de poder político, económico y militar: las corporaciones transnacionales e Instituciones Financieras (Banco Mundial y Fondo Monetario).

3. Que las conversaciones oficiales en el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático, desarrolladas del 1 al 7 de octubre en ciudad de Panamá, a pesar de ser pagadas con los dineros de los Estados que son fruto del trabajo de sus pueblos, se realizan de manera cerrada, excluyente y antidemocrática.

4. Que el carácter antidemocrático de la Conferencia sobre Cambio Climático bloquea las posibilidades de diálogo entre saberes y la participación de las víctimas para encontrar soluciones reales al problema global del cambio climático, limitando las opciones a acciones que no solucionan el problema por no atender las causas políticas, económicas y culturales del mismo.

5. Que la Conferencia sobre Cambio Climático reduce el problema a una escogencia de opciones de mitigación, adaptación y financiamiento presentadas en lenguajes no accesibles para la mayoría de las personas, en un ambiente burocratizado y tecnocrático, bajo un falso discurso ambientalista pero con una racionalidad estrictamente economicista en la toma de decisiones, encadenados a las asimetrías de poder de la “comunidad internacional”, sin considerar la justicia de las opciones y el sistema de pensamiento político y económico del cual surgen.

6. Que como habitantes del planeta, hijos de la Madre Tierra, tenemos el deber de cuestionar, debatir y proponer sobre este tema de importancia superior para la humanidad en el planeta.

Declaramos:

1. Los procesos económicos promovidos desde el sistema capitalista depredador y contaminante se basa en violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, pescadores artesanales y un número cada vez mayor de personas, a través del despojo y la explotación en proyectos extractivos, energéticos o actividades innecesarias o improductivas destinadas al lucro y la satisfacción de los deseos de una minoría de la humanidad, con consecuencias ecológicas que también atentan contra los derechos humanos de las víctimas.

2. Una de estas consecuencias es la crisis climática que nos reúne, a partir de la cual se quieren imponer bajo el discurso de desarrollo, falsas soluciones a los pueblos, como los mercados de carbono, “mecanismos de desarrollo limpio”, REDD entre otros, basada en la misma lógica de lucro, especulación, acaparamiento de bienes comunes y explotación de las mayorías.

3. Entre las consecuencias de la actividad económica orientada bajo la lógica dominante de lucro, competencia y crecimiento económico, y la crisis climática que ésta ha generado, están la deforestación, pérdida de la capacidad productiva de la tierra, inundaciones, sequías, alteraciones en las temperaturas y en los patrones de las estaciones seca y lluviosa, pérdida de cosechas necesarias para la alimentación y uso de alimentos para otros fines, contaminación química y biológica de los alimentos, pérdida de ingresos familiares y comunitarios, desnutrición que provoca bajo rendimiento académico, pérdidas de plantas medicinales y árboles para construir hogares y medios de transporte necesarios y armoniosos con la naturaleza, derretimiento de hielos polares, aumento en el nivel de los mares, sobreexplotación y extinción de especies animales y vegetales de tierras y aguas que constituyen la base alimenticia de pueblos, encarecimiento de precios, aumento de la contaminación, disminución de caudales de ríos, plagas y enfermedades, y en general una disminución en las condiciones de vida de los pueblos.

4. Estas consecuencias afectan a toda la humanidad, sin distinción de clase social, etnia, lugar de residencia, genero, ideología, o cualquier otra señal de diferencia, pero impacta con especial crudeza en los grupos humanos tradicionalmente más explotados: indígenas, afrodescendientes, campesinos, pobres urbanos, mujeres, migrantes, niños y niñas, incluyendo las generaciones futuras de seres humanos.

5. Los gobiernos así como los organismos internacionales, no responden a las necesidades de los habitantes de los Estados, ni defienden sus intereses, no los educan como sujetos con derechos sino como factores de producción y consumidores, individuos indiferentes, sometidos, sin espacios de creación, no defienden nuestra libertad, nuestros derechos, la tierra y la soberanía alimentaría de los pueblos más que la libertad de la empresa capitalista, los derechos de las sociedades anónimas, el acaparamiento de bienes comunes y la seguridad jurídica de los inversionistas. No nos informan, no nos consultan, no nos respetan, no nos representan.

6. El deterioro o destrucción de la naturaleza, esencia de la vida, empobrece la relación con la Madre Tierra, debilita visiones y conocimientos ancestrales de los pueblos, ocultos o negados por la llamada modernidad occidental, capaces de brindar respuestas reales para enfrentar la crisis climática.

Proponemos:

1. Reconocer a la Madre Tierra como fuente única de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de equilibrio entre todos y con todo, complementariedad, solidaridad, y equidad, bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos respetando los derechos de la Madre Tierra, reconocimiento de la dignidad humana y respeto a los derechos humanos, eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo, paz y justicia entre los pueblos y con la Madre Tierra.

