...Sin embargo, el punto es que en este momento la ley electoral no permite la postulación independiente a la presidencia, rebasando la constitución. Las condiciones de participación no son equitativas para quienes dominan la estructura y para quienes buscan alternativas, reformas o transformaciones más profundas. Ejemplo de lo dicho son los fondos públicos asignados a los partidos, y la diferencia entre la facultad que tiene el ciudadano para poder cambiar entre partidos simplemente con una firma, no permitida con la misma facilidad para apoyar postulaciones independientes o la conformación de nuevos partidos. Considero que esta situación enseña como ajustada a la realidad, la idea de que no existe peligro alguno en la alternancia en el gobierno y en la cuota de adherentes entre los partidos existentes, todos los cuales responden a factores reales de poder [económico tradicional]. El "problema" está entonces en permitir alternativas reales y de tal manera buscan no permitirlas.
Para la conformación de partidos políticos, obligatoriamente a nivel nacional, se establecen una serie de exigencias como el número y la distribución geográfica de los posibles adherentes que dificultan sobremanera la tarea. Desde luego, la creación de obstáculos por los sectores dominantes no es invención panameña, es motivo de denuncia más no de llanto, sencillamente es una realidad a la cual se enfrentan los procesos de construcción de fuerzas políticas dentro del marco limitado, hecho a la medida, y siempre superable de la legalidad.
El discurso del status quo -el cual por cierto tiene la pésima y rentable costumbre de vestirse de progresista, tolerante, democrático, ilustrado y pluralista- entonces alega que si no se tiene la "capacidad" para consolidar el proyecto alternativo de acuerdo a las exigencias legales y los medios "democráticos", pues se demuestra lo inviable o innecesario del proyecto por "no corresponder a una aspiración de la sociedad."
Ésta afirmación podría tener cierta validez hasta determinado punto, pero lo que no podemos olvidar es que la realidad material es superior al ordenamiento jurídico: nuestros partidos políticos subsisten capitalizando las deficientes condiciones de existencia de la mayoría de los panameños, es decir, que el sistema político tiene sustento en el clientelismo, situación absolutamente compatible con un Estado que se fundamenta en el ejercicio profesional de la corrupción en sus diversas manifestaciones como forma de subsistencia y reproducción, aprendida desde los días de la "conquista" española, hasta este momento, pasando por nuestra "independencia", nuestra "separación" y nuestros "procesos", lo que configura relaciones profundas de dependencia entre el poder socioeconómico que ha establecido la práctica, el partido o candidato y el elector/cliente ávido de un "resuelve".
El acceso al gobierno es la fuerza de nuestros partidos actuales, es una manera de defenderse en conjunto de quienes los integran y asegurarse 5 años de bonanza con una alternancia en el poder que simula un estado democrático y mantiene cierto balance perverso y cada día más insostenible.
Independientemente de declaraciones, programas, planes (en caso de existir), éstos no se concretan en una práctica de gobierno acorde con sus ideologías declaradas, ni se evidencia mayor diferencia en las políticas públicas entre un partido y el otro. Nuestra población en su mayoría no tiene profundas definiciones ideológicas, los números de adherentes que alardean nuestros partidos no son más que reflejo -habrá sus excepciones- de la miseria espitirual y material de gran parte de nuestra población, de la necesidad de subsistir del ser humano sea cual sea el entorno en que haya nacido, y de la entronización en la conciencia colectiva de nuestra más arraigada concepción del mundo: el juega vivo nuestro de cada día.
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