Totalitarismo de mercado en Panamá

Publicado en Expresiones nº74 (febrero16-28, 2007)

El Estado panameño se dirige hacia el totalitarismo de mercado dentro de un sistema formalmente democrático, electoralmente excluyente, el cual cada día más, en manos de las dirigencias políticas actuales, subordinadas y dependientes a través de la historia con centros externos de poder político y económico; asfixia la posibilidad de transitar hacia una democracia social real, participativa, incluyente.

Un sistema totalitarista supone la concentración de toda forma de poder para usarlo en aquello que se supone objetivo de éste, definido por quienes lo ostentan, lo que necesariamente implica el desconocimiento de principios democráticos y de todo derecho inherente a la dignidad humana.

En la Visión Estratégica de Desarrollo Económico y Empleo hacia el 2009, documento de gobierno que ha servido de referencia para sus relaciones con las instituciones financieras internacionales, se observa que los objetivos de las políticas sociales para reducción de la pobreza, creación de oportunidades, distribución de la riqueza y reducción de las desigualdades están subordinados al éxito de una política económica nada original que persigue resultados específicos de crecimiento económico mediante la implantación y profundización de medidas que en los últimos años no han producido otro resultado que la agudización de las contradicciones sociales manifestadas en múltiples formas de violencia no sólo en nuestro país, sino en el resto de nuestra América Latina y el mundo “no desarrollado”.

Según el documento, la política económica del gobierno está basada en un modelo de crecimiento, de economía abierta en todos sus sectores y orientada hacia el mercado internacional como la mejor forma de asegurar una asignación adecuada de recursos, mayor crecimiento económico, aumento de productividad y exportaciones para generar más empleos de calidad y atraer inversión extranjera. El saneamiento de las finanzas públicas, el desarrollo del capital humano y la reforma del Estado son los otros pilares para la “integración de los excluidos”.

Pero la realidad social es experimentada por todos y debe servir como referencia: apertura comercial, desregulación de mercados, inversión extranjera, eliminación de barreras, libre comercio, en fin, todo el discurso y la práctica dominante en los últimos años tiene resultados concretos y verificables en las condiciones materiales y espirituales de existencia expresadas en un desmejoramiento progresivo y constante del bienestar público, en la seguridad social y seguridad pública, condiciones de trabajo, contenido y calidad de la educación, restricciones a la participación política, aumento incontrolable e injustificable de precios en bienes y servicios, crecimiento de la desigualdad campo-ciudad, migraciones forzadas, aplicación diferenciada del derecho, desigualdad en el acceso al sistema de justicia y a la justicia en sí, degeneración del entorno ecológico, destrucción de culturas, en fin, todo tipo de agresión al ser humano y su entorno.

Utilizando el derecho como herramienta y la seguridad jurídica como bandera, las funciones del Estado están siendo desplazadas desde las obligaciones con sus ciudadanos hacia los compromisos con organismos internacionales y empresas transnacionales, suavizando la situación con medidas asistencialistas de estándares reducidos hacia las poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza: medidas a todas luces insuficientes porque ésta –la pobreza- no debe ser entendida solamente como carencia económica sino como una situación humana de privación de derechos que no se soluciona con transferencias monetarias aunque sean condicionadas, si las propias condiciones no pueden ser cumplidas por falta de infraestructura pública en educación, salud, transporte y otros servicios básicos para el desarrollo humano individual y colectivo.

Dentro del documento citado, y en otros como la Carta de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas al Banco Mundial, el tema de la salud de las finanzas públicas se traduce en reducción de personal en “áreas no prioritarias”, es decir, abandono de espacios de responsabilidad estatal que ahora quedan abiertos a “la posibilidad de venta, concesión y apertura al sector privado”; junto a una práctica de responsabilidad en el gasto que llega hasta las medicinas de la Caja de Seguro Social pero no a los viajes presidenciales ni a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.

