¿Pena de muerte?

El tiempo nos ha dado la razón. La esencia de la política criminal y de seguridad en el período pos invasión ha consistido en el aumento de penas y en la criminalización de sectores sociales: pobres, jóvenes, barrios populares, trabajadores. Como era de esperarse, los índices delictivos mantienen la tendencia al alza, a pesar de las comunicaciones que surgen de la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad para decir lo contrario.

La propuesta de anteproyecto de ley presentada por el diputado Marcos González para establecer en Panamá la pena de muerte mantiene la misma línea de enfocar síntomas para no atender las causas. Se inserta en el imaginario de soluciones a la fuerza transmitido por políticos irresponsables para aparentar hacer algo frente a la criminalidad, aunque no sean propuestas con sustento lógico y científico. Es otra manifestación de una cultura machista y antidemocrática que pretende resolver a gritos, puños y balas los problemas sociales. Esta línea de pensamiento nos llevaría a pensar después de su eventual aprobación y la más que segura ausencia de resultados, que el siguiente paso sería legalizar la tortura.

El impacto mediático de la propuesta acaricia el oído de la población acostumbrada, aunque su proponente sabe que es inconstitucional y que no debería salir con vida del proceso legislativo, no debería ser sancionada por el Ejecutivo, ni resistiría el examen sobre su constitucionalidad. El artículo 30 de la actual Constitución prohibe la pena de muerte. Además, no hay sitio en el mundo en que tal castigo haya reducido los niveles de criminalidad, por lo que más de 30 países la han abolido en los últimos 10 años. Una minoría de países aun la mantiene.

Los activistas de derechos humanos acompañan a las víctimas en su dolor y comparten la preocupación por el alto número de homicidios, femicidios, delitos contra la integridad sexual y la seguridad colectiva en contra de personas o grupos vulnerables. También manifiestan preocupación por las constantes denuncias de delitos contra la administración pública y contra el orden económico que cometen otros sectores sociales, sin encontrar el mismo eco e indignación en nuestras autoridades.

Los activistas de derechos humanos han venido por años insistiendo en la necesidad de políticas sociales preventivas, integrales, junto a la necesidad de mejorar todo el sistema de administración de justicia que asegure tanto la sanción como la reparación justa a las víctimas, y la adecuación del sistema penitenciario a sus fines de seguridad, rehabilitación y defensa social para cerrar el ciclo de reincidencia.

Los activistas de derechos humanos no desatienden a las víctimas, muy por el contrario, procuran evitar que cualquier persona se convierta en una. Pero no definen las políticas públicas que podrían tener tales efectos. Eso es responsabilidad de los gobernantes, que no escuchan, no consultan, no quieren que nadie participe. Encuentran electoralmente más rentable hacerse los machos y traducir en votos el sufrimiento de las víctimas al desarrollar la política de miedo.

El fracaso reiterado de la pena de muerte y las políticas exclusivamente represivas durante todo el tiempo en que han sido aplicadas, la desigual aplicación de la ley sobre distintos sectores sociales, la débil independencia de las instituciones judiciales y su uso para fines personales y políticos, junto al carácter irreparable de la pena de muerte, en efecto, nos da la razón para estar en su contra.