2. Pensar el desarrollo y realizar las acciones tendientes al mismo, lejos del paradigma del crecimiento económico y la competencia entre países y personas, apegados al paradigma de la economía solidaria, buen vivir, del bienestar y realización integral del ser humano en armonía con la comunidad y la naturaleza. En tal sentido, rechazamos el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos contaminantes y no orientados según los principios antes mencionados.

3. Pensar la política como la necesidad de construir democracia real para atender efectivamente los problemas de la comunidad, y la democracia como la participación de las personas y los pueblos, la cual es imposible sin la realización de todos los derechos individuales y colectivos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, respetando los derechos de la Madre Tierra que es la base de toda posibilidad humana.

4. Construir democracia mediante la promoción de la participación y el desarrollo de mecanismos para tal fin, exigiendo el uso y efectividad de aquellos existentes para que la población decida en distintas escalas territoriales sobre distintos temas de su interés, mediante el conocimiento y la defensa de los derechos humanos y las leyes, la difusión de información a las comunidades, el uso y/o creación de medios de comunicación, el fortalecimiento de las autonomías, la autogestión, la educación, la organización y coordinación entre movimientos comunitarios, sociales, de la sociedad civil y otros enfoques afines a los principios expresados en esta declaración.

5. Desarrollar programas de agricultura orgánica, urbana y familiar, métodos tradicionales de producción, agroturismo, inventarios y bancos de semillas nativas, revitalizar la producción ancestral, rescate y defensa de las tierras, aguas y territorios, redes de apoyo e intercambio justo de productos sanos y conocimientos entre comunidades y pequeños productores, sistematización y difusión de experiencias exitosas, participación ciudadana y política desde y para la atención y solución de los problemas de las comunidades, considerando especialmente a mujeres, niños, niñas, jóvenes adultos mayores.

6. Exigir políticas, legislaciones y prácticas ambientales para el manejo ecológico de bienes marinos y costeros, protección del agua, ríos y bosques, manejo de desechos, acceso a la información, consulta y participación ciudadana, educación, justicia social y defensoría ambiental, derechos humanos y equidad de género.

7. Rechazar las falsas soluciones al cambio climático, las conferencias cerradas sobre temas que afectan a toda la humanidad, los mecanismos antidemocráticos de decisión en los gobiernos y organismos internacionales, las políticas de libre comercio, el otorgamiento de concesiones para megaproyectos extractivos y energéticos sin interés comunitario que prolongan el despojo y culminan en desplazamientos forzados, y el uso de transgénicos, agrotóxicos y plaguicidas que contaminan y alteran la naturaleza incluyendo al ser humano.

8. Promover y defender programas de soberanía alimentaria, en los que todas las personas y grupos humanos en su diversidad cultural, definen y organizan sus fuentes y modelos de producción de alimentos para acceder a los mismos de manera sostenida, suficiente, segura, solidaria y generalizada, mediante el uso de semillas propias, bienes comunes como agua y tierra, trabajo colectivo y formas tradicionales transmitidas libremente, respetuosas de la tierra, la naturaleza y los derechos de las demás personas, produciendo lo necesario con autosuficiencia, sin contaminación ni restricciones comerciales.

9. Exigimos a los gobiernos que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de derechos humanos en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los gobiernos a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre los territorios indígenas y campesinos, tierras y bienes naturales en las mismas, para posibilitar y fortalecer formas tradicionales de vida y continuar contribuyendo a la solución del cambio climático.

Las soluciones a la crisis climática se encuentran en la actividad cotidiana de las familias, comunidades y pueblos. No se encuentran en grandes discursos y vocabularios incomprensibles que ocultan la realidad de sus causas y efectos promoviéndolos con nombres distintos para seguir haciendo lo mismo sin resolver nada.

Convocamos a apoyar de manera organizada y pacífica, las distintas movilizaciones en el país y la región en conmemoración del 12 de octubre, por la memoria y el futuro, por la soberanía alimentaria y contra la visión neoliberal en la política y por la superación del sistema capitalista.

Convocamos a participar en la semana de Acción Global contra la Deuda Financiera y Ecológica y las instituciones financieras internacionales (Banco Internacional de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial del 8 al 16 de octubre.

Convocamos a apoyar de manera organizada y pacífica las actividades de comunidades y organizaciones el 16 de octubre, día internacional de la soberanía alimentaría, en defensa de las semillas nativas y la Madre Tierra.

Convocamos a realizar de manera organizada y pacífica, jornadas de acciones de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), que se realizará en Brasil del 4 al 6 de junio de 2012.

Exigimos a los gobiernos respeto a nuestras voces y vidas durante la realización de nuestras movilizaciones, actividades y acciones, es la única forma de garantizar el carácter organizado y pacífico de las mismas.