El desarrollo del capital humano significa –siempre en los documentos citados- enseñar inglés, computación y carreras técnicas, junto a reformas al sistema educativo para aumentar la productividad del individuo, no un ser humano con todo lo que ser humano significa. Entiéndase bien, los idiomas y las enseñanzas técnicas deben ser parte de la formación pero ésta de ser integral y tan múltiple como es el propio sujeto permitiendo su desarrollo libre en todos los sectores, no únicamente como fuerza de trabajo. Además, la salud es vista como un bien que aumenta la capacidad productiva, razón esgrimida para incluirla en la política de crecimiento económico. ¿No hay mejores razones para procurar la salud de un pueblo?
Como último punto, modernizar el Estado significa convertirlo en facilitador de un desarrollo que debe llegar tras facilitar el crecimiento económico –lo que es un cuento de larga trayectoria- además de adoptar políticas de transparencia y combate a la corrupción que ya sabemos en dónde han quedado.
Una cosa es el discurso. En la práctica nuestro Estado continúa un proceso de reforma nada democrática completamente funcional al sistema de mercado, legitimada ante la opinión pública por la participación en “comisiones” y “diálogos” integrados por partidos políticos, sindicatos de cartón y organizaciones civiles que hacen recomendaciones, algunas mejor intencionadas que otras, pero en fin desconocidas o aplicadas circunstancialmente, mientras la oposición luego “se entera” que todo es una farsa y sale de los diálogos para vender ilusiones de cara a las elecciones del 2009, después de la cual aplicaría las mismas medidas importadas, como fieles representantes de una elite dominante distribuida en partidos creados uno a imagen y semejanza del otro.
Adoptar el enfoque del crecimiento económico en lugar de un enfoque de derechos, en donde el ser humano sea reconocido en su dignidad intrínseca como elemento central de una política de desarrollo integral ambientalmente sustentable, significa continuar con la lógica de mercado que tan pésimos resultados ha generado y sigue generando para la mayoría de nuestra humanidad.
El totalitarismo de Mercado organiza e instrumentaliza los restos de los poderes del Estado –resultado de la tendencia a desaparecer funciones y responsabilidades públicas transfiriéndolas al sector privado- para facilitar la imposición de medidas que implica la subordinación del ser humano, como individuo y colectivo junto a toda su producción cultural a las necesidades del comercio y el sistema financiero internacional, introduciendo “legítimamente” en el ordenamiento legal formas de apropiación y dominación dentro de un sistema democrático en su forma, pero de fondo limitado, excluyente.
Consumir, acumular, competir, sobrevivir, expandir mercados, reducir costos, aumentar productividad no son verbos que definen una política de desarrollo integral humano. Un Estado que adopta estos principios como fundamentales está condenando a sus ciudadanos a ser nada más que instrumentos de producción de un mercado global: sujetos definidos como mano de obra y consumidor. Y los ciudadanos no están obligados a definirse de esa manera ni aceptar tales definiciones dentro de un sistema realmente democrático, tienen derecho a una alternativa.
La solución no es abandonar el mercado, opción desligada de la realidad histórica; tampoco es el crecimiento económico, insuficiente per se como ya ha sido demostrado.
Tampoco es la destrucción del Estado una opción, sino revalorizar y reconstruir el concepto y contenido del Estado desde las organizaciones sociales que cumplan necesariamente con brindar espacios democráticos para el protagonismo directo del sujeto colectivo hasta obtener el poder menor del Estado e instrumentalizarlo igualmente en sus instituciones, en su ordenamiento jurídico, en las políticas públicas, en función de objetivos más democráticos con la idea de dignidad humana como punto central.

Estamos hablando en la práctica de construir fuerza política a nivel local y regional a partir de una conciencia surgida de la experiencia social histórica y su análisis científico, aprovechando las limitadas oportunidades aún existentes de un sistema seudo democrático, o forzando el cambio de las condiciones ejerciendo presión colectiva por fuerzas sociales en proceso continuo de consolidación, hasta hacer viable la efectividad de nuestras demandas, revirtiendo necesariamente las correlaciones de fuerza con el poder económico –con las medidas que sean necesarias para obtener la justicia que un nuevo orden significa- hasta un punto de equilibrio entre las necesidades humanas, las responsabilidades del Estado y las posibilidades del sector privado.

Si la seguridad humana vinculada a estar asociado a una comunidad políticamente organizada es cada vez menor, entonces ¿qué obligación tiene el individuo de colaborar con esa comunidad, con ese Estado?

Es necesario evitar esta disociación Estado-ciudadano en momentos que la conciencia individual no está preparada históricamente para permitirse anarquías, cuando hay fuerzas mayores que el Estado –sea éste democrático o no- que amenazan realmente la existencia humana, necesitamos construir alternativas de manera crítica y participativa, mostrando solidaridad con quienes siguen este camino pero respetando las diferencias de cada pueblo, estudiando y proponiendo a partir de nuestras realidades y posibilidades concretas, en un gran esfuerzo vital que requiere renuncias personales..

He ahí la tarea de todos y cada uno quienes nos sentimos comprometidos con una humanidad en justicia plena, libertad e igualdad más allá de lo formal.